Los equipos de educación del candidato blanco Álvaro Delgado redactaron un conjunto de propuestas que sintetizan la visión del Partido Nacional en esta área de gestión. De acuerdo con el documento al que accedió Búsqueda, el partido que lidera la coalición de gobierno pretende focalizar las prioridades para “consolidar un segundo piso de transformación educativa en Uruguay” durante el período 2025-2030.
Los principales “ejes” de la propuesta programática nacionalista, resumidos en el apartado “Innovación y reformas”, aluden a la aprobación de una nueva ley de educación, la optimización de la asignación presupuestal y la creación de centros de apoyo a la inclusión educativa.
Los blancos también se plantean modificaciones en la evaluación docente y una definición de estándares profesionales. Algunas propuestas concretas son la implementación de un laboratorio pedagógico y la expansión del modelo de suplencias a distancia, además de la revisión de políticas de incentivos y reconocimientos y el impulso de un programa nacional de educación cívica.
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Este plan estratégico busca no solo sostener los cambios en materia educativa impulsados durante esta administración, sino darle “continuidad, incremento e innovación” al proceso transformador, dijo a Búsqueda el director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Gonzalo Baroni.
El también asesor en materia educativa de los equipos de Delgado contó que la propuesta abarca desde la formación docente y la fortaleza institucional hasta la incorporación de tecnologías emergentes y la modernización de la normativa vigente.
Nueva ley de educación y centro de apoyo a la inclusión
Uno de los cambios más singnificativos en un eventual gobierno de Delgado será la creación de una ley de educación, con previa “revisión exhaustiva” de la Ley General de Educación, aprobada en 2008 durante el primer gobierno del Frente Amplio (2005-2010), y de las normativas vigentes en el sistema educativo.
Según el Partido Nacional, la creación de una nueva ley de educación permitirá “actualizar y modernizar la legislación”, asegurando que las políticas educativas estén “alineadas con las necesidades actuales y futuras” del sistema. Esta ley se diseñará para asegurar más eficiencia, con foco en los resultados, y capacidad “de adaptarse a las demandas del siglo XXI”, señala el documento.
La nueva legislación incluirá “un marco para la evaluación de la calidad educativa” y la “optimización de la asignación de recursos”, junto con mecanismos —no detallados— para la actualización constante de los currículos y la formación docente.
En cuanto a la optimización de la asignación presupuestal, que es considerada un aspecto “clave” de la propuesta nacionalista, “se priorizará la inversión en las comunidades educativas más vulnerables” y se establecerán “criterios claros para la distribución de recursos” dentro de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
Los blancos apuntan a una “reforma” para “optimizar la gestión de la ANEP”, “minimizando los procedimientos burocráticos” y “facilitando una toma de decisiones más eficiente”. La revisión y la modernización del modelo de asignación presupuestal permitirán garantizar que los recursos lleguen “a donde más se necesitan” y contribuyan a la mejora de la calidad educativa, indicaron a Búsqueda desde el equipo de Delgado.
Entretanto, la creación de los llamados centros de apoyo a la inclusión educativa buscan ofrecer insumos y respaldo especializado a estudiantes con necesidades educativas especiales. Según sus impulsores, estos centros estarán equipados con recursos técnicos y humanos para garantizar que todos los alumnos reciban la atención necesaria para su desarrollo académico y personal.
100% de los Centros María Espínola para los pobres
El Partido Nacional propone “aumentar la cobertura en los quintiles de ingresos más bajos” y multiplicar la cantidad de escuelas de tiempo completo y extendido.
En el documento se explica que la caída de la natalidad y la consecuente disminución en la matrícula educativa dan “la oportunidad de aumentar la inversión por alumno y mejorar el ratio alumno-docente”, priorizando los sectores de menores ingresos.
Otro de los objetivos es “alcanzar al 100% de los quintiles más vulnerables” con la modalidad de los Centros María Espínola, una política focalizada en la educación media básica diseñada para “mejorar los aprendizajes, el trayecto y el egreso de los estudiantes en situación de vulnerabilidad”. Al día de hoy no llega al 10% de la matrícula de secundaria.
Para mejorar las tasas de culminación educativa, los referentes blancos en educación plantean fortalecer las pruebas de acreditación en educación media básica, aumentando su periodicidad y sumando “herramientas” para la acreditación del bachillerato general.
Asimismo, proponen optimizar la evaluación de los logros de aprendizajes fuera del ámbito escolar a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) para que los conocimientos adquiridos sean “debidamente” reconocidos y validados. En esa línea, sugieren implementar un sistema de “sellos educativos de calidad” para programas y proyectos de educación no formal.
El modelo de formación dual, según los blancos, debe ser “evaluado y ampliado” en enseñanza media y formación técnica. Este modelo —que combina formación teórica y práctica en el entorno laboral— será “potenciado” mediante una revisión de su currículum y la inclusión de nuevos cursos. Estos cambios, según sus promotores, “permitirán una mejor preparación de los estudiantes para el mercado laboral y una mayor conexión entre la educación y las necesidades del sector empresarial”.
Evaluación docente y “laboratorio pedagógico”
En otro apartado, el Partido Nacional plantea desarrollar un programa de evaluación docente “basado en el desempeño de los estudiantes, la observación en el aula y la autoevaluación”. La premisa es que este enfoque permita identificar áreas de mejora y fortalecer las competencias docentes, “asegurando una educación de alta calidad en todos los niveles del sistema educativo”.
Allí detallan que se definirá “un estándar de desempeño para cada carrera de formación en educación” basado en el marco de competencias definido en este período por la ANEP.
A a eso suman la creación de un “laboratorio pedagógico” para probar “nuevas metodologías y tecnologías educativas” antes de su implementación sistémica.
Por otra parte, los blancos promueven expandir “el modelo de suplencias a distancia” para contar con una “cobertura educativa más eficiente y flexible”. Esto permitirá garantizar que los estudiantes continúen recibiendo educación incluso en situaciones donde los docentes no puedan estar presentes físicamente por modalidad virtual, semipresencial o híbrida.
Revisión de incentivos y programa de educación cívica
Los equipos de educación nacionalistas también proponen revisar las políticas de incentivos y reconocimientos para estudiantes y docentes, con la idea de “promover la excelencia académica y el compromiso con la calidad educativa”. Esta revisión de políticas, dicen, permitirá “ajustar los mecanismos de recompensa y reconocimiento” para que estén alineados con los objetivos y las necesidades del sistema.
A su vez, los blancos impulsan un programa nacional de educación cívica para “promover el conocimiento y el respeto por la Constitución y las normas” que rigen en el país. Se trata de un programa dirigido a “todos los niveles educativos” para “fortalecer la ciudadanía y la responsabilidad social”.
La propuesta nacionalista implica continuar con la presentación del Plan de Política Educativa Nacional al inicio de cada gobierno y aplicar el Compromiso de Política Educativa Nacional, ambos instrumentos creados por la Ley de Urgente Consideración (LUC).
