La Justicia uruguaya ordenó al Estado a pagar US$ 85.000 más costos legales a Ricardo Chávez, un militar retirado de la Armada Nacional que fue juzgado en Italia de integrar el Plan Cóndor y cometer crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura civil-militar (1973-1985).
La decisión, firmada el 1º de abril por el juez Gabriel Ohanián y a la que accedió Búsqueda, responsabilizó al anterior gobierno de “escrachar” a Chávez en medios públicos y coadyuvar en su perjuicio “en una acusación que no tenía fundamento alguno, cuando un análisis medianamente diligente le habría permitido a las autoridades concluir con facilidad que era ajeno completo” a las violaciones a los derechos humanos.
El caso se inició en mayo de 2022, cuando Chávez presentó una demanda reparatoria patrimonial por responsabilidad administrativa contra el Estado uruguayo. Lo hizo ante el Juzgado Letrado en lo Contencioso Administrativo de 1er turno. La demanda fue contra Presidencia de la República, que la derivó al Ministerio de Defensa Nacional.
Chávez, quien prestó funciones en la Armada entre 1966 y 1983, sostiene en la demanda que a lo largo de su carrera fue objeto de persecución ideológica dentro de las Fuerzas Armadas y recibió numerosas sanciones por haberse negado a cumplir órdenes de superiores referentes a torturas y represiones contra civiles durante la dictadura. Esto determinó que solicitara su retiro por “presiones y amenazas” hasta que finalmente fue cesado con el grado de teniente de navío. Sin embargo, según su relato, en 2009 fue vinculado “infundadamente” con la desaparición de ciudadanos ítalo-uruguayos debido a una “falsa” incriminación de Daniel Rey Piuma, un exintegrante de la Prefectura Nacional Naval que mediante registros fotográficos probó la existencia de detenciones y violaciones en la dictadura.
A partir de este hecho, Chávez fue parte del grupo de militares uruguayos juzgados en Italia por ser partícipes del Plan Cóndor, como se denominó a la coordinación de acciones ilegales estatales cometidas por militares de Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay que incluyeron desde vigilancia y seguimiento hasta capturas, interrogatorios con torturas, desapariciones forzadas y asesinatos.
El juicio comenzó en 2015 y en 2017 fue condenado el excanciller Juan Carlos Blanco, el único condenado en primera instancia entre el grupo de militares uruguayos, a quien la Justicia italiana halló culpable de la muerte de cinco personas y sentenció a cadena perpetua. En julio de 2019, en segunda instancia, una corte de apelaciones de Roma revocó las sentencias absolutorias y condenó a otros 12 militares uruguayos con cadena perpetua; solo confirmó el fallo que absolvió a Chávez.
En su demanda Chávez afirma que luego de la sentencia en primera instancia de 2017 el Estado “pretendió nuevamente acusarlo de manera infundada” a través del entonces secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, y de Andrea Speranzoni, un abogado italiano que representó a Uruguay en los tribunales de Roma. Sostuvo que ambos aportaron más “pruebas a la causa tratando de que Chávez quedara nuevamente involucrado” para que el fallo en segunda instancia sea modificado. También se publicó su nombre —junto al de los otros 12 militares uruguayos condenados— en artículos subidos a la web oficial de la Presidencia.
“Haberlo incluido en la lista pública de torturadores tuvo costos económicos y daños irreparables tanto para él como para su familia”, dice la demanda, que añade que “se mancilló su honor, nombre, prestigio y moral” y se transformó su vida “en un infierno”. Chávez reclamó una reparación de US$ 8 millones.
Miguel Ángel Toma y las pruebas presentadas sobre el Plan Cóndor
El 8 de mayo de 2019 la web de la Presidencia publicó un artículo en el que informó que Uruguay iba a exponer en Roma, en el marco del trámite de apelación. “El secretario de Presidencia, Miguel Toma, actuó intensamente en el hallazgo de las pruebas relevantes”, dice la nota. El 13 de mayo un segundo artículo afirmó que habían sido presentadas ante la Tercera Corte de Asís las pruebas que demostraban “de forma contundente” la participación de 13 militares uruguayos en crímenes de lesa humanidad.
“Los documentos precisan la participación de estos militares en la organización del terrorismo de Estado a nivel continental. El equipo de abogados de nuestro país presentó pruebas que identifican a los militares que cometieron delitos, como torturas y desapariciones forzadas, en el marco del Plan Cóndor, juicio que impulsa el Estado uruguayo en las cortes italianas”, dice la nota, que da los nombres de los acusados: José Ricardo Arab, José Nino Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina, Ernesto Avelino Ramas, José Sande, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca, Jorge Néstor Tróccoli, Gilberto Vázquez y Ricardo Eliseo Chávez.
“Creo firmemente que convencimos al tribunal de la culpabilidad de los imputados”, dice en el artículo Toma, quien habló desde Roma para Radio Uruguay. Este viaje del funcionario y otros similares por la causa Plan Cóndor fueron meses después investigados por supuestas irregularidades en las misiones oficiales.
Miguel Ángel Toma en 2017 en el acto conmemorativo del aniversario de la Policía Nacional en la Plaza Independencia. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Miguel Ángel Toma viajó a Roma para presentar documentos contra los represores uruguayos
Javier Calvelo/adhocFOTOS
En la respuesta a la demanda de Chávez ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo, el Estado aseguró que no fue denunciante en el juicio por el Plan Cóndor, ya que los hechos no ocurrieron dentro de la jurisdicción penal del Uruguay. “El Estado solo se constituyó como parte civil interesada aportando elementos”, indica parte del documento, al que accedió Búsqueda.
Añade que la decisión de llevar a juicio a Chávez fue de la Fiscalía de Italia a partir de las declaraciones de Rey Piuma. En una entrevista en 2009 a La República, Chávez dijo que un testimonio de Rey Piuma, tal vez involuntario, fue la razón por la cual el fiscal italiano Giancarlo Capaldo lo incluyó dentro de los militares latinoamericanos juzgados en Roma por el Plan Cóndor.
Para Ohanián la actuación del Estado uruguayo durante el juicio en Italia fue “extremadamente” inconsistente. “No hay un solo acto administrativo que permita conocer cómo y por qué el Estado uruguayo decidió y fundamentó ser parte del juicio que se ventilaba en Italia. Causa perplejidad que una actuación ante un tribunal foráneo no surja asentada en un expediente administrativo”, dice el juez en sus conclusiones.
Ohanián acogió parte de la demanda de Chávez —obligó al Estado a pagarle US$ 85.000 y no US$ 8 millones— por entender que Uruguay “coadyuvó” de forma activa a la Fiscalía italiana con el despliegue probatorio para obtener la condena de los imputados.
“Este punto es neurálgico para justificar la responsabilidad del demandado. La culpa de la demandada consistió en coadyuvar en perjuicio de Chávez en una acusación que no tenía fundamento alguno, cuando un análisis medianamente diligente habría permitido a las autoridades de la época concluir con facilidad que era ajeno completo a esos eventos. Todo ello además de que en la web de la Presidencia se lo escrachó con nombre y apellido”, argumentó.
De acuerdo a Ohanián, la acusación contra Chávez ante la Justicia italiana surgió de “la idea falsa y repetida” de que fue jefe de Operaciones del Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna) —una unidad de la Armada que operó como centro clandestino de detención, tortura y cárcel en la dictadura— cuando únicamente tuvo un fugaz pasaje por esa unidad entre 1975 y 1977 y nunca desempeñó el cargo de jefe de Operaciones. “A partir de que ante la Justicia italiana se lo situó en un lugar donde prácticamente no estuvo y con una función que no desempeñó, se lo terminó implicando en hechos en los cuales tampoco participó”, explica la sentencia.
Entre otros argumentos, el juez sostuvo que ya en 2015 el comandante en jefe de la Armada, Leonardo Alonso, declaró, oficialmente, que estaba “a salvo el honor y el buen nombre” de Chávez, luego de que este pidiera la conformación de un Tribunal de Honor para discutir su actuación durante la dictadura: “Esta actitud genera otra contradicción insalvable, porque el propio Estado que colaboraba en encarcelarlo en el extranjero reconocía en el ámbito soberano que Chávez es un hombre de honor. Era fácilmente comprobable su absoluta inocencia en los eventos que se le pretendían imputar”.
Respecto a Toma, el fallo indica que su declaración a la Justicia tras la demanda de Chávez no “arroja luz sobre cómo fue que se decidió el ingreso de Uruguay en la causa que se tramitaba en la Justicia de Italia”. La sentencia recuerda que fue Toma quien, como secretario de Presidencia, “participó de manera pública y destacada en la actuación de Uruguay ante la Justicia italiana” y declaró públicamente desde Roma que el Estado había presentado pruebas que comprobaban de forma contundente la responsabilidad de los militares en la organización del terrorismo de Estado.
