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En 2020, en plena pandemia, el Ministerio del Interior, la Universidad de la República (Udelar) y la sociedad civil, representada por la organización Nada Crece a la Sombra, firmaron un convenio para implementar un Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en las cárceles uruguayas. El objetivo principal era hacer un diagnóstico de la población carcelaria femenina, a través de consultas ginecológicas, que realizó la Clínica Ginecotocológica A de la Facultad de Medicina, con el apoyo de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Sindicato Médico del Uruguay.
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En una segunda etapa se realizó una intervención concreta para mejorar sus condiciones, que incluyó la colocación de métodos anticonceptivos de larga duración, la solicitud de mamografías y la entrega de preservativos.
Del programa participaron el 83% de las mujeres que estaban privadas de libertad en ese momento, 513 de un total de 619. Los 52 profesionales médicos que trabajaron detectaron un “déficit asistencial” en salud sexual y reproductiva, según plantea un artículo con los resultados, al que accedió Búsqueda, que fue publicado a mediados de noviembre de 2024 en la revista Anales de la Facultad de Medicina de la Udelar.
Una de las principales conclusiones del análisis fue que una de cada cuatro mujeres nunca se había hecho un Papanicolaou (Pap) ni un estudio ginecológico. “Es una situación terrible” que “refleja la falta de acceso a los servicios básicos”, dijo a Búsqueda el profesor Leonel Briozzo, quien lidera la Clínica Ginecotocológica A.
“La situación que encontramos fue bastante dramática respecto a la múltiple vulneración de derechos que tienen las mujeres privadas de libertad”, agregó. El grupo de mujeres que recibieron atención médica, en las cárceles femeninas de Montevideo, San José, Salto y Paysandú, tenía una media de edad de 35 años y una media de tiempo de reclusión de 28 meses.
Otro dato alarmante que detectaron fue que la prevalencia de cáncer de cuello uterino inicial —cuando es identificado en etapas tempranas— era del 2,5%, mientras que en la población general es de menos del 0,5%, lo que implica que entre las mujeres presas era cinco veces mayor. También realizaron 108 test de Virus de Papiloma Humano (VPH) y un 14% fueron positivos para alto riesgo oncogénico, que puede causar lesiones premalignas y cáncer.
Para Briozzo, esas cifras son un “dato duro” de la vulneración de los derechos y las afecciones que tienen las mujeres presas. La realidad que reflejó el trabajo, consideró, se relaciona con situaciones “vinculadas a lo socioeconómico, cultural, a la pobreza, a la falta de acceso a los servicios y a la falta de educación en salud sexual y reproductiva”.
Es una “gran injusticia”, porque la condición socioeconómica de las personas privadas de libertad “es la que define su estatus sanitario”, lamentó.
La intervención también buscó “empoderar en términos de las decisiones reproductivas” a las mujeres presas, dijo Briozzo. Esto se tradujo en que 166 pacientes, un 32% del total, decidieron optar por métodos anticonceptivos. La mayoría eligieron los de larga duración, como los implantes subdérmicos y los dispositivos intrauterinos, mientras que un tercio se decidió por anticonceptivos orales. Además, 55 mujeres recibieron preservativos masculinos y seis, preservativos femeninos.
Una responsabilidad del Estado
El estudio recientemente publicado plantea que la salud es un derecho humano fundamental, y que el Estado debe garantizar que se cumpla, para que el único derecho restringido durante el período de reclusión sea la libertad ambulatoria.
“Numerosas publicaciones muestran que la situación sanitaria de las cárceles genera una asimetría entre las prestaciones brindadas dentro y fuera de los contextos de encierro. Particularmente las mujeres privadas de libertad atraviesan el encierro (...) con importantes barreras para el acceso al sistema de salud de calidad”, establece el informe.
Para Briozzo, que integra el equipo de salud de Yamandú Orsi, durante el próximo gobierno se deberían diseñar “dispositivos” o “mecanismos” para “dar continuidad” a la atención sanitaria de las mujeres privadas de libertad, porque “el sistema no está pensado para dar respuesta a las personas con alta vulneración de sus derechos”, como las reclusas. “Estimo que va a ser una de las prioridades para la salud del próximo período”, dijo, y agregó que “es importante que haya protocolos” para su abordaje y el seguimiento.
Por otro lado, la asociación civil que integra, denominada Iniciativas Sanitarias, realizó propuestas en la búsqueda de una “justicia reproductiva”, para “mejorar la respuesta frente a nuevas emergencias que sobrevendrán”. Uno de los componentes tiene que ver con promover cambios en el sistema de salud que generen continuidad en las instituciones, sobre todo en ASSE, porque es donde se atiende la mayoría de las mujeres con derechos vulnerados, pero también en las privadas.
Para el exsubsecretario de Salud, “el Estado no va a poder con todo, no va a poder remontar la inmensa inequidad que hay” y para avanzar en revertirla considera que habría que desarrollar el voluntariado. “En particular para las personas privadas de libertad, creo que habría que abrir espacios de trabajo voluntario solidario”, concluyó.
