Fiscalía recibió información de Chipre y Estonia en el caso que investiga presunta corrupción en Turismo

El interrogatorio llevado adelante a pedido de la Fiscalía uruguaya el 22 de setiembre de 2023 buscaba conocer detalles de la empresa y el negocio frustrado que mantuvo con el Ministerio de Turismo. Shipillis, un “pensionista”, según el acta policial chipriota, entregaría menos de un mes después un documento con las respuestas a todas las preguntas, escritas en un inglés preciso.

En las respuestas que entregó escritas, Shipillis dijo que Rodríguez fue el que le dijo a Kirma que el Ministerio de Turismo estaba por contratar a un proveedor para sus campañas de publicidad digital. Si bien esa versión es consistente con lo que han dicho todos los testigos en la causa, Shipillis agregó un nuevo matiz acerca de cómo conoció al uruguayo.

Cuando declaró como testigo, en abril de 2022, Rodríguez dijo que se vieron personalmente en una feria internacional de juego online en Londres. “Estaba no recuerdo si en un stand o en las reuniones que se hacían, donde es lo normal intercambiar”, dijo entonces ante las consultas del fiscal del caso. Interrogado si tenía pruebas del encuentro o del nexo comercial, Rodríguez respondió que no: “En el mundo en el que yo me manejo no existen los contratos, no hay mucha formalidad”.

En las respuestas que llegaron de Chipre, Shipillis varió un poco su relato, ya que antes también había dicho que se encontraron en la feria en Londres. Ahora, declaró que a las dos partes las introdujo un “intermediario” que había conocido a Rodríguez “en una convención de marketing digital en Londres hace un par de años”. Los negocios de Kirma, añadió, “provienen” de este tipo de nexos que gestionan terceros.

La contradicción más directa entre la declaración como testigo de Rodríguez y la versión de Shipillis está relacionada con el intento de cobro al ministerio.

Fachada del Ministerio de Turismo. Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS

Cuando Kirma no pudo recibir US$ 280.000 del Ministerio de Turismo en su cuenta bancaria, la empresa de Estonia le propuso una alternativa: que enviara el dinero a una cuenta de Sarasota Global Investment Inc., una sociedad domiciliada en Florida, Estados Unidos.

El ministerio le explicó por correo a Kirma, en julio del 2021, que para cambiar de destinatario de los fondos debían presentar documentación legalizada con el objetivo de justificar la sesión del crédito a Sarasota. “Procederemos con lo solicitado y a la brevedad posible les estaremos enviando la documentación”, respondió el 5 de agosto, en español, alguien de Kirma.

Las cosas cambiaron en cuestión de días. Búsqueda informó el 19 de agosto de ese año acerca de presuntas irregularidades en la compra de publicidad de Turismo, lo que incluía la contratación de Kirma.

“Por decisión corporativa, hemos decidido no utilizar ninguna vía de pago alternativa al cobro de vuestra campaña, por lo que la única vía de pago que tenemos disponible (desde el primer día) es nuestra cuenta bancaria, que utilizamos con todos y cada uno de nuestros clientes”, escribieron desde la compañía estonia el 3 de setiembre del 2021.

Y sin esperar una respuesta y con el tema Cardoso todavía en el eje de la discusión política, Kirma envió un correo al ministerio la semana siguiente en el que retiraba su “propuesta de colaborar en el desarrollo de una campaña de publicidad digital”.

La frustrada intermediación para cobrar los US$ 280.000 de Sarasota, una sociedad anónima sin antecedentes y con dirección compartida con otros miles de empresas de papel, llamó la atención del equipo de Fiscalía.

Cuando declaró como testigo, Rodríguez dijo que habló con Shipillis para ayudarlos a cobrar el servicio, pero que nunca propuso de manera específica que usaran una empresa llamada Sarasota. “Yo no sugiero a Sarasota, sugiero el formato”, subrayó. Añadió que desconocía a los representantes legales de la compañía y cualquier otro dato de referencia.

El titular de Kirma declaró por escrito desde Chipre que Sarasota “fue presentada por Rodríguez como una posible solución” al problema de cobrar.

Falta de respuestas de Kirma

En el documento escrito en inglés con sus respuestas, Shipillis defendió los antecedentes comerciales de su empresa, aunque no dio a Fiscalía ningún detalle sobre sus clientes que permita confirmar su existencia. Argumentó que cuando dieron esa información al Parlamento, en el marco del trabajo de la investigadora, esos datos fueron filtrados a la prensa.

Búsqueda informó en aquel momento que algunas compañías mencionadas por Kirma al Parlamento y también en su página web como clientes no conocían la empresa. Incluso aquellas que, según Shipillis, los habían “premiado” por sus supuestos buenos servicios.

La Fiscalía incluyó en su cuestionario una pregunta acerca de los presuntos premios y otra sobre los “78 clientes satisfechos” listados en su web. En ambos casos, el director de la compañía dijo que era información protegida por la legislación europea. Sobre los supuestos premios, agregó: “Debe ser aclarado que estos reconocimientos no fueron mencionados, presentados o referidos como información de antecedentes cuando se hizo la propuesta” comercial a Young & Rubicam, la agencia de marketing que manejaba la cuenta del ministerio.

Shipillis declaró que su empresa facturó más de 1,2 millones de euros en los últimos cinco años y adjuntó los estados contables presentados en el registro estonio. Se trata de planillas que no tienen información acerca de clientes o servicios provistos ni documentos que respalden su contenido.

Los estados contables muestran que en 2018, 2019 y 2020 Kirma declaró tener cero empleados. En 2021 dijo que tenía dos empleados en planilla.

Búsqueda informó que en 2018 y 2019 Kirma no había facturado nada y que recién en el estado financiero del 2020 declaró movimientos. Ese documento fue presentado en Estonia en setiembre del 2021, después de que estallara el escándalo en Uruguay.

Además de la consulta a Shipillis en Chipre, la Fiscalía uruguaya envió el año pasado un exhorto a Estonia para tener datos de la compañía. Un correo electrónico de la autoridad fiscal de Estonia incluido en la documentación que llegó a Uruguay indica que Kirma “no ha presentado declaraciones de Impuesto sobre la Renta y Social, ni declaraciones de IVA en el periodo 2020-2022 (la persona jurídica no está sujeta al IVA)” y que sobre la compañía “no se han realizado procedimientos de control en el periodo 2020-2022”.

El documento de la Policía indica que intentaron comunicarse con Kirma a través del estudio jurídico que le provee el “servicio de persona de contacto” de acuerdo al registro mercantil local.

“Se ha emitido una carta de demanda a la empresa Kirma Services OÜ sobre las actividades económicas de la empresa y los documentos que acreditarían la cooperación entre las empresas Kirma Services OÜ y Sarasota Global Investment y las transacciones financieras mencionadas en la solicitud de asistencia jurídica”, dice el documento que llegó al fiscal Rodríguez. La Policía de Estonia no obtuvo respuesta.

Germán Cardoso tras su declaracion en Fiscalía por la investigacion de presuntas irregularidades durante su gestión en el Ministerio de Turismo, agosto 2022. Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS

Los correos electrónicos

Las respuestas a los exhortos desde el exterior demoraron meses en llegar a la Fiscalía que lidera Gilberto Rodríguez. La información que todavía no han podido obtener, pese al reclamo reiterado de los abogados denunciantes, está más cerca.

Los abogados del Frente Amplio le pidieron al fiscal que la Policía obtenga los cabezales de todos los correos que Kirma envió al Ministerio de Turismo para tratar de encontrar desde dónde fueron enviados. Búsqueda informó en setiembre del 2022 que todos los correos enviados a Turismo por la compañía estonia antes de que el negocio fuera expuesto públicamente salieron de una ubicación en la zona horaria uruguaya pese a que Kirma no tenía representantes fuera de Estonia.

Uno de los mails, según información en poder de Fiscalía, fue enviado por un usuario de la empresa de servicios de Internet uruguaya Dedicado. Los denunciantes llevan meses reclamando al fiscal Rodríguez que le pida a Dedicado el nombre del cliente y que la Policía obtenga del Ministerio de Turismo los restantes cabezales de los correos, donde hay información que permitiría rastrear su origen.