Durante el próximo período de gobierno (2025-2030) se dará una situación atípica: la integración de los dos máximos tribunales de Justicia del país cambiará por completo.
Todos los integrantes de la Suprema Corte y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo cesan en sus cargos entre 2025 y 2029; el futuro oficialismo y la oposición aspiran a que las designaciones vuelvan a ser por acuerdo político y no por antigüedad
Durante el próximo período de gobierno (2025-2030) se dará una situación atípica: la integración de los dos máximos tribunales de Justicia del país cambiará por completo.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLos 10 ministros y ministras que actualmente integran la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) cesarán en sus cargos, de acuerdo a información recopilada por Búsqueda, sea porque cumplen 70 años de edad o porque completan el período máximo de 10 años en el puesto.
La renovación de todos los ministros en un solo período de gobierno es una coincidencia inusual, que abre para el sistema político —y en particular para el próximo oficialismo— un campo rico para negociaciones y acuerdos.
En la cúpula del futuro gobierno este escenario no pasó desapercibido. De hecho, de acuerdo a las consultas realizadas por Búsqueda, las próximas autoridades tienen “muy presente” las numerosas vacantes que se generarán en los próximos cinco años en la Justicia y lo ven como una “ventana de oportunidad”.
El gobierno electo tiene como prioridad en su agenda designar a un nuevo fiscal de Corte —un cargo que ha sido cubierto de forma interina desde 2021 por falta de acuerdo político—, y ve con buenos ojos la posibilidad de negociar un “paquete” de varios cargos que le permita alinear a la futura oposición.
“Nuestra idea es darle prioridad a esas designaciones y a la Fiscalía de Corte”, aseguró Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia del futuro gobierno, consultado por Búsqueda sobre las vacantes que se generarán en la SCJ y el TCA en los próximos cinco años.
Otras fuentes del gobierno que asumirá el 1º de marzo añadieron que una posible estrategia es negociar en conjunto las cargos de los jueces y el del fiscal de Corte, como forma de destrabar el acuerdo por la Fiscalía. “No es común que suceda esto, y queremos aprovecharlo. La idea es sentarse a negociar”, aseguró uno de los informantes.
Más allá de sus intenciones, el asunto no será sencillo para el futuro gobierno. Además de la complejidad que representa la Fiscalía de Corte, el sistema político uruguayo viene de varios años de fracasos en las negociaciones para integrar la Suprema Corte y el TCA. Al punto que la mayoría de los ministros han ingresado a los máximos tribunales por antigüedad, que es el mecanismo subsidiario que prevé la Constitución para cuando no hay acuerdo político.
Para negociar, el gobierno necesita interlocutores dispuestos a conversar. Y todavía no es claro cómo se parará ante este tema la coalición republicana, representada en el Parlamento por 14 senadores (nueve del Partido Nacional y cinco del Partido Colorado) y 49 diputados (29 blancos, 17 colorados y dos de Cabildo Abierto).
De acuerdo a las consultas de Búsqueda, la futura oposición parece dispuesta a retomar las negociaciones para que la Corte y el Tribunal se integren por designación política. Más incierto es si la estrategia de negociar en “paquete” tendrá éxito.
“Si alguien tiene presente la importancia de esas designaciones, soy yo”, dijo a Búsqueda el senador electo y expresidenciable por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, quien subrayó que es el único de los interlocutores en el Senado que llega al Parlamento directamente desde el mundo judicial.
El secretario general del Partido Colorado aseguró que está “convencido de que es muy negativo para el sistema de justicia” que los ascensos para integrar los máximos tribunales “sean siempre por antigüedad porque el sistema político no se pone de acuerdo”. En esa línea, opinó que sería “muy bueno” que haya acuerdo.
No obstante, dijo que no comparte que las negociaciones tomen la forma de un “toma y daca”, buscando el apoyo de un nombre a cambio de otro. “O peor aún, que de repente el Frente quiera poner a alguien y algún voto de la oposición se termine canjeando por otra cosa que no tiene nada que ver”, siguió. “Estamos definiendo lugares clave en el manejo de la Justicia y tenemos que tratar de cuidar la selección de los perfiles para lograr la Justicia que queremos”, afirmó.
Otro senador electo del Partido Nacional dijo a Búsqueda que “no será fácil” negociar los cargos en la cúpula de la Justicia y la Fiscalía, pero aseguró que hay voluntad de conversar y de buscar acuerdos. No obstante, subrayó que los antecedentes no son alentadores y añadió que hay ciertas dudas sobre si la coalición tendrá una postura alineada.
Desde la futura oposición ven “complicado” que puedan acordarse en conjunto las vacantes en los tribunales y en la Fiscalía General. En particular, por las dificultades que representa la Fiscalía. Fuentes de la coalición subrayaron que, si bien comparten la urgencia de designar al titular de ese organismo, la persona elegida debe ser alguien “probadamente independiente” y ajeno a las divisiones internas de los fiscales. “El nombre nos tiene que encantar”, dijo un legislador.
A los cargos en la Justicia y la Fiscalía se suma, además, la integración de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas de la República, que también requiere de mayorías especiales en la Asamblea General.
A priori, oficialismo y oposición parecen compartir la intención de buscar acuerdos. “Queremos destrabar la ausencia de negociación”, insistió una fuente del futuro gobierno.
La Constitución establece que los ministros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo deben ser designados por la Asamblea General, con el apoyo de una mayoría especial de dos tercios de los votos. Si transcurren 90 días desde que se produjo la vacante y no se alcanzó esa mayoría, existe un mecanismo subsidiario que designa de forma automática al miembro con mayor antigüedad de los tribunales de Apelaciones.
Los ministros pueden ejercer el cargo por un período máximo de 10 años sin posibilidad de reelección inmediata y hasta alcanzar los 70 años de edad. Aunque puede designarse a cualquier abogado con al menos 10 años de experiencia, en la práctica “ha estado integrada predominantemente por ministros de los tribunales de Apelaciones con experiencia previa como jueces de tribunales inferiores”, describe un estudio del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
De acuerdo a información a la que accedió Búsqueda, los cinco ministros de la Corte y los cinco ministros del TCA cesarán en los próximos cinco años. La primera vacante se generará en el TCA, en abril de este año, cuando cese el ministro José Balcaldi por cumplir 70 años. También este año, en setiembre, se abrirá una vacante en la Corte, con el cese de Elena Martínez, que llegará a los 10 años en el cargo.
En marzo de 2026 será el turno de Tabaré Sosa, ministro de la Corte que cumplirá 70 años. En abril, Selva Klett dejará el TCA y en julio lo hará Ángel Cal, ambos por cumplir 70. En 2027 habrá dos vacantes en la Corte, John Pérez Brignani (cumple 70 en marzo) y Bernadette Minvielle (llega a los 10 años en agosto). En 2028 se irán William Corujo (en abril cumple 10 años en el tribunal) y Rosina Rossi, que cumple 70 años en setiembre. Finalmente, en setiembre de 2029 deja la Corte Doris Morales, con 70 años.
Si el sistema político no logra ponerse de acuerdo para designar a los nuevos ministros que cubrirán esas vacantes, ingresarán a la Corte y el TCA los ministros de apelaciones más antiguos.
Actualmente, el ministro más antiguo es Alberto Reyes, juez del Tribunal de Apelaciones Penal de 1er turno. Le siguen los ministros Julio Alfredo Posada (Tribunal de Apelaciones de Trabajo), María del Carmen Díaz (Familia), Álvaro José Franca (Civil), Sergio Torres (Penal), Daniel Tapié (Penal), Julio Olivera Negrín (Penal), Edgardo Ettlin (Civil), Eduardo Cavalli (Familia) y Loreley Opertti (Civil).
Hoy también está vacante el titular de la Fiscalía General de la Nación, un cargo que es designado por el Poder Ejecutivo con venia del Senado, para lo que necesita tres quintos de los votos de la cámara.
El poder que acumuló la Fiscalía tras la reforma del proceso penal de 2017 —que dejó en sus manos la conducción de las investigaciones penales—, sumado a las crecientes críticas de algunos actores políticos por la supuesta politización del organismo, complicaron el escenario al punto tal que, tras la renuncia de Jorge Díaz en octubre de 2021, fue imposible acordar un nombre para sustituirlo. Por el momento, la institución está en manos de la fiscal subrogante Mónica Ferrero.
En varias oportunidades en el pasado el Parlamento acordó la designación de ministros en forma de “paquetes”, contemplando las sucesivas vacantes en la Corte y el TCA, aunque no siempre llegaron a buen puerto.
A mediados de 2021, una negociación liderada por el entonces senador blanco Gustavo Penadés y la frenteamplista Lucía Topolansky había logrado cierto consenso detrás del nombre de la jueza Graciela Gatti —que hoy preside un tribunal internacional en La Haya— para la Fiscalía de Corte. Pero el acuerdo incluía la designación de Díaz como ministro de la SCJ, lo que provocó la firme negativa de los representantes de Cabildo Abierto y terminó por naufragar.
La última ministra que ingresó a la SCJ por acuerdo político fue Bernadette Minvielle en 2017. Desde entonces no hubo más acuerdos y terminó primando el criterio de la antigüedad.
Según un análisis de los procesos de nombramiento de los 31 ministros que integraron la Suprema Corte entre 1985 y 2024, llevado a cabo por las politólogas Florencia Antía y Daniela Vairo del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho estatal, 15 fueron nombrados a través de un acuerdo político en el Parlamento (48%), ocho asumieron por designación automática (antigüedad) y otros ocho fueron votados por tratarse de los ministros más antiguos, pero se adelantó la designación para cubrir el cargo sin esperar que se venza el plazo de 90 días (52%).
De acuerdo con entrevistas que realizaron las investigadoras a personas que participaron como asesores en los procesos de designación, los legisladores no buscan candidatos fuertemente alineados con su partido, sino que procuran nombrar a ministros que no los incomoden, y tienen en cuenta el contenido de las sentencias que redactan. Una de las personas consultadas dijo que existe una conexión política en el sentido de que cuando se negocia “no se piensa en términos de cuál sería el mejor ministro”, sino que se analizan cuestiones como “este tiene sensibilidad más de derechos humanos, este no; este es más de izquierdas, este no; este en este caso falló tal cosa”.