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Mientras el problema del Covid-19 parece irse apagando, al interior del oficialismo quedaron expuestos otros, relacionados con divergencias y conflictos sobre varios asuntos que busca administrar. En ese marco, la Ley de Urgente Consideración (LUC) y su defensa en un casi seguro referéndum en 2022 aparece como un hito que dirigentes de la coalición visualizan como un elemento unificador, dijeron a Búsqueda fuentes políticas.
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El miércoles 25, en una rueda de prensa, el presidente Luis Lacalle Pou aseguró que él nunca puso en duda la continuidad en el cargo de la directora blanca en el Inisa.
El mandatario informó que mantuvo una conversación con Manini Ríos sobre esa situación. “Obviamente uno necesita armonía en el gobierno, necesita actuar en equipo”, dijo, y añadió que cuando hay “malos entendidos” ocurren “distorsiones de funcionamiento”.
También hubo algún entredicho entre dirigentes de los partidos históricos, con diferencias sobre la Rendición de Cuentas. Legisladores colorados manifestaron su molestia con el rol del diputado nacionalista Sebastián Andújar en la negociación en torno a artículos referidos a la ANEP, cuando se iban a votar en la Cámara de Diputados.
Del mismo modo, la intención de reformar el Bachillerato para instalar uno general interdisciplinario originó molestias. “El Partido Colorado, por un lado, muestra cierta ansiedad en promover la figura política de Robert Silva —el titular del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP— y, por otro, busca apropiarse del rótulo de la reforma de la enseñanza”, aseguró a Búsqueda una fuente blanca del ámbito educativo. Pero no solo cuestionan a Silva; objetan que la secretaria general del Codicen, también colorada, en ámbitos políticos ha atribuido las transformaciones educativas al “liderazgo” de su partido. “Esta captación política de las iniciativas institucionales desvirtúa el trabajo técnico en equipo del Codicen y hace que todo el mundo se ponga en guardia”, indicó una fuente del Partido Nacional.
Proceso de verificación de firmas presentadas para convocar referéndum contra la LUC, en la Corte Electoral. Foto: Daniel Rodriguez /adhocFOTOS
Referéndum
Pese a todo esto, el probable referéndum planteado para derogar varios artículos de la LUC aparece como un elemento de unidad para la coalición gobernante.
Ese escenario político está en el radar de agencias calificadoras de riesgo como Moody’s. El referéndum busca eliminar artículos “no solo sobre la reforma educativa y la seguridad pública”, sino también otros “clave” relacionados con el “riesgo crediticio”, como la regla fiscal, señaló en un informe conocido el jueves 19. Estima que la consulta popular se hará en junio de 2022; “independientemente del resultado”, esperamos que la administración de Luis Lacalle Pou “siga comprometida con la consolidación fiscal”.
Mientras, para el senador Mario Bergara, líder de Fuerza Renovadora, si se deroga parcialmente la LUC, se dará “un debilitamiento del gobierno” y se “fortalece al movimiento popular y en particular al Frente Amplio”, que “queda mejor parado para el proceso político posterior”, dijo en una entrevista con Búsqueda.
