El Poder Ejecutivo solicitó al Parlamento la venia para designar como ministro del Supremo Tribunal Militar al general retirado Carlos Sequeira, un militar que quedó en el centro de la polémica durante la segunda administración de Tabaré Vázquez.
Se trata de Carlos Sequeira, quien en 2018 ratificó un dictamen que no encontró deshonor en delitos de Gavazzo y que el gobierno de Tabaré Vázquez no pudo destituir por falta de votos en el Parlamento
El Poder Ejecutivo solicitó al Parlamento la venia para designar como ministro del Supremo Tribunal Militar al general retirado Carlos Sequeira, un militar que quedó en el centro de la polémica durante la segunda administración de Tabaré Vázquez.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáSequeira es uno de los oficiales que el gobierno de Vázquez intentó pasar a retiro obligatorio por integrar el Tribunal de Honor de Alzada que intervino en el ”caso Gavazzo“ y que entendió que ese militar no debía ser castigado pese a confesar delitos.
El pedido para nombrarlo fue firmado el 2 de setiembre por la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y el presidente Yamandú Orsi, y enviado a la Cámara de Senadores.
A inicios de 2019 el segundo gobierno de Vázquez vivió semanas críticas después de que, el 30 de marzo de ese año, el periodista Leonardo Haberkorn publicara en El Observador que los represores José Gavazzo y Jorge Silveira habían narrado a un Tribunal de Honor del Ejército diversos delitos de lesa humanidad, cometidos antes y durante la última dictadura (1973-1985). Entre los crímenes de ambos coroneles retirados se encontraba el asesinato en democracia del militante tupamaro Roberto Gomensoro. Ni ese tribunal ni uno posterior de alzada, que integraba Sequeira, fallaron que esas conductas hubiesen afectado el honor del Ejército. En conocimiento de un presunto delito, los funcionarios eludieron notificar a la Justicia como disponen tanto el Código Penal como el reglamento de los tribunales de honor.
El tribunal, que sesionó en 2018, entendió que Gavazzo y Silveira sí habían faltado al honor del cuerpo de oficiales al no haber dicho a la Justicia que el coronel Juan Carlos Gómez, que permaneció tres años preso por el asesinato de Gomensoro, era inocente. Ambos represores apelaron ese fallo, que fue ratificado ese mismo año por el Tribunal de Honor de Alzada.
La difusión de la información provocó una crisis en el Poder Ejecutivo liderado por Vázquez, que incluyó la remoción del ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez; del subsecretario Daniel Montiel; del comandante en jefe del Ejército, general José González; y del jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), general Alfredo Erramún. Tanto González como Erramún habían integrado el Tribunal de Honor junto con el general Gustavo Fajardo.
Ante la gravedad del caso y los cuestionamientos internos sobre el rol del Poder Ejecutivo, en abril de 2019 Vázquez decidió enviar una venia a la Cámara de Senadores para que se aprobara el retiro obligatorio de Fajardo y de los tres generales que formaron el Tribunal de Honor de Alzada: Sequeira, Claudio Romano y Alejandro Salaberry. “Omitieron en forma deliberada cumplir con el mandato disciplinado en el artículo 77 del Decreto 55/985, que dispone comunicar de inmediato al superior que corresponda suspendiendo las actuaciones del tribunal, hasta tanto el superior se pronuncie”, indicó parte de la fundamentación enviada por la Presidencia de la República al Parlamento.
Sin embargo, el retiro obligatorio de los cuatro generales no fue aprobado en el Senado, donde se necesitaba una mayoría especial. La oposición consideró que la omisión no fue de los militares, sino de la Presidencia de la República y del Ministerio de Defensa Nacional, que recibieron la información y no la trasladaron en tiempo y forma a la Justicia. “El presidente homologó e hizo suyos los dictámenes del Tribunal de Honor. ¡Esta es la realidad de los hechos!”, criticó en la sesión, realizada en mayo de 2019, el legislador blanco Javier García.
El Frente Amplio, casi de manera unánime, había insistido tanto en el Parlamento como en declaraciones públicas en la salida de Sequeira, Romano, Salaberry y Fajardo. “El centro del debate se sitúa en que generales del Ejército consideraron que no era una falta al honor del Ejército que los delincuentes Gavazzo y Silveira confesaran y reivindicaran la tortura, la desaparición y el robo ¡en democracia! Este es un hecho inédito en la historia nacional; nunca había ocurrido algo así”, dijo el senador comunista Juan Castillo, hoy ministro de Trabajo y Seguridad Social. “En mi caso —junto con el resto de la bancada del Frente Amplio—, voy a votar, sin dudarlo, por la destitución de estos generales; voy a votar para fortalecer la democracia y para seguir combatiendo la impunidad y sus efectos en el presente”, añadió.
Charles Carrera, en aquel momento senador por el Movimiento de Participación Popular, también bregó por expulsar de las Fuerzas Armadas a “personas que consideran que torturar y matar no es un acto deshonroso”.
En la red X —entonces Twitter—, el hoy intendente de Montevideo, Mario Bergara, fue otro de los dirigentes frenteamplistas que se pronunció contra los militares. “Queda al desnudo que se volvió a mentir a la ciudadanía, haciendo un daño enorme a las Fuerzas Armadas. La remoción de los generales actuantes, el pase a la Justicia de estas revelaciones y una franca discusión sobre una nueva ley orgánica militar son pasos ineludibles”, dijo.
Sequeira fue, entre otras tareas, comandante de la División de Ejército I, director del Sistema Nacional de Apoyo a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz y agregado de Defensa en China. El 31 de enero de 2020, un mes antes del cierre del gobierno de Vázquez, pasó a retiro obligatorio a través de una resolución del Ministerio de Defensa Nacional que argumentó que ya había alcanzado “el tiempo máximo de permanencia en situación de actividad en la jerarquía de Oficial General”.
De ser aprobada su venia, pasará a ser uno de los cuatro miembros del Supremo Tribunal Militar, el máximo órgano jurisdiccional de la justicia castrense en Uruguay, que actúa como tribunal de apelación sobre las sentencias dictadas por tribunales militares inferiores. Está conformado por un presidente y tres ministros, uno por cada fuerza. Actualmente, Jorge Rosales ocupa la presidencia, mientras que Walter Mesa, Eduviges Torres Negreira y Alejandro Vilche son ministros por el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya, respectivamente.