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    La ñata contra el vidrio

    Aquellos uruguayos que viven en asentamientos no tienen quién les escriba. Salvo el ocasional uso político de esa evidente lentitud por parte de la oposición (y está bien que así sea, para fiscalizar al gobierno está, entre otras cosas, la oposición), se trata de gente que no cuenta con voceros que reivindiquen su perspectiva y sean capaces de empujar la ejecución de recursos en tiempo y forma

    Columnista de Búsqueda

    ¿Qué es lo que logra que un plan, proyecto o política pública salga a adelante? O, mejor aún, ¿por qué algunas promesas electorales se cumplen y otras quedan por el camino? Los que peinamos (algunas) canas y hemos pasado por un puñado de elecciones, vemos que eso funciona casi como un método, aunque muy probablemente sea solo un mecanismo. Una suerte de dificultad permanente y casi estable a la hora de cumplir con lo (com)prometido.

    ¿De qué depende que unas promesas se cumplan y otras no? La respuesta simple es: de que quienes están en el gobierno, y más en general en el poder, tengan interés en que se cumplan. Dejando de lado las promesas electorales que son solo eso, promesas, es claro que la cosa es un poco más complicada que el mero interés o desinterés de quienes están en el gobierno. Primero, porque quienes están en el gobierno tienen intereses diversos, no son un conglomerado homogéneo y menos en el caso de una coalición como la que gobierna hoy en Uruguay. Y, segundo, porque los miembros de un gobierno no son enteramente libres y ajenos a los límites (y poderes) que los rodean y que de mil formas condicionan su tarea.

    Ambos aspectos inciden en cómo y cuándo se ejecutan las promesas, que en su mayor parte podemos llamar “políticas públicas”: muchas de esas promesas electorales se refieren a cosas que se van a hacer con dineros del Estado. Pienso, por ejemplo, en el Plan Avanzar, nombre que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) dio al programa de ejecución del fideicomiso para la regularización de asentamientos en 2022. Se suponía que Avanzar era uno de los “buques insignia” del gobierno y contaba con un presupuesto de 240 millones de dólares. Un año dentro de su aplicación, en 2023, el plan había sido ejecutado en un 4%. Dos años después de su lanzamiento con bombos y platillos, el programa había ejecutado el 7% de lo previsto. Esa lentitud provocó el llamado de atención de la oposición este mismo año.

    Sin embargo, de ninguna manera esa lentitud es exclusiva del Plan Avanzar. El Estado uruguayo y los gobiernos que lo ocupan suelen mostrar serias dificultades a la hora de convertir en hechos las nobles intenciones de sus propuestas/promesas. No obstante, en determinados asuntos sí son capaces de ejecutar obra y de mantener estables los márgenes que se plantean. Es verdad que también abunda la gente que cree que los recursos del Estado son infinitos y que no hay problema en imprimir moneda o en endeudarse, que Dios proveerá o que los zapallos se acomodan solos al final. Esa gente suele creer que la ejecución o no de las promesas depende, como la existencia de fondos del Estado, de la buena o mala voluntad. Que alcanza con autopercibirse moralmente superior y denunciar a los malvados para que, al final, todo salga bien. Quítese usted que me pongo yo y después veo de dónde saco la plata para todo lo que prometí. No es precisamente un método científico, pero el realismo mágico funciona así.

    La pregunta persiste: ¿por qué unos sí y otros no, incluso cuando están los recursos? La respuesta, no tan simple y que creo que sirve para explicar las distancias en algunos casos, es el lobby. Mientras en algunos asuntos que deben ser aprobados y/o ejecutados hay un grupo de presión haciendo lo posible para que eso ocurra, en otros no hay nadie que sea capaz de estructurar la demanda y volverla operativa en términos de presión. Aquellos uruguayos que viven en asentamientos no tienen quién les escriba. Salvo el ocasional uso político de esa evidente lentitud por parte de la oposición (y está bien que así sea, para fiscalizar al gobierno está, entre otras cosas, la oposición), se trata de gente que no cuenta con voceros que reivindiquen su perspectiva y sean capaces de empujar la ejecución de recursos en tiempo y forma.

    Así como los beneficiarios del Plan Avanzar no van a ver el proyecto concluido en este período de gobierno ni en su mayoría lograrán recibir sus beneficios, el proyecto presentado por la diputada Cristina Lustemberg, que se propone garantizar y promocionar los derechos en primera infancia, infancia y adolescencia, introduciendo cambios en la gobernanza del sistema, duerme en un cajón del Senado. A pesar de que la diputada hizo todo según el manual del buen legislador, esto es, convencer al presidente de la República, convencer al directorio del partido del presidente, obtener el apoyo de todos los diputados (y hasta recibir una dosis de puteadas de la militancia más obtusa de su propio partido), su idea no llegará a buen puerto en este período. Según Sandra Lazo, senadora del Frente Amplio, eso se debe a que “algunas voces mostraron resistencia indicando que los temas promovidos en la iniciativa eran privativos del Poder Ejecutivo”. Si es cierto, qué gran victoria para el cortoplacismo.

    Lo real es que los niños tampoco tienen un lobby activo detrás. Y no, una diputada pediatra que conoce el tema y se preocupa no califica como lobby, tal como demuestra su proyecto encajonado. Lo cierto es que muchas veces la mirada ideológica, que suele funcionar como un recetario acotado para entender la realidad, no logra conectar los distintos asuntos y, por consiguiente, se cree que la seguridad no tiene nada que ver con la atención a la infancia. O que la educación no tiene nada que ver con el Uruguay productivo y, entonces, no entiende el drama del bajísimo egreso en secundaria. Parte del problema es que no hay ningún grupo empujando o, por usar un término de moda, visibilizando esas conexiones. Lo mismo en la infancia que en la educación, temas que siguen sin ser mencionados por ninguno de los candidatos presidenciales. Sin lobby todo es mucho más difícil.

    ¿Qué hacer entonces con los temas que no tienen esa capacidad de presión? ¿Aceptamos que, como los asentamientos, todo se siga postergando y los tomamos como parte del paisaje? ¿Es admisible eso en un país con el grado de desarrollo del Uruguay? Nuestra respuesta se resume en lo que surge de las encuestas sobre preocupación ciudadana: somos incapaces de conectar las distintas dinámicas de la realidad y aceptamos mansamente todo lo que no se hace, como si fuera parte esencial del ser uruguayo. Con una ciudadanía confortablemente aturdida, los partidos carecen de incentivos para ponerse las pilas y les basta con prometer y apostar porque no aparezca nadie a pedirles que rindan cuentas. Nadie salvo la oposición, que lo hace de forma más dramática que efectiva, porque va a hacer esencialmente lo mismo cuando sea gobierno.

    Los que nos podemos dar el lujo de estar confortablemente aturdidos somos los que estamos dentro del sistema. Dentro del mundo del empleo formal, con techo y ropa más o menos asegurados. Aquellos que por nuestro nivel socioeconómico somos capaces de organizar un lobby y empujar aquello que nos interesa. Los que están afuera, el famoso 10% de pobres que son endémicos y que no tienen secundaria completa, saneamiento o perspectivas laborales mínimamente decentes, esos seguirán estando afuera. Que no nos asombre cuando se cansen de estar con la ñata contra el vidrio y lo revienten de una pedrada.