La Policía analiza una reorganización territorial en todo el país con división jerárquica por regiones

Rojido, asesor del ministro del Interior, Carlos Negro, es también el coordinador del Plan Nacional de Seguridad Pública, que esta semana concluyó su etapa de discusión y espera presentarse en marzo. Se trata del documento base con el cual el gobierno pretende abordar la seguridad pública en lo que resta del período e incluso a largo plazo hasta 2036, más allá de los partidos políticos que lo puedan suceder en el poder.

El miércoles 3 las partes volvieron a encontrarse para analizar la construcción de “un modelo de gobernanza policial orientado a las necesidades de una fuerza policial del siglo XXI”, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado de prensa. Otros temas que se hablaron en esa reunión fueron reorientar los procesos de toma de decisiones, optimizar procesos de trabajo, actualizar protocolos y garantizar la eficiencia y eficacia de todas las facetas de la labor policial.

“Esta mesa es una oportunidad de actualizar el modelo policial en una necesaria modernización que tiene que tener el servicio policial, la actuación policial para los nuevos desafíos que tenemos”, dijo Alfredo Clavijo, subdirector de la Policía Nacional, máximo representante de la fuerza durante la mesa de trabajo.

La necesidad de realizar modificaciones a la gobernanza policial fue plasmada oficialmente por escrito por el Ministerio del Interior, que esta semana presentó una síntesis de todas las charlas que Rojido ha liderado a lo largo del año con distintas instituciones —entre ellas, la Policía Nacional— para recibir propuestas a incluir en el Plan Nacional de Seguridad Pública.

“Uruguay no sufre de una ausencia de capacidades, sino de la arquitectura de gobernanza necesaria para movilizarlas. El mapeo de activos reveló un ecosistema de recursos robusto: el sector privado dispone de miles de guardias con presencia territorial; las intendencias operan complejos sistemas de videovigilancia; las organizaciones sociales poseen legitimidad comunitaria para la detección temprana de riesgos; y las universidades acumulan experiencia en evaluación de impacto y ciberseguridad. Sin embargo, estos activos operan de forma aislada. Esta paradoja revela que el desafío central del plan no es tanto crear recursos inexistentes, sino construir la arquitectura institucional que permita coordinar los activos ya dispersos en el territorio”, indica el documento presentado el martes 10.

Informacion-Mesa Seguridad-Clavijo-Rojido-Ministerio del Interior

Actualmente, la Policía Nacional se rige operativamente por el mando profesional de su dirección, encabezada por José Manuel Azambuya. El Estado Mayor General, por su parte, es el órgano que tiene por misión planificar, asesorar, coordinar y supervisar las tareas encomendadas por el ministro. A nivel departamental, las jefaturas actúan como nexo entre el mando central y las fuerzas operativas locales, al conducir las comisarías, seccionales y destacamentos para garantizar la implementación de las políticas nacionales de seguridad.

Con la eventual reconfiguración de establecer una cadena de mando intermedia regional, se pretende mejorar la ejecución ordenada por mandos centrales, optimizar recursos y agilizar decisiones.

Una organización de ese tipo se ha pretendido dar a la Dirección Nacional de la Guardia Republicana, la unidad de élite de la Policía, que actúa a nivel nacional y tiene su centro en Montevideo. Desde allí se desplegaba al resto del país. A partir de 2019 se intentó enfocar el trabajo de esa unidad a Montevideo, Canelones y San José, con nuevas bases de la Guardia Republicana en otras zonas del país para operar con mayor rapidez e independencia. En 2020 fue inaugurada la sede regional este de la Guardia Republicana en la ciudad de San Carlos para desplegarse en Maldonado, Rocha, Lavalleja y parte de Treinta y Tres, mientras que en 2023 se inauguró una base en Tacuarembó con radio de acción en ese departamento, Rivera, Salto y Cerro Largo.