—¿Cómo está la SPU en su centenario?
—Está viviendo un momento muy fermental, efervescente, por los 100 años en sí mismos y por el congreso que organizamos. No tienen una regularidad definida y el último fue en 2017. Hay mucha expectativa en todos los socios para reencontrarnos, conocer a los nuevos colegas y recibir a los invitados.
—Tiene lugar también cuando se habla mucho de salud mental, que tuvo un destaque particular en la Rendición de Cuentas. Se habló de una partida de US$ 20 millones que ahora subiría a US$ 23 millones. ¿Eso qué reflexión le merece?
—Creo que es alentador. Hace tiempo que no se daba que la salud mental persistiera en las primeras planas. Estábamos acostumbrados a que aparecía algo puntual, como la tasa anual de suicidios, y chau, el tema enseguida desaparecía. No manejo mucho, eso sí, el desglose presupuestal. La cifra impresiona, pero no sabemos al final cuánto será, a qué unidad ejecutora irá…
—¿La SPU fue consultada como sociedad científica?
—No específicamente, tampoco correspondía. La SPU sí ha tenido contactos frecuentes con las autoridades, tanto a nivel legislativo como en el MSP.
—También tuvo un enfrentamiento con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) por la situación del Hospital Vilardebó. Usted respaldó el mes pasado la denuncia del Sindicato Médico (SMU) que hablaba de 46 pacientes internados sin atención psiquiátrica…
—Perdón, no fueron denuncias, fue información. No fue el ánimo el enfrentamiento. Se informó de situaciones, corroboradas, que no pueden darse. Por lo que sé, ahora se mejoró el seguimiento.
—Usted dirigió al Vilardebó hasta 2020, ¿realmente ve viable el fin de la manicomialización como prevé la Ley de Salud Mental?
—Más allá de que sea viable o no, hay que luchar por eso. Hay que trabajar como si lo fuera. No es un proceso sencillo, seguramente traerá otras dificultades. Es la dinámica del progreso. La desmanicomialización busca evitar las instituciones de ingreso masivo, donde tienden a generarse mecanismos iatrogénicos (consecuencias no deseadas de un tratamiento) por el funcionamiento institucional que terminan agravando la situación. En un documento que presentamos en octubre pasado planteamos sacar el foco de la atención de la hospitalización. Eso se logra con seguimientos domiciliarios, buenos dispositivos comunitarios y sociosanitarios. La mayor dificultad para muchos de los pacientes del Vilardebó está en lo familiar, en los seguimientos, en una mayor constancia en los controles, en no tener dinero para un boleto o una agenda para anotar la fecha de una consulta.
—¿Qué opina del plan incluido en la Rendición de Cuentas?
—Es un tema importante. En el documento de octubre hacíamos una división operativa entre trastornos mentales y adicciones. Desde el punto de vista conceptual se discute en todo el mundo si tomarlos como un todo o por separado; esa diferencia no ha sido la llave del éxito en ningún lado. El planteamiento es razonable, pero la trampa que veo es que las adicciones son un tema muy complejo, con muchos factores en juego, y este plan puede llevar a resoluciones no muy eficaces. Yo pienso que se abusa de la internación como recurso.
—¿Y dónde habría que centrarlo?
—Habría que tener una discusión más técnica y una evaluación individual de situaciones. No es algo demasiado contemplado en este plan. Si alguien está en la calle y todos los días consume algo, seguramente muchos de los episodios de consumo tengan que ver con que tiene hambre o frío y no tenga a quién recurrir. Eso no se resuelve sacándolo del ámbito donde puede consumir solamente. Eso está bien siempre y cuando venga acompañado de mecanismos que suplan esas carencias.
—¿No cree que haya buena coordinación con otras instituciones como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides)?
—No hago un cuestionamiento al Mides.
—Al presentar ese documento que mencionó, en octubre, la SPU habló de la necesidad de “voluntad política” e “inversión financiera” para paliar los problemas de salud mental. A partir de la Rendición de Cuentas, ¿cree que se entendió la señal?
—Puede interpretarse así, pero había evidencias que rompían los ojos sobre la necesidad de destinar dinero a la salud mental y a las adicciones. Es un tema que ha estado sobre la mesa, entre otras cosas, porque lo pusimos nosotros.
—¿Cuáles son hoy los grandes problemas de salud mental en Uruguay?
—El suicidio es lo más visible. Aclaro que hay un contexto mundial de deterioro de la salud mental: está previsto que los trastornos mentales sean en 2025 la primera causa de años perdidos por discapacidad; en 2022 la Organización Mundial de la Salud (OMS) planteó que una de cada cuatro personas sufría un trastorno de este tipo; vivimos en una sociedad que con su velocidad y exigencias tiende a facilitar la aparición de ansiedad, depresión. En este contexto, la situación de nuestro país no es exclusiva, aunque la tasa del suicidio destaca. Los países que aquí han tenido éxito en el suicidio son aquellos donde se ha intentado resolver el problema desde varios niveles. Uno es el asistencial —atención precoz, acceso a los servicios, seguimiento, refuerzo a los recursos de apoyo— y otros de tipo preventivo, que son las campañas masivas.
—Distintos actores, desde la academia y las organizaciones sociales, hablan de un enfoque comunitario a la hora de atacar el suicidio. ¿Está de acuerdo?
—Sí, claro. Hay que trabajar en eso. Las metas asistenciales (para bajar la tasa) son un gran recurso que tiene el MSP para ejercer presión sobre los prestadores. Los prestadores siempre van a querer economizar: un psiquiatra, un psicólogo y un asistente social son más caros que solo el psiquiatra para ellos. La presión la debe hacer el ministerio como autoridad sanitaria. Hay antecedentes: el seguimiento psicotécnico y los controles al lactante fueron resultados de una meta asistencial.
—Con todo esto, ¿está bien el número de psiquiatras en Uruguay?
—Si se considera la región, es un buen número. En Argentina hay una proporción similar. Yo recuerdo haber estado en Paraguay en los años 90 y no había un solo psiquiatra radicado en el interior; los que había, unos 50 (nosotros éramos 300 por entonces), estaban todos en Asunción. Los psiquiatras acá están, el tema es el acceso a ellos.
—¿Y hay psiquiatras en todos los departamentos de Uruguay?
—En Treinta y Tres y en Artigas no hay psiquiatras radicados.
—Habló de acceso. No es total.
—La salud mental abarca un espectro de situaciones muy grande. Va desde situaciones que necesariamente requieren un psiquiatra a otras que no. La pandemia afectó la salud mental y el trabajo de los psiquiatras, sin duda. Pero también generó muchas situaciones que se pudieron resolver en ámbitos no psiquiátricos, telefónicamente; otros requirieron un acceso rápido y ameritaron un seguimiento, aunque no sea especializado.
—¿Cuál es la mayor preocupación hoy de la SPU?
—El avance de la Ley de Salud Mental. Se aprobó en 2017 y ha mostrado avances lentos. Y luego, obvio, el estado de la salud mental de la población. Eso se ve en los ejes del congreso: bajo el paraguas de la clínica, se apunta a la interdisciplina y la coordinación interinstitucional. Esos conceptos también los incorpora la ley porque así se trabaja hoy, con intercambio y colaboración.
—¿Eso funciona hoy?
—En cuentagotas…, no como querríamos. Históricamente, este no es un país de trabajo interinstitucional. No es un hábito que se haya fortalecido en las distintas profesiones. Hablo de intercambios entre médicos, pero también entre asistentes sociales, psicólogos y distintas especialidades, o de la visión que de eso tienen las instituciones. Encontrar una institución (médica) que contrate asistentes sociales es muy difícil. Se cree que la asistencia social es típica de la administración pública. De a poco, por suerte, está cambiando. Entre especialidades, se considera la intervención de una u otra como una competencia. Hay celos. Hay psiquiatras que creen que no está bien que el paciente consulte a un endocrinólogo. Y si bien entre las instituciones hay ámbitos, como en el Mides, para intercambiar, no estamos educados para aprovechar esas circunstancias. Igual hay que insistir y seguir participando. Vos ves que el Mides está inaugurando casas de medio camino dedicadas a la salud mental, y eso está bárbaro.
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