Esta abogada dice igualmente que los casos están “subrepresentados” y que no todos terminan en denuncias, ya que son procesos largos, engorrosos y dolorosos, y muy pocas familias quieren revivir la experiencia. Jimena, que lleva adelante una instancia penal y civil, quiere ir hasta las últimas consecuencias y sentar un precedente. “No voy a mirar hacia el costado. No quiero que lo que me pasó le pase a ninguna mujer más”.
Historia de terror
El embarazo de Jimena, largamente esperado, fue de riesgo. No por la bebé, sino por ella, que padece una patología autoinmune que le causa fuertes y persistentes dolores abdominales y una taquicardia paroxística, una arritmia que le provoca episodios de muy altas frecuencias cardíacas. Por eso pidió que cuando llegara el día le practicaran una cesárea, algo en que los médicos en principio no estaban de acuerdo. Para peor, la médica que la había atendido durante el embarazo no la podía acompañar en el nacimiento.
Desde hace 10 años una de las metas del MSP es reducir el número de cesáreas, en el entendido de que practicarlas cuando no existe una indicación médica es someter a las mujeres a una violencia innecesaria. En 2024 en Uruguay estas representaron el 49% de los nacimientos, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que no superen el 15%. Pero la situación de Jimena, además primeriza, hacía que ella temiera por su vida y la de su hijo.
Llegó a la emergencia de su mutualista con horas de contracciones, pero sin “la panza dura”. Eso hizo que la médica que la atendió —la hoy demandada— la quisiera enviar a su casa. “Son contracciones leves”, le dijo. Jimena sentía que el corazón se le disparaba y no soportaba el dolor. Ella y su esposo reclamaron de nuevo la cesárea. “Es un dolorcito nomás”, minimizó la doctora.
“Hágame una cesárea, ¡es mi derecho!”, exigió Jimena. La doctora ya no la mandó a su casa. En su lugar dijo que fuera a otra institución asociada, a 30 cuadras, a hacerse “una resonancia magnética” para despejar dudas. Hoy le resulta insólito haberle hecho caso, más aún cuando debió hacerlo en su auto particular y no en una ambulancia. “Yo estaba a los gritos, parecía una película de terror. Pero (la doctora) me dijo que si iba y volvía me hacía una cesárea”, recuerda.
Una vez ahí rompió bolsa. Tenía una dilatación de siete centímetros. “Te tenés que volver ya”, le dijeron. Volvió al lugar de inicio, nuevamente en su auto.
Lo peor estaba por venir. Con rabia, Jimena cuenta que la misma médica ahora se negaba, pese a habérselo prometido, a hacerle una cesárea; en vez de eso la obligó a pujar. Pronto la sala de partos se llenó de gente; ella se dio dio cuenta de que la cosa no andaba nada bien.
“Entre el dolor y la gente ya no podía ni respirar. La doctora solo me pedía que pujara. Me hizo fórceps 12 veces. Me hizo dos episiotomías. Yo escuchaba gritos: ‘Doctora, haga cesárea’, ‘No, esto va a salir por abajo’, ‘Doctora, no se escuchan latidos’. Me desmayé y no sé cómo volví con una fuerza gigantesca, y en el último puje mi hija salió. No me la mostraron, no la escuché llorar, solo vi algo como una mochila pasar, la agarró gente del CTI y se la llevó, no la conocí… Las caras me decían que nada estaba bien…”.
Jimena fue al CTI de adultos. Estuvo una semana. Le debieron hacer una reconstrucción perineal muy seria. Peor estuvo la niña: se quedó dos semanas en el CTI pediátrico tras sufrir una hipoxia severa que le produjo un daño cerebral irreversible cuyo alcance recién se podrá saber cuando tenga siete años. Que esté viva ya es un milagro: los médicos le dijeron al padre que seguramente no pasara de ese día.
Posturas
En la formación el concepto de violencia obstétrica se contrapone con el de “humanismo y profesionalismo”, dice a Búsqueda la ginecóloga Verónica Fiol, docente grado 4 de la Clínica Ginecotocológica de la Facultad de Medicina de la Udelar y expresidenta de la Sociedad de Salud Sexual y Reproductiva del Uruguay. El concepto de “humanizar” el parto es algo que a muchos de sus colegas les rechina, ya que rechazan cualquier connotación “deshumanizante” en los nacimientos institucionalizados, que son la casi totalidad en el país. El propio concepto de violencia obstétrica, por más estampado en una ley y reconocido internacionalmente que esté, tampoco logra unanimidades.
El tiempo ha cambiado muchas cosas. Entre 1996 y 2022 las cesáreas se duplicaron en Montevideo y se triplicaron en el interior del país, según el equipo que asesoraba a la entonces senadora colorada Carmen Sanguinetti, que elaboraba un proyecto de ley sobre parto digno. “Cuando yo era residente, hace 20 o 25 años, era impensable que una mujer pidiera hacerse una cesárea, no se hacía sin indicación médica”, señala Fiol. Una de esas causas, dice, es la tocofobia, un trastorno incluido en la literatura médica en el año 2000 consistente en un miedo exacerbado al parto.
Ahora no solo es más común que una mujer pida una cesárea, sino que hay médicos dispuestos a atender esa petición. Es mucho más frecuente en el sector privado que en el público: el texto que acompañaba ese proyecto indicaba que si en la Administración de los Servicios de Salud del Estado las cesáreas representaban el 33%, en las mutualistas y los seguros privados de Montevideo iban del 49% al 73%.
“Las cesáreas innecesarias son una expresión de la violencia obstétrica. Cualquier cosa que hagamos que afecte la decisión de una mujer también lo es. Por supuesto, obligar a parir sin que se quiera también es violencia obstétrica”, dice Fiol. Cada caso, subraya, debe ser acordado entre la paciente, el ginecólogo y el partero.
Nancy Murillo, ginecóloga, obstetra y consejera regional por Montevideo del CMU, es una de las profesionales a quien no le gusta este término. “Si buscamos una definición de violencia, es el uso deliberado de algún poder para causar daño. Y ningún integrante de los equipos médicos que atienden en un parto va a querer hacer daño”, sostiene a Búsqueda.
Hay más cosas que cambió el tiempo: “La sociedad es más violenta, más exitista, tiene menos capacidad de frustración; influyen la prensa, los abogados, las familias, los prestadores, las experiencias previas, reales o no”. Se busca la inmediatez: un trabajo de parto puede pasar las 10 horas, mientras que un proceso de cesárea no suele superar la hora y media. Todo eso, señala Murillo, genera un cóctel sobre la violencia obstétrica que considera más “simbólico” y “sito en el imaginario” que real. “Yo he tenido pacientes que dicen que prefieren tener el parto en domicilio para no ser maltratados, cuando ha sido en la historia el parto institucionalizado lo que más ha reducido la mortalidad materna y al nacer”, graficó.
Murillo considera que el apartamiento de un trato “digno, respetuoso y empático” de un paciente, de cualquier especialidad, es “mala praxis”.
Sin respuesta
“Entrá vos sola, dale, yo sé lo que te digo”. “O rompemos bolsa o te aplicamos oxitocina para empezar el trabajo de parto”. “Las embarazadas no saben nada”. “Vos (al futuro padre) no sabés nada tampoco, no sos ginecólogo”. Era el 30 de junio de 2021. Una madre estaba por dar a luz en una mutualista de Montevideo. Y la doctora que la atendió le transmitió todo el estrés que tenía consigo. A diferencia del caso anterior, la médica quería que pariera sí o sí, lo que no ocurrió hasta el día siguiente.
“Denuncio estos actos fuera de lugar. Hechos que no son profesionales. Y que no solo me sucedieron a mí, sino que tengo claro, luego de contar mi experiencia, que varias mujeres han pasado por situaciones de destrato y violencia” por parte de la médica denunciada en este caso. “Es de público conocimiento su falta de ética, la cual deja secuelas, algunas físicas y otras psicológicas. Un momento sagrado se convierte en una tortura por culpa de un médico que no tiene en cuenta ni la parte humana, ni el juramento hipocrático hacia sus pacientes, ni el Código de Ética Médica. Sin mencionar que deja en mala posición a las instituciones que la avalan”, señala la denuncia presentada en 2023 ante el Tribunal de Ética del CMU.
El 28 de abril de ese año, esta denuncia fue desestimada por mayoría. El Tribunal de Alzada del CMU ratificó ese fallo dos meses después.
“Si no pasa nada, al menos hacemos un cortometraje”, cuenta Gallardo. Se refiere a Nacer con respeto, una pieza audiovisual de 18 minutos que Gestar Derecho, el colectivo Parir sin Miedo y la Facultad de Artes de la Udelar hicieron basándose en cuatro víctimas de violencia obstétrica. Fue la respuesta a un silencio institucional que los ofende.
“Yo presenté decenas de denuncias ante el MSP que nunca reconoció. Pedimos reuniones con la administración pasada y con esta, y nunca tuvimos respuesta. Nosotras, las feministas, teníamos alguna esperanza con este gobierno progresista, pero no hubo eco. Tampoco les gusta el término violencia obstétrica”, asegura la abogada. Para ella, el intercambio entre pacientes sigue siendo la mejor manera de evitar caer en las manos de un médico varias veces denunciado. “Hay algunos nombres que son vox populi”, desliza.
Una vez que Jimena salió del CTI, muchos profesionales de esa mutualista se acercaron a sala para decirle que nunca habían visto algo semejante. A su pesar, su nombre era el más repetido en los pasillos. Algunos fueron a pedirle perdón. La médica que la atendió ni pisó su habitación. Ella sigue trabajando; Jimena, también.
“Al mes ya estaba trabajando. Tenía que pagarle las terapias a mi hija”.
