Desconocimiento, simpatía y dificultad
El plebiscito sobre seguridad social consiste, a grandes rasgos, en una enmienda constitucional con tres ejes: establecer a los 60 años de edad y 30 de trabajo el derecho a acceder a la causal jubilatoria, equiparar la jubilación mínima con el salario mínimo nacional y eliminar las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP). Además del PIT-CNT, impulsan la iniciativa la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido por la Victoria del Pueblo, entre otras organizaciones sociales y políticas.
Un informe elaborado por la Usina de Percepción Ciudadana es uno de los elementos que hasta ahora ofrece más pistas sobre el posible comportamiento del electorado. Según la encuesta —cuyos datos se recabaron entre el 19 y el 22 de julio con una muestra de 500 personas—el 29% del electorado tiene una posición favorable a la iniciativa, el 33% no va a votarla y otro 33% no tomó todavía una decisión. El restante 5% prefirió no responder a las preguntas.
Dos de los puntos que propone la papeleta recogen niveles de respaldo mayores. Por ejemplo, consultados respecto a la equiparación de la jubilación mínima con el salario mínimo nacional, el 54% dijo estar “muy de acuerdo” y el 26% “de acuerdo”. Algo similar, aunque en menor medida, sucede con la propuesta de que se acceda a la jubilación a los 60 años de edad y 30 de servicio: el 41% se expresó “muy de acuerdo” y el 28% “de acuerdo”.
Con la eliminación de las AFAP, los niveles de apoyo descienden de forma significativa. El porcentaje de personas que están “muy de acuerdo” es de 22% y las que están “de acuerdo” es de 17%.
En mayo, la consultora Cifra dio a conocer los resultados de una encuesta que realizó sobre el tema. En su caso, preguntó si estaban a favor o en contra de derogar la reforma de la seguridad social. El estudio mostró un 41% a favor de derogar la reforma de la seguridad social (es decir, a favor del plebiscito), un 37% en contra y un 22% sin posición definida.
Factum todavía está realizando el trabajo de campo para medir la opinión de la ciudadanía sobre el tema. Consultado por Búsqueda, su director Eduardo Bottinelli explicó que el plebiscito es un tema que incluso reviste dificultades para las consultoras a la hora de formular las preguntas. Si simplemente se pregunta a los encuestados si están a favor o en contra de la iniciativa, se corre el riesgo de que haya una sobrerrepresentación de quienes no tienen una posición tomada. Si se da información más específica sobre los detalles de la iniciativa en las preguntas, el peligro es condicionar las respuestas.
En esa línea, dijo que hay puntos de la consulta popular como la equiparación de la jubilación mínima al salario mínimo o como establecer en 60 años de edad el acceso a la jubilación que tienden a recoger “simpatía”. En contrapartida, concedió que representa una dificultad explicar los motivos por los que incluir estos cambios en la Constitución puede resultar inconveniente.
La consultora Opción dará a conocer la semana próxima los resultados de un estudio al respecto. Sin adelantar cifras, su director Rafael Porzecanski dijo a Búsqueda que ven “todavía” a “un sector importante” de la población “escasamente informado”.
Para la Cámara de Comercio, que decidió iniciar una campaña de difusión sobre los problemas que podría generar la aprobación del plebiscito, la falta de información que muestran las encuestas es motivo de inquietud. “A la gente le han dicho que se cambian tres cosas, y no es cierto, se cambian 12, 15, 20 cosas. Entonces, la falta de información induce a tomar decisiones equivocadas. ¿Quién le dice que no a la propuesta de trabajar menos y cobrar más, como me dijeron a mí en la feria?”, dijo su directivo Carlos Matyszczyk, ex gerente general de República AFAP.
En su opinión, en la primera etapa de la campaña “no fue suficiente” el trabajo que realizó el gobierno para explicar la reforma y los problemas que podía generar el plebiscito. “La estrategia elegida de repente tiene el inconveniente de que hoy se encuentra más gente desinformada de la que podía encontrarse si la estrategia hubiera sido otra”, dijo.
Consultado sobre la preocupación de políticos y empresarios que temen porque el plebiscito prospere, el director de Equipos Consultores, Ignacio Zuasnabar, dijo a Búsqueda: “Está bien que estén preocupados porque hay mucha desinformación sobre el tema”.
El sociólogo coincidió con Bottinelli en que los argumentos a favor pueden ser más sencillos de transmitir y despertar mayor “simpatía” en la opinión pública.
La desinformación tampoco es vista como una ventaja por los promotores del plebiscito. El dirigente sindical de la educación privada Sergio Sommaruga dijo a Búsqueda que esto es particularmente problemático para sus propósitos en el caso de la propuesta de eliminación de las AFAP. Sobre ese punto es donde los opositores a la propuesta siembran más “incertezas” y es un asunto sobre el que mucha gente “no tiene la más pálida idea”, aunque el sistema la perjudique, señaló.
Gestión de diferencias y estrategia sindical
El lunes 5 de agosto, el Frente Amplio reeditó su postura de dar “libertad de acción” sobre el plebiscito de reforma de la seguridad. Ese camino es el que adoptó durante la fase de recolección de firmas que terminó en abril pasado.
La fuerza política reconoció, en una declaración emitida ese mismo día, que la libertad de acción implica reconocer que existen en la interna “distintas valoraciones” y que no deben admitirse “ni imposiciones ni prohibiciones”. Fue por esa vía, señala el texto, que lograron “transitar en unidad y con inteligencia” la etapa anterior de la campaña por el plebiscito.
La declaración, además, sostiene que es necesario “reconocer la voluntad de los sectores que integran la fuerza política al momento de ensobrar la papeleta del plebiscito de reforma de la seguridad social o no hacerlo con las listas que se distribuirán en los espacios comunes”. A su vez, llama a que, a “la hora de defender públicamente las legítimas posiciones” sobre el tema, se evite “la atribución de intenciones que pongan a compañeros y compañeras de la fuerza política o a las organizaciones sociales en contraposición a los principios y valores que enmarca” el “proyecto político” del Frente Amplio.
Durante la sesión de la Mesa, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, aclaró que la resolución habilita a la distribución de papeletas en lugares comunes como coordinadoras y comités de base, de la misma manera que antes se había permitido la recolección de firmas en esos espacios.
La libertad de acción, no obstante, deja interrogantes sobre qué tanta iniciativa tomarán en el debate los frenteamplistas que se oponen a la reforma. En el entorno del candidato Yamandú Orsi no son pocos quienes consideran que su aprobación podría condicionar severamente la conducción económica del próximo gobierno. Al respecto, un senador que respaldó al ahora candidato durante las internas descartó que se vaya a realizar una campaña en contra de la propuesta, pero subrayó que no se privarán de opinar si son consultados.
La candidata a la vicepresidencia, Carolina Cosse, tiene previsto explicitar en los próximos días su posición en el tema, algo que le han reclamado los sectores que se oponen al plebiscito.
Por su parte, en la interna sindical todavía está en discusión el documento con insumos técnicos en el que se basarán para esta segunda etapa de la campaña. Según explicó Sommaruga a Búsqueda, el documento se compone de aportes del Instituto Cuesta Duarte, del abogado Juan Ceretta y del economista Antonio Elías, además de contener valoraciones políticas propias de los integrantes del comando. La semana próxima se pondrá a consideración del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y luego de la Mesa Representativa. Una vez aprobado, pedirán reuniones con los distintos partidos políticos para presentarles el trabajo.
Fuentes de la corriente sindical Articulación relativizaron la participación del Cuesta Duarte en este proceso. Según dijeron, su tarea se limitó a dar insumos ante requerimientos concretos del comando, pero “nunca tuvo nada que ver con los documentos”.
Consultado sobre la estrategia que seguirán en estos meses de campaña, Sommaruga dijo que tienen prevista la realización de dos giras nacionales, una que comenzará en las próximas semanas y otra de cierre de campaña más cerca de octubre. También señaló que los recursos económicos que manejan son escasos, por lo que buscarán ser eficientes en el manejo de canales de comunicación alternativos.
Para tener más insumos de opinión pública, el dirigente contó que encargaron un informe a una consultora. Uno de los principales propósitos es tener un “perfil de las personas indecisas” para “calibrar mejor” a dónde apuntar la campaña.
