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Sueldos bajos y exposición alta: los factores que desalientan a los técnicos que rechazan sumarse al gobierno
En las últimas semanas, casi una decena de expertos que fueron sondeados para asumir cargos en el futuro gobierno del Frente Amplio declinaron la propuesta; se trata de un problema de larga data en el Estado uruguayo, que no puede competir con el sector privado en los rubros que requieren alta especialización
Yamandú Orsi durante la presentación del nuevo gabinete de gobierno en el ballroom del Hotel Radisson en Montevideo, diciembre 2024
El armado de un equipo de gobierno es un proceso complejo. Tiene que contemplar las pretensiones de los sectores, las aspiraciones individuales, los equilibrios políticos —y hasta de género y edad—, además de la idoneidad para la tarea. Son cientos de cargos para llenar, desde los más altos y de mayor perfil político hasta mandos medios y de perfil técnico. Todo esto en un período de tiempo relativamente corto, los tres meses de transición de gobierno.
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Para complicar más el asunto, hay dos factores que a veces se interponen como obstáculo: salarios poco competitivos y alta exposición pública. Para quienes se dedican a la política, las ventajas de ocupar cargos de responsabilidad en el Estado son claras y la exposición es incluso deseable, pero para quienes no tienen a la política como su principal actividad —quizás militan o tienen afinidad ideológica con un partido— la oferta puede ser menos seductora, en particular si son técnicos altamente especializados.
El factor económico fue un dolor de cabeza para el armado del gobierno de coalición liderado por Luis Lacalle Pou en 2020 y vuelve a ser un problema ahora, que asume una nueva administración del Frente Amplio. Según dijeron a Búsqueda fuentes políticas que participan de las negociaciones para el armado de los equipos, en las últimas semanas casi una decena de personas rechazaron propuestas para asumir cargos jerárquicos en entes y servicios descentralizados del Estado.
El tema salarial fue uno de los motivos esgrimidos —en varios rubros, como la ingeniería, la informática o la medicina, las retribuciones son considerablemente más altas en el sector privado que en el público—. Se trata de un problema de larga data para la administración pública: cuanta más especialización técnica requiere un cargo, más difícil es competir con los montos que se perciben en el ámbito privado.
El dinero, no obstante, no es el único desestímulo. También pesa la alta visibilidad que conllevan los cargos públicos, que implica estar expuestos a las críticas, desde los cuestionamientos a la gestión hasta los comentarios de índole personal, incluidos los insultos o “escraches” en redes sociales.
Las negativas a integrarse al elenco de gobierno fastidiaron a algunos dirigentes frenteamplistas, que entienden que es reflejo de una “falta de compromiso político”, que no condice con una “sensibilidad de izquierda”. Otros, en cambio, entienden que el “costo” a pagar para asumir un cargo de visibilidad pública es “cada vez mayor” debido a la sobreexposición que provocan las redes sociales. Según expresó un integrante del futuro gobierno, “eso ha alejado a mucha gente de la política”.
“No es falta de compromiso, aunque pueda haber algo de eso. Es que hoy hay una exposición y un escrutinio muy grande a través de las redes, estás sujeto a que te saquen fotos y te critiquen por cualquier cosa. Es una barrera fuerte que encontramos, más que lo económico”, añadió este dirigente.
En varios casos, las personas que fueron sondeadas se pusieron a disposición para trabajar como asesores o colaborar con la gestión de alguna forma; lo que rechazan es estar en la “primera línea”.
Hay otros factores que desalientan a los expertos. En el sector académico, por ejemplo, es perjudicial estar un largo período de tiempo sin producir o publicar trabajos. Entonces, tomar la decisión de alejarse de la academia durante cinco años puede ir en detrimento de la carrera académica.
Una fuente del gobierno entrante que reconoció ciertas dificultades subrayó, no obstante, la “gran cantidad de expertos” de alto nivel que se sumaron al nuevo elenco y lo atribuyó a la “alta expectativa” que crea la próxima administración frenteamplista.
Por el momento, las autoridades entrantes no han anunciado los equipos que estarán al frente de empresas públicas de peso como Antel, UTE y Ancap, entre otros organismos y servicios descentralizados. Según supo Búsqueda, algunos cargos todavía están pendientes de ser confirmados y hay negociaciones en marcha. El objetivo del nuevo elenco de gobierno es tener todos los equipos cerrados sobre el final de esta semana.
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Torre de las Telecomunicaciones, sede de Antel.
Cuando trabajar en el gobierno implica “perder plata”
Cinco años atrás, las entonces autoridades entrantes lidiaban con este mismo problema, cuando algunos de los técnicos sondeados para asumir cargos en empresas públicas o de dirección en ministerios rechazaron la oferta, según informó El Observador en enero de 2020. Además de la resignación salarial, los técnicos alegaron que estaban en momentos de alto rendimiento en sus carreras y que no querían asumir el alto estrés de los cargos ofrecidos, reveló el medio. Algunos se pusieron a disposición para colaborar pero no desde funciones ejecutivas.
Es que ingenieros, médicos, empleados del sector bancario o abogados de firmas privadas suelen “perder plata” al pasar al ámbito público, en el que los sueldos están topeados en el 60% del salario del presidente de la República (aunque se habilitan excepciones). El líder del Poder Ejecutivo percibe un salario nominal de $ 1.068.404 ($ 571.196 líquido).
Son varios los jerarcas que subrayan el “sacrificio” económico cuando aceptan una posición en el organigrama estatal, a modo de subrayar su compromiso con el partido o con la gestión de lo público.
El presidente saliente del Banco República, Salvador Ferrer, explicitó el problema en una reciente entrevista con Búsqueda. Dijo que no continuaría en la gestión del banco estatal, aunque le ofrecieran un cargo como director de la oposición, “por un tema económico”. “El sacrificio económico familiar ha sido muy grande y es algo que puede hacerse temporalmente, porque es un desahorro muy significativo. Está muy mal. Es algo a trabajar y a resolver”.
Además, quienes ocupan cargos electivos o por designación política deben aportar un porcentaje de su sueldo al partido y/o al sector al que pertenecen.
En la administración central, un ministro de Estado percibe $ 360.518 nominales, un subsecretario $ 306.441, un director general de Secretaría $ 252.363 y un director nacional $ 216.311.
En las empresas públicas hay otras escalas, y se da la particularidad de que los presidentes, con sueldos topeados, ganan bastante menos que los gerentes generales. Por ejemplo, en Antel, UTE y Ancap los presidentes ganan unos $ 170.000 nominales más unos $ 70.000 por gastos de representación. Los directores perciben unos $ 200.000, por ambos rubros.
Mientras, el gerente general de Ancap gana $ 466.000 nominales, el de UTE $ 460.000 y el de Antel unos $ 290.000.
El actual gobierno quiso aumentar las remuneraciones de los presidentes de los entes en el proyecto de ley de Presupuesto, pero la iniciativa fue criticada por propios y ajenos y no prosperó. La ministra de Economía saliente, Azucena Arbeleche, justificó la medida en que se necesitaba que “las mejores personas se pongan al frente” de las empresas. En la misma línea, el entonces director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Conrado Ramos, dijo a Búsqueda que era “absurdo que los presidentes de empresas —que tienen una participación enorme en el PBI y son proveedoras de servicios importantes— estén ganando aproximadamente la tercera parte que lo que cobran sus gerentes”.
