La documentación presentada es pública y está disponible en el sitio web de la Corte Electoral. Es, también, tan básica que resulta imposible controlar que su contenido sea real. De hecho, ni siquiera la Corte Electoral lo hace.
El año pasado, tras investigar el tema, Búsqueda informó que en 15 años de aplicación de la ley, la Corte Electoral nunca investigó de oficio denuncias de financiamiento irregular de la campaña. Tampoco analizó el contenido de las declaraciones que recibía por parte de los partidos y tan solo se dedicaba a revisar que hubiesen cumplido con las formalidades exigidas.
Y no es que faltaran casos para analizar. Después de las elecciones de 2019, por ejemplo, en Búsqueda publicamos un artículo donde quedaba claro que alguien no le había dicho la verdad a la Corte Electoral. El equipo del entonces senador electo Juan Sartori había entregado una declaración en la que aseguraba que todos los gastos habían corrido por cuenta del empresario devenido en político. Sin embargo, otro dirigente de su sector, Pablo Viana, realizó préstamos a algunos candidatos, entre ellos Álvaro Dastugue, y registró esos créditos a su favor en la declaración jurada que presentó ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).
“Él me bancó el dinero que me tocaba aportar en la campaña nacional y yo le estoy pagando mensualmente”, declaró a Búsqueda entonces Dastugue, y señaló que de la rendición de cuentas se encargaron “los contadores de comando de Juan Sartori”.
Juan Sartori de perfil.JPG
Mauricio Zina / adhocFOTOS
No fue una investigación de meses. Era cuestión de buscar y leer documentos en poder de los organismos del Estado y de acceso libre. En aquel entonces, año 2020, consulté en la Corte Electoral y la respuesta fue que no tomaban casos de oficio por falta de personal y presupuesto. Ni siquiera cuando un medio lo había probado y los documentos estaban en poder de las autoridades.
Hay que decirlo todo: gran organizadora de actos eleccionarios, la Corte.
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¿Cuánto gastan los partidos en las campañas electorales?
Debido a la falta de información clara, hay que reformular esa pregunta.
¿Cuánto declaran que gastan los partidos en las campañas electorales?
Estas son unas pocas cifras que surgen de los documentos entregados a la Corte Electoral luego de los últimos tres balotajes. Son los gastos de las candidaturas presidenciales de cara a la segunda vuelta, buena parte financiadas con aportes privados.
Además de entregar información en los períodos electorales, los partidos deben presentar rendiciones de cuentas anuales, por fuera del período electoral. En ellas surgen los siguientes datos de ingresos y egresos de las estructuras partidarias.
Aunque hay aportes privados y de militantes, el centro del financiamiento anual —no del proceso electoral— proviene del Estado.
Los datos muestran que los partidos políticos reciben financiamiento directo e indirecto del Estado, ya sea por la vía del pago por voto recibido o por el porcentaje del sueldo estatal que les retienen a los militantes que ocupan cargos. El artículo 39 de la ley de financiamiento establece que el Estado aportará a los partidos políticos con representación parlamentaria una partida anual equivalente al valor de 4 UI (cuatro unidades indexadas) por cada voto obtenido en la última elección nacional. “La autoridad partidaria distribuirá mensualmente las partidas recibidas entre los sectores y listas de candidatos (ambos con representación parlamentaria), dejando para el funcionamiento del partido político un monto que nunca podrá ser inferior al 20% (veinte por ciento)”. De acuerdo con los datos a 2023, se presentan a continuación los montos obtenidos a través de los cargos de gobierno y del artículo 39.
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Un futuro imperfecto
La campaña electoral previa a las elecciones de 2029 se regirá por una nueva ley, aprobada en la legislatura pasada. Introduce mejoras a los controles, como el hecho de que el Tribunal de Cuentas deberá auditar la información que entregan los partidos políticos. Además, incorpora a las elecciones internas dentro del período “controlable”. Mejora la trazabilidad del dinero que ingresa a las arcas de los partidos y baja el monto autorizado para donaciones anónimas.
Y sin embargo, la norma aprobada deja puntos ciegos. En una entrevista con Búsqueda el año pasado, antes de que fuera sancionada la ley, la líder del equipo de Compliance Regional del estudio Ferrere, Carla Arellano, mencionó varios, como la falta de claridad en cuanto a la identificación de los donantes, la ausencia de mecanismos claros para que los distintos organismos del Estado que tienen información valiosa, como la Secretaría Nacional contra el Lavado y el Banco Central, colaboren con la Corte Electoral en el análisis. “En un sistema ideal, transparente”, sería necesario saber de una persona jurídica que dona dinero “quién es el beneficiario final, quiénes son los accionistas, qué grupo económico integra”.
Arellano dijo que se perdió una oportunidad de regular el lobby, el enriquecimiento ilícito y la corrupción privada. “Si yo no sanciono a las empresas que dan un aporte indebido a un partido político, por ejemplo, el sistema queda rengo en esa pata”, explicó.
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Una advertencia
Robar para la corona
El concepto que disparó el tema de esta newsletter me hizo acordar a otra entrevista publicada por Búsqueda, en esa ocasión con el director del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), Kevin Casas.
“La gran mayoría de los países que legisla en materia de regulación del financiamiento político lo hace como resultado de grandes escándalos, que tienen un impacto usualmente muy grande en la credibilidad del sistema político. Ojalá que Uruguay no llegue ahí”, dijo Casas.
Los académicos Andreas Feldmann y Juan Pablo Luna han advertido sobre el riesgo de que el crimen organizado se infiltre en la política. Ven a las élites políticas y empresariales uruguayas con la guardia baja, porque creen que las dinámicas que se dan en otros países aquí no llegarán. “Pero ¿por qué Chile y Uruguay tendrían que ser distintos a esos otros países?”, se preguntan. “El Estado en realidad no tiene los recursos, está mal preparado y está complaciente”.
Constructora brasileña Odebrecht
Constructora brasileña Odebrecht
Esta edición de Derroteros no debe ser leída como un ataque a los partidos. La política es una actividad muy importante, repleta de gente honesta que resigna tiempo y dinero para embarcarse en una tarea que busca mejorar la vida de las personas. Es a ellos a los que más protegería una buena regulación del financiamiento de la política.
En una conversación que tuvimos días atrás, Carlos Petrella, grado 5 en la Facultad de Ciencias Económicas y experto en gestión de crisis, planteó una visión interesante sobre el financiamiento de la política y los riesgos de su mala resolución.
Recordó que en un estudio de caso del escándalo de corrupción de Odebrecht, en Brasil, escribió que “uno de los temas que se repite a lo largo de Latinoamérica es que el financiamiento de los partidos políticos no está definido claramente, se requieren muchos fondos para financiar las campañas políticas, cada vez más”. Según su descripción, “frente a la creciente necesidad de fondos para ganar elecciones o mantener cuotas de poder políticos, existe desde luego la posibilidad de recurrir a fuentes de financiamiento espurias. Para generar financiamiento, de lo que se dispone es del poder sobre los bienes públicos, de los contratos de inversión y se utiliza estos para obtener recursos de los proveedores pagándoles a estos sobreprecios por los trabajos”.
¿Hay que esperar a que explote todo por los aires?
Una pregunta que se abre y que puede levantar polémica es si el Estado debería aumentar el aporte económico a los partidos.
Algunos de ustedes que leen esto van a querer ir a buscarme a la redacción. Aclaro que no es una propuesta, sino una invitación a dialogar. Antes de ir hasta la calle Pablo de María a preguntar por mí, te invito a que me escribas un mail con tu mirada sobre el tema a [email protected].
