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En una decisión que fue bien recibida en Torre Ejecutiva, el Directorio del Banco Central (BCU) planteó al gobierno darle un rango institucional mayor a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que tiene un papel relevante en el combate al lavado de activos.
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La idea, que tiene el visto bueno de Presidencia de la República y fue planteada hace al menos una semana, es quitar a la UIAF de la órbita de la Superintendencia de Servicios Financieros y fortalecer sus equipos técnicos, dijeron a Búsqueda fuentes del gobierno.
Todavía no está resuelto cómo se llevaría adelante ese cambio, que requiere modificar el artículo 36 de la Carta Orgánica del BCU. Ese artículo establece que la UIAF funcionará “en el ámbito” de la superintendencia y que una de sus funciones es “recibir, solicitar, analizar y remitir a la Justicia competente, cuando corresponda, la información sobre transacciones financieras y otras informaciones que estime de utilidad a efectos de impedir los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo previstos por la normativa vigente”.
Uno de los trabajos de la UIAF es recibir los reportes de operaciones sospechosas del sector financiero y definir cuáles deriva a la fiscalía. En 2024 recibió 964 reportes, una cifra récord.
Incluso antes de que el BCU transmitiera a Presidencia de la República su plan de fortalecer la UIAF, el prosecretario Jorge Díaz había dado una mirada favorable al cambio institucional. A fines de julio, durante su participación en la Comisión Especial de Seguimiento al Lavado de Activos, dijo que el gobierno “probablemente” propondría modificar la Carta Orgánica del BCU para que la UIAF, “por lo menos, tenga la misma jerarquía que la ‘super’ de Bancos”.
Marcha atrás con los cambios
La propuesta del Directorio del BCU surge después de semanas en las que quedaron expuestas las diferencias entre la superintendencia y otros actores del sistema, en particular la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft), acerca del rol del BCU en el combate al blanqueo de capitales.
El director de la superintendencia, Juan Pedro Cantero, dijo en varias reuniones desde que asumió el nuevo gobierno que su misión principal es la “estabilidad” del sector financiero, lo que despertó cierto malestar en otros integrantes del sistema antilavado.
Esa idea pareció reflejarse en una resolución del BCU por la cual pidió al Ministerio de Economía incluir cambios a su Carta Orgánica.
El artículo 690 del proyecto de Presupuesto enviado al Parlamento excluía de la lista de “entidades supervisadas” por el BCU a las casas de cambio y las empresas de cofres fort.
“La razón de ser de estas propuestas de modificación es el impacto marginal de su supervisión y regulación en lo que respecta a la estabilidad y solvencia del sistema financiero nacional, por contrapartida a los elevados costos que significan para este Banco Central y fundamentalmente para la Superintendencia de Servicios Financieros el cumplimiento de sus potestades legales de regulación y fiscalización sobre estas entidades”, dice el texto de la resolución del BCU.
“La compraventa de moneda extranjera, incluido el arbitraje, no implica la modificación de la tenencia de dinero en efectivo y no hay ingreso del mismo al sistema financiero”, agrega el documento, en un planteo que provocó sorpresa entre los actores que combaten el lavado de activos.
Cuando las autoridades de la Senaclaft se enteraron de los cambios propuestos a sus espaldas, pidieron una reunión en Presidencia de la República para desactivarlos. Las gestiones tuvieron éxito y el gobierno decidió cambiar el articulado.
presidente del BCU, Guillermo Tolosa
Guillermo Tolosa, presidente del BCU.
Mauricio Zina / adhocFOTOS
Aun cuando quedaron sin efecto, el presidente del BCU, Guillermo Tolosa, defendió la decisión original de la institución de excluir los cambios y cofres fort durante su concurrencia a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, donde se discute el proyecto de Presupuesto. “En el proceso de asignación de recursos para el control de lavado —que sí es una preocupación para el gobierno y lo continúa siendo—, al principio se pensó que estos recursos estarían en la Senaclaft, cuando inicialmente enviamos el Presupuesto. Hoy la asignación será tal que estarán en el Banco Central”, dijo.
El Ministerio de Economía envió artículos sustitutivos en los que las casas de cambio quedan entre las “entidades reguladas por la Superintendencia de Servicios Financieros, quedando sujetas al control y regulación exclusivamente con el objeto de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.
