La futura presidenta prevé “sacar” a la Jutep de Ciudad Vieja y consolidar su trabajo preventivo, en especial, fuera de Montevideo. “Hay prácticas que parecerían bastante naturalizadas en el interior, que son prácticas claramente corruptas, y me parece que eso se combate en términos culturales”, opina Ferraris.
—¿Cuáles son las prioridades de su gestión?
—Tenemos para el cortísimo plazo dos prioridades. Una, justamente estaba trabajando en esto, ya tenemos un equipo de trabajo armado, es la reglamentación de los artículos de la Ley Cristal, que por no estar reglamentados no se están aplicando. Eso es fundamental, ha sido una necesidad que no fue atendida. La última modificación de la Ley Cristal, que fueron cambios bien importantes, es de setiembre de 2019. Han pasado todos estos años pero no se ha hecho. Esto tiene que ser resuelto este año. Y lo otro que hay que reglamentar, y que es una prioridad, tiene que ver con la regulación del sistema de denuncias. ¿Qué quedó a fines de 2019? El sistema informático, que es lo que se conoce como el portal de denuncias. ¿Qué era lo que tendría que haber sucedido enseguida? Habría que haber establecido la regulación del canal de denuncias, que comenzó a funcionar en 2020. Esta ausencia de regulación trajo como consecuencia, entre otros problemas, la saturación. Hay un montón de denuncias que no tienen absolutamente nada que ver con los cometidos que nosotros tenemos como organismo anticorrupción.
Por otro lado, y en paralelo, nosotros tenemos un problema bien complicado en términos organizativos. Es un organismo diminuto para los cometidos que tiene. Tenemos vacantes, tenemos posibles pases de comisión; hay que adecuar la estructura a los fines que tiene la Jutep. La idea es, con auxilio del Servicio Civil, trabajar en la estructura de puestos de trabajo, de remuneraciones, desarrollar la carrera, trabajar los ascensos. Acá no se ha concursado nunca. Nada. Entonces, también hay mucha expectativa de los funcionarios, que es importante atender. Va a ser un año fuerte. Y, en el medio de todo eso, tenemos el Presupuesto.
—¿Va a pedir más presupuesto?
—Sí, aunque el detalle lo tengo que conversar con quien sea mi compañero de ruta y quien sea el vocal.
—Usted trabaja en la Jutep desde hace varios años, así que tiene noción de lo que sucede en términos presupuestales. La Jutep no gastó todo su presupuesto. ¿Necesita más dinero o necesita ejecutar mejor?
—Necesita las dos cosas, porque acá no se trata de gastar por gastar. De todos modos, hay áreas que son claves donde uno tiene que poner inversión. Una es la profesionalización del personal. Otra tiene que ver con el fortalecimiento del rol que cumplen las declaraciones juradas en materia de prevención de la corrupción. Hay que armar una unidad de análisis de declaraciones juradas para cumplir con esta obligación legal de que se haga la apertura del 5% de las declaraciones juradas declaradas reservadas. Para eso tenés que armar un equipo que tenga un cierto grado de profesionalización como para encarar eso. A ver, acá no hay un contador. Y para ese trabajo necesito un contador, porque ni yo entiendo algunas cosas, no estoy formada para eso. Necesito un contador, un especialista en derecho comercial, porque va a haber que analizar sociedades comerciales, va a haber que analizar muchas cosas. Todo eso también va a requerir probablemente algún refuerzo en materia presupuestal y ver de qué forma manejamos los recursos. Son ideas muy generales, pero va a ser muy importante discutirlo cuando esté integrado el directorio.
—Usted ha sido crítica con el funcionamiento de la Jutep en el período de Luis Lacalle Pou. ¿Cuánto de continuidad y cuánto de cambio tendrá su gestión en comparación con estos últimos cinco años?
—Hay muchas lecciones aprendidas en estos años. Elijo mirar para adelante y me parece que lo más cuestionable ha sido justamente no haber cumplido con estas dos cuestiones que son verdaderas emergencias: no haber reglamentado la ley y no haber establecido un mecanismo lo suficiente claro para la sociedad y para los funcionarios de cómo se gestionan las denuncias. No haber aprovechado las vacantes, traer pases en comisión para fortalecer mínimamente el organismo y poder haber hecho las cosas un poco mejor. Me parece que eso queda en el debe. Y no es tan complicado un pase en comisión. Estoy teniendo entrevistas todos los días, estoy tratando de fortalecer declaraciones juradas, que es la parte más débil y la más golpeada de la oficina
—¿Y por qué no se les dotó de recursos en el período pasado?
—A duras penas, cuando ya la situación era totalmente intolerable, se trajo un pase en comisión, pero con un pase en comisión no hacés nada. Ahí había que haber puesto más.
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Mauricio Zina / adhocFOTOS
—Durante una entrevista en el programa Así nos va, de Radio Carve, usted fue dura con la gestión saliente, en particular por una suerte de uso político electoral del organismo.
—Lo que pasó ahí fue lo siguiente, para hacer un poco de memoria. Tenemos una norma que establece claramente que cuando está interviniendo la Justicia —la Fiscalía o el propio Poder Judicial— en un asunto la Jutep debe abstenerse de intervenir. Esto se cumplió hasta el año pasado, pero en plena campaña electoral se pergeñó una suerte de interpretación que conduce a proceder en forma contraria a lo que establece la norma. Entonces, en la misma sesión que se resolvió eso, se resolvió también intervenir en dos asuntos que meses atrás, cumpliendo con esta misma norma, se habían dejado en suspenso mientras estén en la órbita del sistema de Justicia: la situación del senador Charles Carrera y de aquella denuncia por la entrega de la intendencia de mochilas vinculadas al Frente Amplio. En la campaña electoral decidieron eso; esos dos casos. Lo de Carrera a mí me resultó particularmente llamativo porque se planteó en forma urgente, lo dice la resolución, tratar ese tema y luego no se trató más. Sinceramente, me parece que ese tipo de cosas no están bien, le hacen un daño muy grande al organismo. De la misma forma se procedió con respecto a la interpretación de una norma de la misma ley que establece que cuando se presenten denuncias que involucren a candidatos a cargos no se analizarán si caen en el plazo de 30 días previos a las elecciones. Bueno, se recibieron denuncias después también con claro contenido que apuntaba claramente a la cuestión electoral.
—¿Eso va a cambiar ahora?
—Nosotros no vamos a intervenir, lo discutiremos en el directorio pero la norma para mí es clara, no admite otra lectura. La idea es no intervenir en ningún caso mientras estén judicializados. A mí me han preguntado por el caso Besozzi y yo no puedo opinar sobre eso porque está interviniendo la Justicia.
—Hay una resolución vigente que indica que casos como el de Carrera son objeto de análisis, por lo que deberían estar en el orden del día.
—Es una resolución ilegal.
—¿Propondrá desde la presidencia del organismo una nueva resolución?
—Capaz que sí pero, como tengo una norma de jerarquía superior que ya lo indica, no sé, veremos. La idea que defiendo y que tendré que conversar con el resto de los miembros del directorio es que esta norma se aplica a rajatabla.
—¿No importa el color político?
—No. Como digo, no corresponde que nosotros tengamos ningún tipo de intervención por ejemplo con un caso como el de Besozzi.
—Durante el caso, no, ¿pero qué pasa después?
—Habrá que verlo después con la reglamentación. Vos no te olvides de que los delitos que se imputan son todos vinculados a la corrupción, los delitos contra la administración. Entonces, no entiendo mucho la razón del doble pronunciamiento, y no me refiero a Besozzi, sino a cualquier funcionario. Si la Justicia lo condena por peculado y recabó la prueba, lo documentó, lo fundamentó, no sé hasta qué punto habrá que actuar.
—La Jutep se pronunció en 2017 sobre el uso que dio Raúl Sendic a las tarjetas de crédito de Ancap en un dictamen publicado días después de su renuncia como vicepresidente.
—Habrá que ver.
—Hay cosas que pueden no ser delitos y aun así calificar como irregularidades administrativas. Germán Cardoso, por ejemplo, tuvo que renunciar al cargo de ministro de Turismo y luego el fiscal archivó la investigación con el argumento de que había irregularidades, pero no delitos. La Jutep nunca trató el tema.
—Es verdad, hay varios casos así. Son temas que hay que analizarlos y discutirlos con el directorio, no lo descarto. Reitero: tengo un gran signo de interrogación, pero no lo descarto para nada.
—El expresidente de la Jutep Ricardo Gil dijo antes de que asumiera Yamandú Orsi que el gobierno electo no había dado “ni una señal” de lo que quiere hacer en el combate a la corrupción. ¿Comparte?
—No soy comentarista de nadie y menos de alguien como Ricardo Gil, que tanto sabe de todos estos temas. Sí digo que no tengo la misma opinión.
—El proyecto de reglamentación de la Ley Cristal que está elaborando va a ir a Presidencia. ¿Están al tanto ahí de sus prioridades?
—Sí, sí. Lo conversé con el prosecretario de la Presidencia (Jorge Díaz), le planteé que había dos cuestiones que eran prioritarias. Fue una reunión muy buena, lo vi muy receptivo porque conoce estos temas y sabe de la importancia de las políticas que hay que llevar adelante en materia de prevención y combate a la corrupción.
—No incluyó entre sus prioridades la elaboración de un proyecto de ley para fijar el delito de corrupción privada, algo que también tenía mandatada la Jutep desde 2019.
—Es bien importante. La primera presidenta del directorio saliente solicitó asistencia técnica a la Agencia de Naciones Unidas contra la Droga. Hay un borrador ahí en la vuelta, pero a esta altura no sé si es la versión definitiva. Ahora pedí expresamente que se me informara el estado de situación de ese proyecto en particular, ver cuál era la última versión, qué aportes habían realizado los sectores que fueron consultados. La idea es cerrar eso para que tome estado legislativo.
—¿Será para el primer año de gestión?
—Haremos todo lo posible. Haremos todo lo posible, pero primero está todo lo otro.
—Usted decía recién que discrepaba con Gil en cuanto a la falta de señales del gobierno. Su venia recién salió hoy al Senado y hasta el comienzo de esta entrevista no se sabía quién la acompañará en el futuro directorio, dado que Alberto Scavarelli, el anunciado futuro vicepresidente, bajó su nombre. ¿No son señales negativas?
—No es fácil armar equipos. Se había pensado en un colega para incorporarse a la dirección de la Jutep, pero finalmente la persona desistió, lamentablemente, desistió. Una pena realmente.
—¿No sabe aún quién la acompañará?
—Hay algún nombre, pero no es oficial y no corresponde que lo mencione.
—Gil cuestionó también que se designe el directorio de la Jutep como parte del reparto de cargos entre partidos políticos. Según su descripción, en la administración que sale se tomaban decisiones que favorecían políticamente a la mayoría, ¿no hay un riesgo de que eso se repita en este período?
—El criterio de designación ha sido siempre el mismo. La cuestión pasa por las personas que vos seleccionás para ocupar este tipo de responsabilidades. Lo mismo que pasa acá pasa en el Tribunal de Cuentas, pasa en la Corte Electoral, pasa en cualquier lado, en cualquier organismo donde tengas que integrar un órgano colegiado. La democracia uruguaya es una democracia de partidos y además es una democracia representativa. Es lo que hemos visto hasta ahora y es como ha funcionado el Estado, y no ha funcionado mal. El problema es cuando en un organismo de control como este suceden este tipo de cuestiones se pierde legitimidad. Lamentablemente, tengo que decirlo, porque pasó, además soy testigo, lo viví. Una mala experiencia sirve para que quede como lecciones aprendidas de a quién se elige para ocupar determinado tipo de roles, tenés que tener una mirada muy profunda sobre el perfil de la persona que estás eligiendo.
—¿Usted va a tener total independencia del Frente Amplio en la toma de decisiones?
—A mí no me cambia el tercio, siempre la tuve.
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Mauricio Zina / adhocFOTOS
—A su antecesor inmediato en el cargo de vocal el Frente Amplio lo hizo renunciar después de votar en conjunto con el oficialismo un informe sobre el Antel Arena crítico con la gestión de Carolina Cosse. ¿No le preocupa que el Frente Amplio tenga la posibilidad de juzgar si está actuando mal?
—En todo caso, el que tiene la potestad de tomar esa decisión es el presidente de la República; si no me acuerdo mal, por el artículo 197 de la Constitución, es el único que puede remover a un miembro de un directorio por una serie limitada de motivos. Sobre el caso de Castro no tengo mucho para comentar, es una situación que se dio cuando no estaba en el organismo y la verdad prefiero no comentarla.
—¿El Frente Amplio no le puede pedir que renuncie?
—Me lo puede pedir el Frente Amplio, me lo puede pedir el presidente de la República, me puede cuestionar…
—Si se lo pide el presidente de la República, incluso tendría que tener un motivo fundado, se supone que la Jutep es un organismo con autonomía…
—Sí, con autonomía, es un servicio centralizado, depende del Poder Ejecutivo. No me puedo plantear una situación, porque es contrafáctico… Primero, que la fuerza política venga y me plantee a mí que renuncie…, no sé, sinceramente no tengo respuesta para una situación así porque la verdad no me la imagino, no me la imagino.
—Se supone que la Jutep es el principal organismo de combate a la corrupción.
—Sí.
—¿Hoy parece que lo es?
—No.
—¿En estos cinco años lo va a ser?
—Es la aspiración. Es la aspiración de que juegue un papel acorde a lo que se espera de ella, en términos fundamentalmente de prevención. Tengo un enfoque muy basado en lo que tiene que ver con la formación: la idea es fortalecer un equipo docente para seguir avanzando en la formación, me parece que es una herramienta importante para la prevención y sobre todo en el interior. Quisiera poder trabajar con un foco puesto en los gobiernos departamentales y en la administración pública en general, en el interior. Sacar a la Jutep de la Ciudad Vieja si es posible. Hay prácticas que parecerían bastante naturalizadas en el interior, que son prácticas claramente corruptas, y me parece que eso se combate en términos culturales. Nuestro aporte podría venir por el lado de la formación.
Hay otra línea de trabajo que para mí es fundamental, que es un objetivo casi personal y espero que el directorio lo tome: quiero generar un observatorio anticorrupción.
—Los informes internacionales siempre dan a Uruguay como el mejor de la clase, al menos en la región. ¿Está tan mal en temas de corrupción?
—La duda que a mí me queda es la metodología que usan para evaluar la corrupción. Entonces, lo tomo como un insumo favorable, muy valioso. Por otro lado, una encuesta de Ágora indica que un 46% de uruguayos entiende que hay problemas de corrupción importantes en Uruguay. Creo que un observatorio nos va a permitir cotejar si eso que la sociedad percibe se condice con la realidad. Nos faltan esos datos.
—¿Le parece que al sistema político realmente le interesa hincarle el diente al tema?
—No lo sé. Nosotros tenemos el deber de hacerlo y haremos todo lo posible y un poquito más.
—Usted hablaba de un posible problema “cultural” en el interior, pero hay casos en todo el país de hacer “favores” aprovechando nexos en el Estado, como se vio en el caso Astesiano y también ahora con Besozzi.
—La cultura de la gauchada.
—No es solo en el interior.
—La gauchada tan uruguaya. Por eso digo que hay un tema cultural que hay que combatir. Va a llevar tiempo. Uno imagina, además, las políticas de prevención también trabajadas en el ámbito educativo. Empezar a trabajar los valores que se desprenden de las convenciones de Naciones Unidas contra la corrupción, de las convenciones interamericanas, pero con un discurso y con un relato adaptado a las distintas etapas de la vida de niños, adolescentes. Eso es un trabajo de largo plazo que habría que hacer.
