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    Policía procura obtener información sobre menores en zonas complejas para prevenir que se vinculen al crimen

    El subsecretario del Ministerio del Interior impulsa una mayor coordinación con el Mides, la ANEP e INAU, entre otras oficinas, para acceder a datos de más calidad sobre los niños y adolescentes que viven en zonas como Malvín Norte

    Pablo Abdala estuvo durante tres años como presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). De 2020 a 2023 pudo observar de primera mano un viejo problema del Estado uruguayo: la falta de comunicación entre los diversos organismos públicos que manejan datos sobre menores de edad, desde el Ministerio del Interior (MI) a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

    En el gobierno pasado fue justamente el director de la Policía Nacional, Mario Layera, quien planteó como una barrera para las políticas de seguridad las complicaciones de Interior para acceder a información personal sobre menores en manos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que la declaraba reservada e inaccesible. Layera se refirió especialmente a datos sobre delincuentes, lo que limitaba las estrategias de la Policía para perseguirlos.

    Tras acceder el año pasado al cargo de subsecretario del MI, Abdala ha impulsado una mayor colaboración entre ese ministerio, la Policía, INAU, ANEP, Mides, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), la Fiscalía General y el Poder Judicial. El objetivo es compartir más datos de niños y adolescentes, principalmente de los que aún carecen de antecedentes penales y son incluso víctimas de delitos.

    “Advertimos algo muy elemental y es que teníamos un pésimo manejo y un pésimo intercambio de información entre los mismos organismos y que ahí había una carencia que teníamos que trabajar para superar. Todos actuamos en el mismo territorio, todos desde nuestra competencia trabajamos con las mismas familias y las mismas personas, pero, sin embargo, no cooperamos lo suficiente y ni siquiera intercambiamos la información necesaria”, afirmó Abdala a Búsqueda.

    Como primer paso, el MI se integró recientemente al Sistema de Información Integrada del Área Social (SIIAS), una plataforma interinstitucional conformada actualmente por más de 30 instituciones públicas. “Es un sistema donde todos podemos poner en común la información para colaborar en proteger y contener a lo niños cuando haya una vulneración de derechos. Queremos intervenir a tiempo, cosa que no siempre está sucediendo”, explicó Abdala.

    La iniciativa tomó como punto de partida Malvín Norte, particularmente la zona de Boix y Merino, donde la Policía desarrolla varios de sus operativos de saturación, utiliza su más reciente unidad represiva de élite —la Unidad de Apoyo Táctico Especial de Montevideo (Unatem)— y presentó semanas atrás uno de los nuevos camiones blindados de la Guardia Republicana.

    Más allá de lo operativo, el ministerio decidió aumentar su presencia social al apoyar políticas de otros organismos y la acción de la asociación civil Gurises Unidos, que tiene una larga presencia en el área.

    En concreto, el trabajo se realiza alrededor de dos escuelas de tiempo completo —la 267 Euskadi y la 317 Islas Baleares—, a las cuales concurren la mayoría de los niños de Boix y Merino y donde la ANEP y la Dirección General de Educación Inicial y Primaria detectaron “altísimos niveles” de inasistencia, según transmitieron sus autoridades a Abdala.

    “Son niveles de deserción muy grandes. Y si decimos que estar en la calle es el paso previo para que niños y adolescentes incursionen en el delito, entonces hablamos de un sistema educativo que no los está conteniendo suficientemente”, reflexionó Abdala.

    Según el subsecretario, frente a este problema existe una “corresponsabilidad en la crianza entre la familia y el Estado”, ya que los “niños se anotan, empiezan el año lectivo y a los dos, tres meses están en la calle y no vuelven más y las familias no se ocupan de que vuelvan”.

    “Con este intercambio de información, queremos ir apuntalando la responsabilidad compartida del Estado y de las familias en el cuidado de los hijos", explicó Abdala. "Hay que trabajar con los adultos en el fomento de las buenas crianzas, porque acá está el origen: si estos adolescentes no reciben lo necesario para seguir por un camino virtuoso, es la diferencia entre el éxito y el fracaso, y esto tiene relación directa con los niveles de criminalidad de hoy y del futuro”, añadió.

    Para Abdala, compartir mayores datos entre los organismos permitirá “tener cierta trazabilidad” de un niño y que desde distintos puntos del Estado se conozca, por ejemplo, su trayectoria educativa, lo que ayuda incluso a las políticas de seguridad. En esa línea, asegura que el Mides acordó la nueva estrategia al entender que Interior no fomenta el intercambio de datos bajo “una mirada policíaca que le permita acceder a información de delincuentes para indagaciones policiales”.

    “El Ministerio del Interior no es el principal protagonista en esta iniciativa, pero contribuye desde la coordinación, la articulación y también en parte desde la actuación”, dijo, en referencia a la aprobación en abril de una guía práctica para que los policías sepan abordar los delitos de violencia sexual contra niños y adolescentes.

    Entre otras recomendaciones, la guía afirma que “es fundamental” exponer lo menos posible a la víctima para no revictimizarla en el proceso, y da un ejemplo de buena práctica: “Un integrante del personal policial recibe una denuncia telefónica de una tercera persona que toma conocimiento de la situación porque el menor de edad se la comenta. Se informa de manera inmediata a Fiscalía. El menor es derivado al centro de salud más próximo para brindarle un primer nivel de atención. La tercera persona es la única que concurre a la comisaría a denunciar. Se continúa el proceso, el menor nunca tuvo que declarar ni concurrir a la sede policial”.