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El oficialismo aguarda la elección del directorio blanco para comenzar negociaciones clave con la oposición
En el gobierno consideran que el Partido Nacional está en una actitud inusualmente beligerante con el Ejecutivo, mientras enfrentan el desafío de acordar renovación de cargos en organismos de contralor, la Fiscalía y el Poder Judicial
El presidente Yamandú Orsi y el senador Álvaro Delgado, durante el acto del 1° de mayo
Las elecciones que tendrán lugar el próximo sábado 28 no solo tienen en vilo al Partido Nacional. El posible desenlace de la convención nacionalista también es seguido de cerca por las autoridades del Poder Ejecutivo, según dijeron algunas fuentes de la Torre Ejecutiva a Búsqueda. Tanto en el gobierno como en el Parlamento, el oficialismo tiene la “perspectiva” de que la interna nacionalista está “condicionando todo” el diálogo con la oposición.
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Esto es así porque en el gobierno entienden que existe una beligerancia inusual de la oposición sobre la gestión encabezada por Yamandú Orsi. Y que esa agresividad está siendo, al menos en parte, consecuencia de la elección del futuro directorio nacionalista y, especialmente, de quién presidirá el Honorable Directorio del Partido Nacional. La tensión con el Partido Nacional “en algún momento tiene que cambiar, porque el tono de confrontación es extraño al Uruguay” a menos de cuatro meses de comenzado el gobierno, dijo una fuente de la Torre Ejecutiva.
En la bancada parlamentaria frenteamplista también observan con cierta perplejidad la inusual tensión interna sobre la elección del próximo presidente del directorio nacionalista. “Hoy la discusión es muy fuerte. Pero hasta que no baje la espuma los temas de negociación no se van a plantear (porque) todavía no tenemos claro quién será el interlocutor de ellos”, dijo un legislador oficialista.
Fiscalía, ministros y cargos de contralor
Además de las tareas legislativas cotidianas, que exigen acuerdos porque ningún partido tiene mayoría en la Cámara de Representantes, el Poder Ejecutivo y la bancada oficialista tienen por delante una agenda que requiere necesariamente votos de la oposición. En la mira del gobierno está la sucesión que dejó vacante en 2021 el entonces fiscal de Corte y hoy prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. Su cargo ha sido ocupado por fiscales de Corte subrogantes, primero Juan Gómez y ahora Mónica Ferrero, cuyas gestiones han provocado resistencias. Gómez recibió cuestionamientos principalmente desde el Partido Nacional durante la administración de Luis Lacalle Pou, y Ferrero desde el actual oficialismo.
El 11 de junio el presidente Orsi sostuvo durante una rueda de prensa que no se puede “dejar pasar otro período sin resolver” la designación de un fiscal general, y si bien dijo que el gobierno es “mano” para proponer un nombre, tal como lo establece la Constitución, aseguró que esperará el trámite de la Rendición de Cuentas y del Presupuesto para enviar una candidatura al Parlamento.
Más allá de que la iniciativa formal para la designación del fiscal de Corte la tenga el Poder Ejecutivo, en la medida que su nombramiento requiere una venia con mayoría especial de tres quintos del Senado, es necesario que exista un acuerdo político previo en las bancadas. De hecho, durante la administración anterior, Lacalle Pou no llegó a enviar un nombre para suceder a Díaz porque no logró un acuerdo con el Frente Amplio. Quien encabezaba las negociaciones era el entonces senador nacionalista Gustavo Penadés, hoy formalizado por la Justicia por presuntos delitos sexuales contra menores. Luego de que el exlegislador fuera expulsado por el Parlamento, las negociaciones se estancaron.
La primera vacante se produjo en abril, cuando el ministro del TCA José Balcaldi cumplió 70 años, y ante la falta de acuerdo para designar su reemplazo será sustituido por el ministro más antiguo de los tribunales de apelaciones, Alberto Reyes. Según dijeron a Búsqueda fuentes del Senado, sí hubo acuerdo parlamentario para votar la designación de Reyes, de modo de adelantar su ingreso al tribunal y no esperar los 90 días que prevé la Constitución para que asuma un juez por antigüedad cuando no se cubre la vacante.
A su vez, en setiembre cumplirá 10 años en el cargo la ministra de la SCJ Elena Martínez. Su renovación requerirá la votación de dos tercios de la Asamblea General y, de no mediar acuerdo político, asumirá, también, el ministro de Apelaciones con mayor antigüedad en el cargo.
Algunos dirigentes del Frente Amplio son partidarios de atar las negociaciones para cubrir estos cargos a las de la renovación de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas. Esto, a sabiendas de que, por un lado, la coalición está conforme con el trabajo de Ferrero pero, por otro, también tiene interés en renovar sus respectivas delegaciones en los organismos de contralor, donde algunos de sus representantes ya no obedecen a sectores mayoritarios del partido y están ocupando los cargos hace bastante tiempo.
El acuerdo por los cargos que ocupa la oposición en el gobierno, definido en abril, mantiene los cuatro ministros blancos y colorados en la Corte Electoral (dos de cada partido) pero cambia la composición en el Tribunal de Cuentas. Da a la oposición tres de los siete ministros: uno para los blancos, otro para los colorados y otro para el Partido Independiente. Actualmente, la oposición tiene cuatro ministros: tres nacionalistas y un colorado. En un inicio la presidenta del organismo, Susana Díaz, era independiente, pero al renunciar en 2023 ingresó como ministro su primer suplente, el nacionalista Linder Reyes. Ya con mayoría, la oposición votó al exsenador nacionalista Francisco Gallinal como presidente.
Organismos de contralor
La negociación, además, abarcará las futuras presidencias de los organismos de contralor, dado que el oficialismo aspira a que vuelvan a ser ocupadas por figuras neutrales que necesariamente implicarán un acuerdo interpartidario para su definición.
Si bien la representación del Frente Amplio en los organismos de contralor no se ha visto alterada en los acuerdos con la oposición, en la interna del oficialismo comienza a darse una discusión sobre si es necesario renovar o no los ministros que están en representación de la izquierda. El debate interno implica no solo el posible cambio de nombres —la última vez que se actualizó la integración parlamentaria fue en octubre de 2017—, sino la eventual necesidad de cambiar los sectores del Frente que tienen representación en dichos ámbitos.
Por ejemplo, fuentes del Movimiento de Participación Popular dijeron a Búsqueda que hay interés en hacer cambios en la Corte Electoral, incluso aumentando la representación del sector en ese organismo. Pero también otros sectores buscan ser tenidos en cuenta por primera vez en el nuevo mapa de cargos.
El senador de la lista 711, Felipe Carballo, principal referente del nuevo sublema Compromiso Sumemos Uruguay, dijo a Búsqueda que a su entender es necesario “trabajar en la renovación” de esos órganos y que la “correlación política cambió”.
De cualquier manera, en el Frente Amplio consideran que el debate está lejos de laudarse y deberá darse en el interior de la fuerza política.