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El Poder Ejecutivo confirmó la construcción de tres prisiones nuevas en el predio del Penal de Libertad mediante un contrato de participación público-privada asignado al consorcio UIPPL Libertad Sociedad Anónima, formado por las empresas Ciemsa, Mefren, Saceem y Teyma. El consorcio se encargará del diseño, la construcción, el financiamiento y la operación de las unidades de rehabilitación.
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De acuerdo a la resolución publicada el 25 de julio por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía y Finanzas, además de las obras las empresas serán responsables durante 15 años del equipamiento, el mantenimiento de la infraestructura y los servicios de alimentación, economato, aseo, disposición final de residuos y control de plagas de los tres centros de reclusión. Recibirán un pago máximo mensual de 10.679.444 Unidades Indexadas (UI) más IVA (8%), según la evolución del dólar estadounidense y desde la puesta en servicio de las prisiones. Tomando en cuenta el valor actual de la UI y del dólar, ese canon máximo mensual —que se cumple si la cantidad de plazas disponibles dentro de cada cárcel están 100% ocupadas— es de US$ 1,7 millones.
Petit fue uno de los invitados el 26 de julio a una conferencia organizada por el Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, un órgano asesor creado por la Ley de Urgente Consideración (LUC) que funciona en la órbita del Ministerio del Interior. Horas antes Interior y Economía habían oficializado la adjudicación del contrato público-privado para las tres nuevas cárceles y el comisionado parlamentario penitenciario pidió una “pequeña licencia poética” para referirse a la iniciativa. “Quiero imaginar que esos tres módulos pueden ayudar a que un día se cierre el Penal de Libertad y que en una gran fiesta cívica con folklore, comidas típicas y fuegos artificiales y música celebremos todos, todos los partidos políticos y todas las organizaciones, el cierre de ese lugar esperpéntico y la incorporación de una señal de que el Uruguay se está poniendo a tono con las políticas penitenciarias y con los derechos humanos”, dijo.
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Juan Miguel Petit.
Pablo Vignali-adhocFOTOS
La situación “extrema” del Penal de Libertad y el resto del sistema penitenciario
Denominadas oficialmente como las unidades de rehabilitación No 27, No 28 y No 29 del sistema penitenciario, cada una de las cárceles nuevas podrá albergar a hasta 460 privados de libertad. Buscarán descongestionar la cantidad de presos pero no eliminar al Penal de Libertad, formalmente llamado Unidad No 3 y considerado por las autoridades una pieza fundamental del sistema: es la segunda cárcel más poblada del país y en su predio también se ubica la unidad No 25, la única prisión de máxima seguridad de Uruguay, donde se alojan una treintena de reclusos considerados de altísima peligrosidad.
“Teniendo en cuenta la población actual, se terminarían las cifras actuales de hacinamiento”, afirmó a fines del año pasado Luis Mendoza, director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
Aunque elogió el proyecto del Poder Ejecutivo, Petit también aclaró que es un error intentar solucionar los problemas carcelarios con la construcción de más centros de reclusión. “Crecer en aparato a la misma velocidad que crece la población penitenciaria no es ya la solución. Ese tren ya se perdió y está muy lejos”, sostuvo en la conferencia. Argumentó que en las últimas semanas Uruguay llegó a superar los 16.000 habitantes penitenciarios, un récord histórico que va de la mano con el aumento del 4% de los prisioneros desde 2022 a 2023 y el cual coloca a Uruguay como uno de los países con más presos por habitante del mundo: 464 presos cada 100.000 habitantes. Tomando en cuenta la diferencia diaria entre el total de las personas que entran y las que salen del sistema, todos los días en este primer semestre del año se sumaron cuatro presos más por día al total de personas en cárcel.
“La situación del sistema penitenciario es extrema, volátil, explosiva y desesperante para cualquiera que mire al fondo inexpresivo de su cara más dura, aquella en la que en nuestros informes hemos denominado de condiciones crueles, inhumanas o degradantes, porque no hay acceso al tratamiento, que es la finalidad de la pena”, se lamentó Petit, quien criticó al sistema carcelario por sus fallas en educación, cultura, deporte, atención psicológica, salud, salud mental, socialización, recreación, asistencia en adicciones a las drogas y en conductas violentas.
Es una posición que Petit ha reiterado públicamente y con la cual insiste al proponer en su lugar mayor enfoque en el tratamiento de adicciones, penas de prisión más leves y más lugar a las medidas alternativas a la cárcel.
“¿Es lo mismo cumplir dos o tres años de cárcel cuando se tiene privacidad, higiene, alimento adecuado, recreación y rehabilitación o cumplir esos años en hacinamiento y sin actividades? ¿Cuánto vale un año en hacinamiento en condiciones humanas frente al año legal que imagina la norma penal con ciertos mínimos cubiertos? ¿No deberían el Poder Judicial o el Poder Legislativo ajustar las penas a las duras condiciones que existen en buen parte de las prisiones? ¿No debería el Estado resarcir a todos y cada uno de los que les ha cobrado de más en su pena con condiciones de vida que no fueron de rehabilitación y que hicieron que su pena en los hechos fuera mucho más dolorosa y sin sentido de lo que legalmente debió ser?”.
