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Que fue un “error no forzado”, que es “injustificable”, “indefendible”, y que además los expone a consecuencias políticas indeseables a mitad de una administración que pretende acelerar todo lo que pueda para concretar sus proyectos prioritarios.
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Son expresiones que se dicen con discreción, sin hacer tanto aspaviento, porque es mejor lavar los trapos sucios en casa. Pero son pronunciadas con molestia. Hay hasta un enojo de los suyos que el mandatario no estaba acostumbrado a recibir. El caso Astesiano sacudió la interna de la coalición y dejó heridas en el cerno de la Torre Ejecutiva, el mismo edificio donde gobierna el presidente y donde su guardaespaldas se reunía con cómplices de la banda dedicada a gestionar y falsificar documentos para ciudadanos rusos.
“No puede ser que en la cara estén abusando de nuestra buena fe y armando una organización con objetivos delictivos en el corazón del gobierno, que tenga su base en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva”, dijo el senador Jorge Gandini en una entrevista con el programa Doble click, de Del Sol. Y lamentó el episodio porque “afecta notoriamente al presidente de la República”.
A los dirigentes que —en privado— le caen a Lacalle Pou se les hace difícil comprar el relato de que el presidente fue engañado, traicionado, tuvo exceso de confianza o que le pasó lo que pasó porque fue mal informado por el Ministerio del Interior. La mayoría entiende que hubo demasiadas advertencias, banderas rojas plantadas alrededor de Astesiano, que fueron desestimadas por el mandatario. Y ese es un error no forzado que ven difícil de ignorar cuando se hace un análisis riguroso de todo este episodio.
Hubo, en efecto, varios avisos sobre las múltiples anotaciones policiales del guardaespaldas. Se las comunicaron formalmente desde la Secretaría de Inteligencia e informalmente por un senador de su confianza que le llevó papeles con su historial complicado para el cargo de seguridad antes de que asumiera su mandato. Sin embargo, desde la propia Torre Ejecutiva se aferran al hecho de que el presidente no fue alertado de los antecedentes penales y de la estadía en una prisión de Maldonado por seis meses. Hay una idea de atemperar el impacto negativo de la noticia subrayando el desconocimiento de los antecedentes penales y poniendo en mute el profuso prontuario de indagatorias de las que sí estaba al tanto.
El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo en rueda de prensa que la información que le acercaron a Lacalle Pou fue “fraguada o adulterada” o que “se emitió de forma deliberada o no deliberada. Si hubiéramos tenido esa información, posiblemente el accionar hubiera sido bien diferente desde el principio”.
El senador blanco Sebastián da Silva, que jamás duda en definirse como alguien muy cercano a Lacalle Pou, también se sumó a la narrativa de que el presidente no tuvo toda la información necesaria sobre la mesa. “Si yo me llego a enterar de que alguien sabía que Astesiano formaba parte de una red que falsificaba pasaportes para dárselos a los rusos y no se lo dijo al presidente, esa persona va a conocer la verdadera cara de Sebastián da Silva”, dijo en entrevista con Radio Universal.
Lacalle Pou ha estado bien activo desde que le explotó este asunto en la cara. Habló en rueda de prensa en casi todas las actividades en las que estuvo presente. “En la vida uno tiene formas de ser: sos confiado y estás expuesto o sos un desconfiado y no te podés relacionar. Yo creo que la gente es buena. Lo que pasa que confiar tiene estas cosas”, dijo la semana pasada en Maldonado. Unos días después volvió a referirse al asunto en otro encuentro con periodistas.
“A la Torre Ejecutiva entra todo el mundo”, justificó. “Lamentablemente, una Torre Ejecutiva que está abierta a todo el mundo, que a nadie se lo pasaba por un escáner (ni) se lo ‘cacheaba’; simplemente se le pedía el nombre… Por gente que actúa de forma patológica hay que extremar controles”, señaló.
Luis Lacalle Pou durante la inauguración de la terminal de UPM en el puerto de Montevideo. Foto: Daniel Rodriguez / adhocFOTOS
La olla en el centro
En esta semana, el episodio de Astesiano fue corrido parcialmente de la agenda política. Y quien ganó el centro del ring fue uno de los miembros del gabinete que goza de mayor confianza del presidente. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, jugó fuerte y planteó un debate público sobre las ollas populares y las coordinadoras que prestan este servicio con asistencia del Estado. No es un tema nuevo. Lema lo venía planteando desde agosto e incluso durante el último congreso de su sector, Aire Fresco, previo a que estallara el caso del guardaespaldas, avisó que si no había datos que corroboraran y ameritaran la entrega de alimentos, se iba a interrumpir el apoyo desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Esto pasó a ser un nuevo y oportuno centro de conflicto entre oficialismo y oposición. Desde el gobierno asumen como “funcional” para quitarle presión al presidente, aunque se aclara que no hubo ningún tipo de estrategia detrás. Simplemente coincidieron los tiempos entre uno y otro tema.
Pero en la oposición no opinan igual. Durante una discusión del Secretariado del PIT-CNT, algunos de los participantes señalaron que se está usando a las ollas populares para “desviar la atención” del caso del custodio presidencial. Y el dirigente socialista Gonzalo Civila tuiteó que “el violento ataque a las ollas” es “para tapar el crimen organizado en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva”.
Luego del tratamiento de la Rendición de Cuentas, el tema Astesiano estará en el Parlamento con la convocatoria a sala del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Y a la que asistirán también el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el director de Inteligencia, Álvaro Garcé.
