Esta decisión fue celebrada por la abogada, quien aseguró que la importancia de que pasen a tener un defensor es “decisiva”, porque implica que la Justicia los escuche “en todas las decisiones que puedan afectar su vida”, respecto de la condena de su madre. “Claramente, la resolución que puede tomar el juez de que vaya a la cárcel o esté con sus hijos los afecta, y lo que tiene que garantizar el Estado es el derecho de los niños a que se sepa su existencia y su interés”.
Piquinela aseguró que siempre pide que se designe un defensor a los niños en casos similares, pero “hasta ahora nunca lo habían habilitado”. Por ejemplo, en un decreto judicial de diciembre de 2023, la Justicia decidió no hacer lugar a un reclamo de este tipo porque la causa tramitaba un juicio contra una mujer y la opinión de su hijo era “a todas luces irrelevante respecto al ejercicio del poder punitivo del Estado", dice el documento, según constató Búsqueda.
La coordinadora de Gurises Unidos, la psicóloga Lía Fernández, también ve la decisión como “un caso ícono” que “marca un antecedente”.
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Madre con su hijo durante una visita en cárcel de mujeres de Montevideo.
Javier Calvelo / adhocFOTOS
Cerca del 70% de las presas son madres
Hace dos décadas que la población carcelaria no para de crecer en Uruguay y hoy hay más de 16.000 personas privadas de libertad. Es el país de América del Sur con más presos con relación a su población y está entre los primeros 10 del mundo. Las mujeres presas son 1.369, según la cifra actualizada al 2 de diciembre de 2024.
Para la coordinadora de Gurises Unidos, hay una “línea invisible” que son los hijos e hijas de esos reclusos, que también se ha incrementado “de forma sustancial”, sin que existan “respuestas ni abordajes” para ellos.
Un diagnóstico realizado en el marco del proyecto Crisálidas, financiado por la Unión Europea y enfocado en las mujeres privadas de libertad en Uruguay, señala que el 90,6% son madres y tienen una cantidad de hijos propios que es superior a la media del país: el 32% tienen cuatro o más, el 13,3% tres, el 25,3% dos, el 20% uno, y solo el 9,3% no tienen hijos. El 89,7% son menores, de 0 a 17 años. No se conoce la cifra de hombres presos que son padres, porque nunca fue relevada.
“Del total de mujeres privadas de libertad en establecimientos carcelarios podría inferirse que, dada la cantidad de hijos e hijas promedio menores de edad, existen en situación de vulnerabilidad social aproximadamente 2.500 niños, niñas y adolescentes”, establece el informe de 2023.
La coordinadora de Gurises Unidos dijo que “los que están afuera son los más invisibilizados”, en referencia a los que no viven en la cárcel con sus madres, que son un “pequeño porcentaje” (72 niños al 2 de diciembre).
“Está bien que el sistema penal piense en la condena, pero tiene que integrar la mirada del niño y el impacto que le está generando de forma colateral”, dijo Fernández. Agregó que “ningún sistema los está considerando para un abordaje integral”.
Para la especialista, quien crea que la cárcel “no permea los muros y llega a la comunidad está teniendo una mirada miope”. Como ejemplo, contó que las familias tienen que hacerse cargo de llevar insumos a las personas recluidas; eso tiene un impacto económico, que hace que muchas veces los adolescentes deban “desarrollar estrategias y actividades para generar un ingreso para las familias”.
“Los niños y adolescentes asumen roles de adultos en un momento en el que no deberían”, afirmó. También es usual que deban cuidar de sus hermanos y encargarse de las tareas del hogar, lo que impacta en su acceso a la educación y el disfrute del tiempo libre.
“Si tenés una mirada global de las personas privadas de libertad de nuestro país, la mayoría vienen de un contexto de vulnerabilidad social, de pobreza, y la cárcel profundiza esos procesos o situaciones de vulnerabilidad”, dijo Fernández. Sin embargo, “no existen programas o políticas consolidadas de protección, orientación o apoyo en respuesta al encarcelamiento de referentes adultos en la vida de los niños, niñas y adolescentes”, añade una presentación de Gurises Unidos sobre la temática.
Casi 1.000 visitas de niños a cárceles en un año
En el último informe anual de 2023 del comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, que fue publicado en setiembre de este año, se destaca la importancia del contacto familiar para los reclusos. El documento menciona también la preocupación por la falta de contacto familiar en ciertas unidades por la distancia que existe entre donde viven y las cárceles, además de las malas condiciones de las salas de visitas. En ese sentido, Petit planteó la necesidad de mejorar sus condiciones, incluyendo los “espacios de recreación para niños”.
A su vez, un documento de Gurises Unidos señala que uno de los momentos más “traumatizantes” en una visita carcelaria es el de la revisión, en la que los visitantes se enfrentan a una “vulneración de su intimidad y de su cuerpo”, al daño de los paquetes que llevan para sus familiares por parte de los funcionarios —para controlar lo que ingresa—, deben hacer largas filas y esperar, muchas veces, en lugares “insalubres”.
Según datos del Ministerio del Interior, a los que accedió Búsqueda a través de un pedido de acceso a la información pública, en 2023 hubo 985 visitas de menores a cárceles en todo el año; noviembre y diciembre fueron los meses con mayor cantidad. Del total, 526 de las visitas fueron a mujeres privadas de libertad y 459 a hombres. En 2022, fueron 692 las visitas de niños y adolescentes, 525 en 2021 y 272 en 2020, el primer año de la pandemia.
Los números revelan que son muy pocos los que van a ver a sus familiares que se encuentran privados de libertad. Para la coordinadora de Gurises Unidos se debe hacer un “análisis profundo” al respecto con relación a las visitas, para comprender las razones sobre por qué van o no. Sostuvo que a veces esa decisión “termina siendo de un adulto” y “no se les pregunta si quieren ir a verlos”.
“Hay un desafío en los diferentes sistemas, sobre todo en el penitenciario, sobre cómo poder garantizar ese derecho a mantener el vínculo” de los niños con sus madres o sus padres, dijo Fernández a Búsqueda.
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Cárcel de mujeres en Montevideo.
Javier Calvelo / adhocFOTOS
La coordinadora de Gurises Unidos, afirma que el trauma afectivo es uno de los impactos más importantes para los niños, niñas y adolescentes que tienen a sus padres encarcelados, sobre todo cuando son las madres, porque en general son quienes fuera de prisión están a cargo de su cuidado. Habitualmente, cuando entran a la cárcel, abuelas o tías asumen el cuidado de los niños, evidenciando roles de género.
La especialista cuenta que uno de los sentimientos que surgen en los niños, sobre todo en los más chicos, es mucha tristeza vinculada al duelo por la pérdida del familiar condenado. También sienten enojo por una situación que creen injusta, y eso genera ira con el Estado y, sobre todo, con las “figuras de seguridad”, contó.
“Por la violencia que viven en las comunidades, en las requisas, la tensión de los allanamientos y la detención de sus padres. Eso, obviamente, genera un enojo, que después, cuando van creciendo, es desde ahí desde donde se vinculan”, señaló Fernández. En algunos casos, esa bronca “abona deseos de venganza” e identificación con “lo delictivo”, dice la presentación de Gurises Unidos.
La organización plantea que niños, niñas y adolescentes quedan en medio entre el enfoque represivo y la presencia policial en los barrios, y el crimen organizado, a través de las bandas narcotraficantes que se disputan el territorio. “En esa intersección entre la alta presencia policial en los barrios periféricos con alta vulneración social, la presencia del Estado fundamentalmente termina siendo solo de seguridad pública”, afirmó la coordinadora de Gurises Unidos, para quien “hay un gran desafío” en cambiar esa situación. Explicó que a los adolescentes “no les queda otra que empezar a ser parte” de los grupos criminales para “satisfacer sus necesidades” y “se está dando un fenómeno muy preocupante”, donde “el gobierno y las organizaciones sociales no podemos contrarrestar el poder del crimen organizado”.
“Es necesaria una articulación interinstitucional para garantizar los derechos de los niños”, y eso “requiere de voluntades políticas”, aseguró.
