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    jueves 11 de julio de 2024

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    La ANEP y el Ministerio del Interior refuerzan seguridad en centros educativos

    La administración invierte $ 900 millones anuales en seguridad en escuelas, liceos y centros de UTU, y otros $ 135 millones en la implementación de cámaras de seguridad; el gasto en vigilancia aumentó 17% entre 2019 y 2023

    La inseguridad en los centros educativos y sus alrededores es desde hace tiempo uno de los temas de mayor preocupación por parte de docentes, directores, alumnos, familias y autoridades en el marco de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

    Jardines de infantes, escuelas, liceos y locales de UTU suelen ser foco de la delincuencia: roturas de rejas, puertas y ventanas, y robos de todo tipo de materiales. Desde aires acondicionados y equipos tecnológicos e informáticos a garrafas de cocina, alimentos de cantinas y productos de limpieza, pasando por implementos de Educación Física y de laboratorio, herramientas de jardinería y hasta los portones que dan a la calle.

    Siguiendo una tendencia al alza de años, en el último quinquenio aumentaron los valores de inseguridad en todos los tipos de instituciones de enseñanza media pública, liceos y UTU. En secundaria, la sensación de inseguridad entre los alumnos se extiende desde las afueras de los centros de estudio —incluyendo el trayecto por el barrio y en la entrada del local— hasta en pasillos, patios y salones de clase.

    Esta percepción de actividad delictiva en los entornos barriales y en los propios locales educativos ha llevado a “reforzar” las medidas de seguridad, particularmente en los centros más desprotegidos del área metropolitana, informó a Búsqueda Virginia Cáceres, presidenta del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP.

    La administración invierte $ 900 millones anuales en seguridad de escuelas, liceos y UTU —básicamente en recursos humanos, sin contabilizar los materiales que son repuestos por robos o destrozos— y gastará otros $ 135.393.172 en la implementación de cámaras de vigilancia perimetral por un contrato de 24 meses. Según una resolución a la que accedió Búsqueda, aprobada meses atrás por el Codicen, la instalación de las cámaras está a cargo de la firma Fabamor S.A., que solicitó $ 37.291.348 para la etapa de inversión y $ 3.130.277 como costo mensual de los servicios. Estos precios prevén ajustarse, establece el pliego de condiciones del llamado.

    La empresa que ganó la licitación ya está colocando las cámaras y Antel es el proveedor de la conectividad para luego activar el sistema. En este momento las cámaras están en proceso de instalación exclusivamente en centros educativos de Montevideo, aseguraron fuentes de la ANEP. El proceso “va un poco lento” porque lleva una planificación y articulación entre la empresa que coloca las cámaras y Antel.

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    Pelea masiva y videovigilancia

    Las pérdidas de los centros educativos no se limitan a robos y daños materiales. Además, se registran hurtos y delitos violentos, con amenazas y agresiones hacia los profesores y entre los propios alumnos.

    El tema “ya se venía trabajando en la ANEP, pero todo explotó ‘mediáticamente’ a partir de la pelea masiva” de jóvenes convocada meses atrás en el centro comercial Nuevo Centro, contó Cáceres, la titular del Codicen. Dijo que entonces hubo una presión muy grande sobre el sistema educativo.

    “Cuando el tema ganó agenda pública —en medios y redes sociales—, rápidamente se asoció a la educación porque son chiquilines que están o deberían estar dentro del sistema, más allá de que el hecho no tuvo relación directa con un centro educativo”, comentó.

    La jerarca separó lo que ilustró como “dos caras de una misma moneda”. “Una cosa es lo que pasa en la convivencia dentro del centro y la construcción de vínculos entre los actores educativos, y otra es la situación más amplia, del entorno barrial”, que también impacta en las instituciones educativas, perjudica los desempeños y deteriora las habilidades socioemocionales de los alumnos, dijo, con base en reportes del Ineed.

    Ante este panorama es que la administración justificó la colocación de más cámaras de videovigilancia y “extremar medidas” para frenar este fenómeno, siguiendo algunas de las recomendaciones del exasesor en seguridad de la ANEP, el comisario Johnny Trías, quien meses atrás culminó su contrato con el Codicen.

    Según supo Búsqueda, Trías desarrolló “un plan de video-verificación” —con un centro de monitoreo similar al del sistema de alarma—, y otro de “perifoneo” —con un centro de mando desde el local donde se emite el aviso a través de un micrófono interconectado a dispositivos parlantes que alertan al intruso que debe retirarse del lugar, se envía el móvil y la imagen para una respuesta policial más efectiva.

    La implementación de las cámaras de videovigilancia “en ningún caso implica su colocación dentro de las aulas”, aseguraron desde el Codicen. La decisión de colocar estos dispositivos también se fundamentó en el elevado gasto que causan los constantes destrozos.

    Cáceres contó que los delincuentes no solo protagonizan robos, destrozos de inmuebles y otros actos vandálicos, sino que lo hacen frente a los sensores de las alarmas de seguridad que avisan a las empresas contratadas por la administración para proteger los edificios. Otras veces burlan las guardias de seguridad y también la vigilancia en móviles del servicio 222 del Ministerio del Interior.

    En los últimos años, la administración reforzó asimismo el sistema de alarmas. El objetivo ahora es mantener la protección exterior de los locales de estudio, especialmente fuera del horario lectivo y en las áreas perimetrales de los centros educativos de contexto crítico. Esta medida es respaldada por el sindicato.

    Los colegios privados, entretanto, suelen contar con estos dispositivos tecnológicos desde hace años. Allí la videovigilancia se reparte por distintos puntos de los locales, incluyendo pasillos y en algunos casos dentro de los salones de clase.

    Planes de convivencia

    El tema de la inseguridad en el ámbito educativo fue tratado estas semanas en el Codicen. Para la directora de Secundaria, Jenifer Cherro, obedece a un “fenómeno multifactorial” que afecta a la sociedad uruguaya en su conjunto, y requiere respuestas de distintos organismos estatales, según relataron integrantes del Consejo.

    Los consejeros se refirieron a la situación de violencia registrada en liceos de la zona de Lezica, Colón y Melilla, donde hubo peleas a la salida, personas que ingresaron con armas a los locales y familias que reaccionaron ante las autoridades.

    Según fuentes del Codicen, en ese ámbito plantearon la idea de “potenciar” la experiencia del programa Comunidad Educativa Segura, que involucra al Ministerio del Interior, y de contar con cuerpos de seguridad con desplazamiento rápido y especializados en el trato con los actores educativos para atender “situaciones complicadas” en los centros.

    “Si hay personas que van armadas a un liceo o a una UTU, algo hay que hacer”, resumió uno de los consejeros.

    Secundaria informó en la pasada Rendición de Cuentas que desde 2016 desarrolla un “monitoreo del tiempo óptimo de vigilancia” y trabaja para evitar el “solapamiento” de los servicios de protección de los liceos. Las autoridades de UTU también dicen tener operativo el plan de seguridad de la ANEP en la capital y haber reducido los gastos del servicio 222, mediante la sustitución de ese sistema por seguridad privada o monitoreo de alarma con respuesta.

    Por su parte, la ANEP presentó en mayo el plan Tu Voz, tu Acción, tu Centro, para promover las prácticas de convivencia en los centros educativos, con eje en la familia, los estudiantes y los docentes.

    “Estos problemas obviamente no los soluciona un organismo solo, por lo que se debe entrecruzar acciones entre ANEP, Interior, Mides, ASSE... para acompañar este proceso", dijo la presidenta del Codicen. Cáceres presentó propuestas a las autoridades ministeriales y “se operativizaron” acciones, como la de trabajar por zonas críticas, porque “la raíz de los conflictos varían”, dijo, según los territorios y sus poblaciones.

    La autoridad educativa puso el acento en el programa Comunidad Educativa Segura, dependiente del Ministerio del Interior. En ese ámbito, los policías son la referencia a la que acudir y la “herramienta muy bien valorada” por los centros educativos, por lo que se busca “fortalecer”.

    Dentro del plan de convivencia se destaca el programa Pelota al Medio a la Esperanza, que ofrece talleres en los centros de educación primaria, secundaria y UTU alusivos a cómo actuar ante casos de violencia en el noviazgo o en las redes sociales o el ciberbullying, aseguró a Búsqueda Martín Terra, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

    “Gracias a ese programa hemos captado a un montón de gurises que incluso estaban por fuera del sistema educativo”, para, además de proveer su reinserción, “fomentar valores de sana competencia por encima de rivalidades” y “erradicar” la violencia, dijo este jerarca del Ministerio del Interior.

    Hay un aumento significativo en el gasto en seguridad en los últimos años porque “obviamente antes no se contrataba tanta guardia de seguridad”, completó la titular de la ANEP. “Pero el mundo cambia, la sociedad cambió, y con ellos las políticas y los gastos” en estas áreas, completó Cáceres. De hecho, el gasto en vigilancia en ámbitos educativos aumentó un 17% entre 2019 y 2023, según datos oficiales.