La “ley del libro”, que el gobierno intenta suprimir mediante una nueva norma o por decreto, establece un precio uniforme de venta al público y una defensa de la actividad librera
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáBuenos Aires es la ciudad con mayor cantidad de librerías por kilómetros cuadrados de América Latina. Y también es importante la cantidad de librerías en las principales ciudades del interior argentino. Las librerías entonces —y por supuesto los libros— forman parte central de la identidad cultural y urbana del país. Y también de su historia. La Revolución de Mayo de 1810, donde comienza el proceso de independencia de España, rápidamente funda la Biblioteca Nacional, un periódico y también una librería. Hacia 1837, la generación que lleva ese nombre comienza a reunirse en una librería y funda la tradición democrática (con una línea liberal y otra romántica) que va a crear la Argentina moderna del siglo XIX, cuyos principales nombres son Sarmiento, Alberdi, Echeverría, etc. Podríamos dar decenas de ejemplos más, pero mejor detenernos aquí para no abrumar.
Pues esa tradición de las librerías, los libros y la cultura en general se halla amenazada como nunca en democracia. El gobierno de Milei, como una topadora enceguecida, lleva adelante un proceso de ataque destructivo contra las principales instituciones culturales estatales (en verdad es un proceso de ataque destructivo contra mucho más allá de las instituciones culturales —comenzando por la clase media, muy amenazada económicamente— pero centrémonos solo en la cultura, tema que atañe a este artículo). El gobierno envió una ley al Congreso que implicaba el cierre del INCA (Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales) y del FNA (Fondo Nacional de las Artes), instituciones muy respetadas que otorgan subsidios y créditos a la producción cinematográfica, en el primer caso, y al resto de las artes, en el segundo. Del FNA, Astor Piazzola fue becario, por dar otra vez solo un ejemplo representativo. Lo curioso del asunto es que ambos organismos se autofinancian (con un porcentaje de la venta de entradas al cine y con aportes de otras instituciones privadas) y, por lo tanto, no reciben aportes del Estado. ¿Entonces por qué querer cerrarlos? Se abre aquí una discusión o un enigma. Es probable que el avance del gobierno de Milei contra la cultura tenga que ver, ante todo, no con razones económicas, sino más bien ideológicas. Eso explicaría también el intento de derogación de la llamada “ley del libro”, también conocida como “ley de la actividad librera”, otro punto central en la discusión cultural de estos días en Argentina sobre el que vale la pena explicar el contexto en que se juega.
La Ley 25.542 —tal su nombre burocrático—, de precio uniforme de venta al público y de defensa de la actividad librera, establece que los editores deben fijar el precio de venta de los libros que se publican y que este debe ser el mismo en todos los puntos de venta. ¿Por qué es importante esto último? Lo explica el editor y ensayista Alejandro Katz en un reciente artículo sobre el tema publicado en el diario porteño La Nación (periódico conservador que, sin embargo, como la inmensa mayoría del mundo cultural, se opone a estas medidas): “Así, los diferentes intermediarios en la comercialización de libros no pueden competir entre ellos utilizando el precio —haciendo descuentos sobre el precio— como una variable para atraer a los consumidores. El propósito es evitar que los supermercados, las grandes superficies, las cadenas de librerías y las plataformas digitales desplacen a las librerías ofreciendo descuentos que aquellas no podrían dar a sus clientes. Los grandes jugadores no solo pueden hacer dumping, es decir, vender al costo o por debajo del costo, también pueden obtener condiciones de compra muy ventajosas respecto de las librerías”. Dinamarca estableció el primer acuerdo de defensa de las librerías independientes a mediados del siglo XIX. Alemania lo hizo en 1888. Hoy leyes como la argentina rigen en países como España, Francia, Italia, Japón, Noruega, México, Países Bajos, Austria y decenas de países más. La Ley 25.452 no tiene absolutamente ningún costo fiscal (no implica subsidios, subvenciones ni exenciones impositivas) y contribuye sustancialmente a la existencia y el desarrollo de un robusto y diverso ecosistema del libro y la cultura escrita conformado por autores, traductores, correctores, diseñadores, ilustradores, editores, distribuidores, libreros y lectores.
Si la ley se deroga, veríamos a los jugadores de mayor tamaño (cadenas de librerías y supermercados, pero también grandes holdings editoriales multinacionales) obtener un gran descuento de partes de las editoriales en un primer momento, porque ofrecerían comprar volumen, luego, cuando hayan monopolizado una cuota de mercado mayoritaria, retirarían ese descuento (como hizo Amazon, en Estados Unidos, por ejemplo) y fijarían un descuento menor ante la falta de competencia. Veamos pruebas concretas: el Net Book Agreement, que funcionaba desde 1900 estableciendo un único precio de venta para cada libro en Gran Bretaña, concluyó en 1995, cuando algunos de los grandes grupos editoriales se retiraron del acuerdo y los gobiernos liberales lo aceptaron sin discusión. Entre 1995 y 2000 el precio de los libros, a pesar de los descuentos ofrecidos sobre un número reducido de best sellers, aumentó 8% más que la inflación. Y entre 1995 y 2021 el número de librerías independientes británicas cayó casi a la mitad: de 1.894 a 967. Por lo tanto, hay una estrecha relación entre los países que tienen ley de precio fijo y un robusto entramado de librerías independientes. Los dos casos más significativos de esta relación virtuosa en el habla hispana son precisamente Argentina y España, los dos territorios editoriales con mayor bibliodiversidad.
Si la ley se deroga, al empezar a cerrar las librerías independientes desaparecerían también los principales puntos de venta de las pequeñas editoriales, como sucedió en Gran Bretaña y sucede en Estados Unidos. Tal vez no haga falta aclararlo, porque es un hecho muy conocido, pero el boom de editoriales independientes —decenas y decenas de ellas— ha sido el fenómeno editorial y cultural más destacado en Argentina en las últimas dos décadas. Por dar otra vez un solo ejemplo, en abril se realizará en el Centro Cultural Recoleta, el más grande de Buenos Aires, una gran muestra sobre la historia de la edición independiente argentina de los últimos 25 años, en la que será la muestra más importante del año en ese famoso centro cultural.
Sin la Ley 25.452, las compras a gran escala favorecerán a financiar libros de mayor rotación en detrimento de la bibliodiversidad. Es decir que se exhibirán solo los libros que se venden más. Como señala Katz: “La pretensión de derogar la ley de precio uniforme de los libros de un modo inconsulto permite ver los vicios de los instrumentos con los que el Ejecutivo se presentó ante la sociedad; el proyecto de ley afecta una inmensa cantidad de cuestiones de las cuales los redactores de las normas lo ignoran todo o casi todo: actuaron de un modo dogmático y maniqueo, pero también, por eso mismo, contrario al principio democrático que funda en la deliberación la legitimidad de toda decisión que afecte los asuntos públicos”.
Volvamos a la pregunta de hace un momento: ¿por qué Milei hace esto? Somos muchos los que pensamos que en este tema, como en todos los demás de la vida social y económica, se está buscando imponer un modelo de darwinismo social, como una ley de la selva en la que prevalezcan los más fuertes y el resto que corra la suerte que sea, incluso desaparecer. Pero en el caso argentino, como decíamos al comienzo, desaparecía una tradición cultural viva, que llega con vitalidad al presente, con gran creatividad y buenos números comerciales, sin ninguna otra razón que la ceguera ideológica.
Como es sabido, el proyecto de derogación de la “ley del libro” (en el marco de lo que se conoce como la inmensa “ley ómnibus” que envió el gobierno para desregular toda la economía con el mismo criterio neoliberal) no pudo ser aprobada hasta ahora. Es una buena noticia. Pero el gobierno ya anunció que, si no aprueban la ley (es decir, la derogación de la ley del libro), intentará hacerlo por decreto. Pero la cultura argentina y sus actores sociales también son fuertes. El debate está abierto y el futuro es incierto.
(*) Escritor, editor, columnista del diario Perfil, sociólogo del Ecole de Haute Etudes de París y caballero de las artes de Francia.