El conflicto judicial entre los miembros de la familia Romay tiene asegurados nuevos capítulos. Ante la falta de unanimidad entre los herederos, la jueza de Familia de octavo turno, María Elena Emmenengger, no autorizó al administrador de la sucesión a cerrar un polémico acuerdo que pondría fin a una controversia que lleva décadas.
La propuesta presentada por el administrador judicial contaba con el respaldo de siete de los nueve herederos de Carlos Romay, fundador de Canal 4, la oposición expresa de uno y la falta de posición del restante. La decisión de la jueza Emmenengger dio la razón a la minoría, que planteó que ni el administrador ni la propia magistrada podían tomar una decisión sobre derechos sucesorios sin que todos los involucrados estuvieran de acuerdo.
Carlos Romay fundó Radio Monte Carlo en la década de 1920 y, en 1959, junto con su esposa María Elvira Salvo Ferreri, avanzó en la creación de Canal 4. La disputa por su herencia involucra a nietos y bisnietos.
El matrimonio Romay Salvo tuvo cuatro hijos: Hugo Antonio, Walter Ángel, Daniel Mario y Carlos Lorenzo. En 1960, Elvira Salvo firmó un documento en el que donaba parte de sus bienes a su descendencia.
Los problemas surgirían décadas más tarde. Daniel Romay, casado con Zelmira del Castillo, murió en 2003 sin dejar testamento y sin descendencia. En mayo de 2007, Salvo Ferreri promovió contra Del Castillo una acción legal para que le devolviera las acciones de la radio y el canal que ella le había donado a su hijo Daniel. Según el Código Civil, los hijos son “herederos forzosos” de los bienes de sus padres. Si el hijo muere antes que los padres, la herencia pasa a los nietos. Pero este no fue el caso, ya que Daniel Romay y Del Castillo no tuvieron descendencia. Por eso, el resto de la familia Romay entendió que la viuda debía devolver los bienes.
Acciones y ganancias
Un fallo de primera, confirmado en segunda instancia, de 2017 obliga a Del Castillo a devolver las acciones de los medios y devolver las ganancias percibidas por esa participación, lo que rondaría los US$ 30 millones, aunque sigue en aumento porque debe ajustarse por el Índice de Precios al Consumo.
El administrador designado por la Justicia, el contador Alberto Rodríguez, presentó ante la jueza un posible acuerdo con Del Castillo para terminar la controversia. Implica el pago de US$ 9 millones y no de los US$ 30 millones que dictó un fallo judicial. Además, no debería entregar las acciones de los medios y sociedades anónimas que reclaman parte de los herederos.
En su escrito, Rodríguez esgrimió que la propuesta es “razonable” porque, si bien la liquidación alcanzaba los US$ 30 millones, “no se han identificado bienes suficientes de la demandada que permitan hacer efectivo el cobro de esas sumas”. Además, la mayoría serían acciones en sociedades permisarias de medios de comunicación, autorizadas por el Estado, por lo que el proceso de ejecución demoraría demasiado.
Sostiene que el juicio en el que se determinaron los montos está pendiente de resolución firme y que luego “se deberá promover eventualmente el proceso de entrega de las acciones de Montecarlo SA (Radio Monte Carlo) y la sociedad Monte Carlo TV SA (Canal 4)”.
Denuncia “Un nuevo ardid”
La propuesta despertó el rechazo inmediato de los bisnietos, Carlos, Clarice y Tomás Romay Buero, que juntos representan la novena parte de los herederos.
En un escrito, argumentaron que el administrador judicial no tiene facultades para disponer de los bienes sucesorios, no tenía un “poder especial” que lo habilitara a otorgar la transacción y, por ende, actuó “fuera de los límites” de sus potestades. “Nos oponemos a ella sencillamente porque la transacción pretendida implica una renuncia de gran entidad que nos causa importantes perjuicios”, dice el escrito, cuyo contenido fue informado por Búsqueda el 20 de febrero.
Los Romay Buero dicen que ahora, como no quedarían “excusas” para no ejecutar la sentencia y entregar las acciones, aparece “un nuevo ardid”. El administrador judicial, supuestamente respondiendo a “su mayoría automática” de herederos, pretende “renunciar lisa y llanamente a los derechos obtenidos”.
Acusan en el escrito a Walter Carlos Romay y Hugo Lorenzo Romay de actuar en connivencia con Del Castillo para congelar la sucesión y, por ende, el ingreso de los Romay Buero al paquete accionario de los medios. Los tres “son socios en múltiples negocios de gran envergadura”, describe. “Lo son en el propio Canal 4 y en Radio Montecarlo, centro del reclamo, pero también lo son en las empresas de televisión por cable para abonados Monte Cable (Monte Cablevideo S.A.), Punta Cable (TV Cable del Este S.A.) y Del Faro TV Cable (Colonia Telecable S.A.); en la empresa Equital S.A.; en un establecimiento agropecuario de Florida (denominado San Lorenzo); y en muchos otros negocios más”.
Apoyo del acuerdo
En su fallo, la jueza Emmenengger relata algunos de los argumentos que brindaron los otros herederos, que integran la mayoría, para respaldar el acuerdo propuesto por el administrador.
Uno de los accionistas de Canal 4, Hugo Lorenzo Romay, según el dictamen, argumentó que ninguno de los herederos ni el administrador logró identificar “bienes concretos” en poder de Del Castillo como para cubrir el monto de US$ 30 millones dispuesto por el fallo. Aludió que “los medios de comunicación no son tan rentables como en el pasado” y que la participación de Del Castillo en su paquete accionario es minoritario, lo que reduciría su valor. “Su ejecución es compleja porque está limitada su transferencia previa aprobación de la URSEC, la que suele tardar años”, argumentó, según el resumen de la jueza. Todas esas “dificultades” hacen que la “propuesta de dinero, líquido y contado”, sea “una alternativa razonable”.
María Elvira Romay también apoyó el acuerdo y como primer argumento planteó “finalizar este largo proceso judicial”. Argumentó, según el fallo, que “la pretensión de paz es un valor en sí mismo pasible de tutela”. En consonancia con lo que planteó Hugo Lorenzo Romay, dijo que “no se conocen bienes concretos por valor mayor a 9 millones de dólares ahora ofrecidos”. Y añadió: “Negarse a esta actual transacción supone asegurar que aguardarán más inacabables pleitos de resultado incierto y provocará que el acervo de esta sucesión siga sin poder partirse. De entender que un sucesor individual puede ‘vetar’ por sí solo la transacción, conllevaría a decir que esta sucesión no se podrá terminar jamás”.
Otro accionista de Canal 4, Walter Romay, argumentó que, en caso de no resolverse, el tema “seguirá por varios años más”. También mencionó la falta de bienes en poder de Del Castillo que permitan recuperar más de los US$ 9 millones incluidos en el acuerdo. “Los medios de comunicación ya no son rentables por la competencia” que enfrentan, afirmó. Planteó, además, que una vez cerrado el acuerdo con aval judicial, “la sucesión podría avanzar hacia la partición”.
En su dictamen, la magistrada rechazó el acuerdo y compartió el argumento de la minoría de herederos. El administrador “carece de facultades a los efectos pretendidos” y el juzgado “carece de norma legal habilitante para conceder tal autorización”, fundamentó.
La jueza recordó que “no existe previsión legal por la cual la mayoría imponga su voluntad a la minoría” y que disponer de la herencia requiere siempre de una “decisión unánime”.
“Sin ingresar en el análisis de la conveniencia de la transacción en análisis, implica un verdadero acto de disposición que no puede firmar el señor administrador en solitario, ni aun con autorización judicial”, concluyó.
