Las otras tres fiscalías especializadas son lideradas por Stella Llorente, Rodrigo Morosoli y Romano, quienes se dedican solo a los casos de microtráfico, en línea con la política del Ministerio del Interior durante la gestión de Luis Lacalle Pou, que puso foco en combatir la venta de drogas a pequeña escala. En total, las tres sedes tienen unos 800 casos en curso.
Colaboradores y vigilancia
Para avanzar en las investigaciones, los fiscales cuentan con diversas técnicas previstas en la legislación, como la vigilancia electrónica, la figura del colaborador o la entrega vigilada. Estas últimas dos son utilizadas con frecuencia para casos de tráfico internacional, donde se acuerda una operación con otro país —o incluso más de uno— para que un cargamento de droga pase la frontera mientras es controlada hasta que la cruza.
En las investigaciones sobre delitos vinculados con estupefacientes, a gran escala, también son “muy importantes” los datos que puedan aportar “colaboradores”, señalaron fuentes cercanas a las investigaciones fiscales, que pueden acordar de forma “protocolizada” la reducción de la pena (hasta la mitad del mínimo y del máximo) o incluso no penar. Esta herramienta está prevista en el artículo 63 de la Ley Nº 19.574 contra el lavado de activos. En esos casos, se tiene en cuenta la importancia de la información, que puede ser la revelación de la identidad de los autores o encubridores y por tanto la declaración permite su imputación o un “progreso significativo” de la investigación. También puede tratarse de información que permita incautar drogas, dinero, armas u otros elementos. Para la exención de pena, “se valorará especialmente la información que permita desbaratar una organización”, establece la normativa.
Otra de las posibilidades previstas es la incorporación de agentes encubiertos, que en Colombia es utilizada para que policías entren en las organizaciones criminales. En Uruguay esta técnica es peligrosa por la escasa cantidad de habitantes.
Los investigadores están interesados en la creación de un “banco de datos” sobre la droga incautada para “estandarizar” la trazabilidad de las sustancias. Algo similar se realiza en Estados Unidos, explicaron fuentes de la Fiscalía, y permite vincular cargamentos. De acuerdo al grado de pureza y la contextura de las drogas se puede hacer un “mapeo” de las organizaciones en relación con el tipo de droga que comercializan.
En los casos de microtráfico, los tres fiscales basan sus investigaciones en la vigilancia, tanto electrónica como presencial, donde se documentan con fotografías y filmaciones los operativos. Los fiscales realizan varios procedimientos por semana junto a la Policía, a través de los cuales obtienen información, para luego solicitar la autorización judicial de allanamiento de las bocas de venta de droga. Es un “trabajo engorroso”, porque deben obtener evidencia suficiente para justificar el ingreso y porque los detenidos no suelen aportar información.
Una dificultad a la que se enfrentan es el cambio de los procedimientos de los delincuentes, que al conocer las tácticas de investigación resuelven modificar las estrategias. Los fiscales se sienten “como el coyote y el correcaminos”, graficó una de las fuentes consultadas, porque los delincuentes están “un paso adelante”, por lo que, consideran, se deberían “revisar” los criterios.
También señalan que se deberían “aggiornar” las herramientas técnicas disponibles para las investigaciones. Una posibilidad es la incorporación de escuchas ambientales, como se hace en España.
En las bocas de venta de drogas, las sustancias que se incautan son pasta base, cocaína y marihuana. Sin embargo, en el último tiempo advierten que al ingresar a los lugares encuentran poca cantidad de sustancias. Los fiscales de estupefacientes reconocen que también hay drogas sintéticas en circulación, como el LSD o el éxtasis —del cual incluso existe producción nacional—, a las que no están enfocados, porque quienes las venden utilizan “otras dinámicas o modalidades”, como el delivery, y eso requiere adaptar el enfoque.
Según datos publicados por la Fiscalía General de la Nación, entre 2019 y 2022 fueron condenadas 5.336 personas vinculadas a delitos de estupefacientes. Del total de los condenados, siete de cada 10 fueron hombres de entre 18 y 35 años.
El caso más destacado en los últimos años fue el de Martín Mutio, que fue condenado a 15 años de prisión por delitos de lavado de activos y tráfico de estupefacientes, una sentencia que fue establecida por el Tribunal de Apelaciones en junio de 2023, luego de que en primera instancia resultara absuelto. El hallazgo en el Puerto de Hamburgo de 4,5 toneladas de cocaína en una exportación de soja, en agosto de 2019, fue lo que inició las indagatorias a cargo de Ferrero.
Para la Fiscalía, ese caso “marcó un hito” y dio “credibilidad” a Uruguay a nivel internacional, en relación con las investigaciones que se realizan.
Testigos amenazados
El aumento del tráfico de drogas implica también que en paralelo se haya incrementado la cantidad de personas que son víctimas y testigos de estos delitos. La directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, Mariela Solari, puso sobre la mesa en el Parlamento la problemática con relación al ingreso de personas al programa de medidas especiales de protección, en su mayoría por haber sido testigos de homicidios o delitos vinculados a estupefacientes.
Solari graficó el tema con cifras: mientras que en 2021 atendían al 16% de los testigos, en el año 2022 aumentó al 24%. El año pasado fueron acompañados 3.642 víctimas y testigos nuevos en total, que se sumaron a los 3.000 que ya se encuentran en seguimiento por causas que aún están en investigación.
La normativa vigente establece que pueden ser sometidos a medidas de protección —como custodia policial, comparecencia de manera reservada o hasta la reubicación con otro nombre y nuevos documentos de identidad, además de una asistencia económica— cuando existan “sospechas fundadas” de que “corre grave riesgo su vida o integridad física tanto de ellos como de sus familiares”.
Recurrir a la violencia, las amenazas y a los asesinatos como formas de silenciar a testigos —también a investigadores— es una dinámica usual de los grupos de crimen organizado vinculados al narcotráfico. En los últimos años hubo varios fiscales asesinados en la región, como en 2022 les sucedió al paraguayo Marcelo Pecci en Colombia y a la ecuatoriana Luz María Delgado: ambos tenían causas relacionadas al tráfico de estupefacientes.
Para una de las fuentes consultadas, los países de la región comenzaron a “tomar conciencia” sobre el peligro para los investigadores a partir del asesinato de Pecci. Por ese caso fueron condenadas cuatro personas. Marset fue señalado por el presidente de Colombia Gustavo Petro, aunque el fiscal general de ese país, Francisco Barbosa, negó que existiera evidencia en ese sentido.
Las amenazas a la fiscal Ferrero, en mayo de 2020, marcaron un cambio inédito para Uruguay. “Hola, Mónica Ferrero. ¿Cómo le va? Espero que le vaya bien. Estamos un poquito enojados con la parte de narcóticos”, empezaba diciendo el mensaje, que agregaba: “Queremos que nos respeten ustedes, para que nosotros los podamos respetar. A partir de ahí no va a haber atentados ni contra las entidades a cargo de usted ni contra usted. Si siguen haciendo las cosas difíciles contra nosotros, vamos a ser un poquito más duros”, continuaba. El texto estaba firmado por el PCU, que se presentaba como el primer cártel uruguayo.
Desde ese momento la fiscal tiene custodia permanente.
Mismo presupuesto, delito principal
En la comparecencia en el Parlamento de una delegación de la Fiscalía, en el marco de la Rendición de Cuentas, que fue encabezada por el fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir le consultó por qué no solicitó ningún incremento de presupuesto para la investigación penal relacionada con el narcotráfico, para ser utilizado en 2023, 2024 y el primer año del próximo gobierno, teniendo en cuenta que el país tiene un “desafío muy grande” con su combate.
Al respecto, el director general del Ministerio Público respondió que los cambios introducidos en la última Rendición de Cuentas aprobada —que incluyó la creación de una nueva sede— habilitaron una reorganización del trabajo y que “los números que se manejan no son elevados para pensar en una quinta fiscalía”.
Los delitos de narcotráfico también repercuten en el trabajo de otras fiscalías, porque están relacionados con la corrupción y son considerados precedentes del lavado de activos. Es el dinero de la venta de drogas el que los delincuentes buscan luego integrar al sistema financiero. Lo hacen, por ejemplo, a través de depósitos, giros, la compra de vehículos de alta gama o inmuebles.
Según surge de la última Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, el narcotráfico y los delitos conexos fueron las principales actividades delictivas investigadas por el Ministerio del Interior entre 2017 y 2021, año en que alcanzaron por primera vez más de la mitad del total de las indagatorias.
El informe, publicado en julio de 2023, fue elaborado por el consultor internacional Alejandro Montesdeoca, en coordinación con la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y con el apoyo del Banco Central. Establece que el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas sigue siendo la principal “amenaza”, porque es el primer delito individualmente considerado con mayor cantidad de personas imputadas, de acuerdo a información estadística proporcionada por la Fiscalía, y también el primer delito del cual existen investigaciones por lavado de activos en la Policía.
