Referentes en educación acuerdan una “base programática” para cimentar políticas de “largo aliento” en el área

“Hay una base programática suficientemente potente que permitirá al país avanzar en una política de gobierno de largo aliento en el área”, aseguró a este semanario Renato Opertti, presidente del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos e integrante de Ágora. El también coordinador de la Cátedra en Educación Híbrida de la Unesco en la Universidad Católica del Uruguay (UCU) y fundador de la otrora organización civil Eduy21 dijo que ve “madurez” para “alcanzar consensos básicos sobre temas” que la educación debe abordar.

Esta última inquietud parte de que se requiere un incremento significativo de la inversión pública en educación, del orden de entre 1% y 2% del PBI.

Ágora, la organización promotora de la actividad, fomenta la discusión en áreas de la política pública y busca establecer espacios de coincidencia para fortalecerlas. La coordinación de esta instancia de educación estuvo a cargo, además de Opertti, de los académicos e investigadores Pablo Meneses, Victoria Gadea y Rocío Schiappapietra, con el apoyo de Clara Cánepa.

Acuerdos en educación

El documento de discusión, titulado Mapeo de áreas de un posible acuerdo en educación 2025-2035, integra los puntos en que hubo coincidencia para que eventualmente los partidos políticos puedan pactar una política pública para la próxima década con foco en “una educación de calidad”, fortaleciendo los aprendizajes en las alfabetizaciones de lectoescritura y STEM (por sus siglas en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y socioemocionales, entre otros.

Hubo coincidencia en que Uruguay enfrenta un problema, “de larga data”, que radica en universalizar el egreso, en tiempo y forma, de la educación obligatoria. El problema se ha descrito como un fenómeno “persistente”, y los avances en los aprendizajes como “prácticamente inexistentes” en las últimas dos décadas. Ante este panorama, se impone “la necesidad de un cambio estructural”, destaca el informe.

Asimismo, preocupa que las tasas de asistencia en educación inicial, primaria, secundaria y técnico-profesional hayan descendido significativamente en la pospandemia con relación a la prepandemia. Ante esto, se advierte la necesidad de llevar a cabo una “campaña de bien público” sobre el sentido de la obligatoriedad de la educación, el valor de la asistencia, y las responsabilidades familiares y de otros actores.

En ese contexto se enmarca la necesidad de la extensión de la jornada educativa a través de distintas modalidades. Se parte de la idea de que el mayor tiempo educativo amplía las posibilidades de abordaje de diferentes áreas vinculadas, por ejemplo, a STEM sustentado en enfoques de género, a las tecnologías con apoyo de Ceibal, a las expresiones artísticas y a los espacios de recreación y juego. En paralelo, se alude a la acción coordinada de políticas sociales para la atención temprana de situaciones como déficits alimenticios.

Los expertos plantean, también, “crear una universidad pedagógica” con eje en la formación para la enseñanza en sus diferentes niveles, especializada en pedagogía y didáctica y asentada en la extensa red de centros de formación docente de todo el país. Además se plantea avanzar en formaciones complementarias entre educación secundaria y técnico-profesional, compartiendo iniciativas, espacios de formación y recursos humanos.

Para los especialistas es “esencial” el trabajo pedagógico colaborativo con docentes estables y con sus horas concentradas en un centro educativo y proponen la incorporación de profesionales de diversas disciplinas (psicopedagogos, psicólogos, educadores sociales, psicomotricistas, especialistas en dificultades de aprendizaje) a los centros educativos que trabajen junto con los docentes.

“Debes significativos”

La percepción general de los expertos indica que el sistema educativo presenta “debes significativos” en orden a su gobernanza y gestión. Allí se propone explorar la conveniencia y la efectividad de que se estructure más por ciclos vitales —infancia, niñez, adolescencia y juventud— que por niveles educativos, consistente con una mejor comprensión y acción en relación con las necesidades vitales de los alumnos.

Respecto a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), se señala la necesidad de fortalecer el rol y la función inspectiva para mejorar la orientación y el apoyo institucional, dar mayor autonomía a los centros educativos y alinear la formación docente con los demás niveles educativos. También expresan la necesidad de avanzar en mecanismos más eficientes de coordinación institucional y programática y de asignación de recursos entre organismos vinculados con la infancia, potenciando el trabajo de los clubes de niños y los centros juveniles.

El sistema educativo debe reconocer que los bajos niveles de aprendizaje comprobados en evaluaciones regionales (Unesco) y globales (PISA) no solo afectan a los grupos más vulnerables sino también a la clase media, por lo que la desigualdad de resultados trasciende el origen de los hogares, señala el informe. Las prioridades presupuestales “mapeadas” por los expertos políticos y los programas de infancia hacen foco en la universalización de la educación inicial en tres años; modalidades, espacios y tiempos extendidos en educación primaria y media; mejora de las condiciones de trabajo y del salario docente.