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Nuevos decretos del gobierno profundizan “tendencia privatizadora” en UTE, cuestiona director
El cabildante Enrique Pées Boz asegura que las reglamentaciones mejoran las condiciones del sector privado en detrimento de las finanzas públicas
El director de UTE por Cabildo Abierto, Enrique Pées Boz. Foto: UTE
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El referéndum para derogar parte de la Ley de Empresas Públicas, en 1992, fue un intento de privatización sin éxito. Pese a ese “no” que fue “pronunciado por la ciudadanía”, distintos gobiernos insistieron en “objetivos similares por vías alternativas”, cuestionó, en declaraciones a Búsqueda, el director de UTE por Cabildo Abierto, Enrique Pées Boz. El jerarca es crítico respecto a los contratos que la empresa firmó con generadores privados y de nuevos decretos del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) que profundizan la “tendencia privatizadora” de la última década.
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Pées Boz fija el origen de esa tendencia con la creación de la Administración del Mercado Eléctrico (ADME), en 1997, un órgano cuyo directorio está integrado por dos representantes del sector privado y “tan solo uno” de UTE. Otro paso fue la firma de los contratos con generadores privados, ocurridos entre 2012 y 2018, que implicaron la “obligación de compra” para UTE. Los acuerdos están “provocando pérdidas” por energía no comercializada que Pées Boz estima en US$ 100 millones.
UTE firmó contratos por un plazo de entre 20 y 30 años, por precios cuatro veces mayores a los valores actuales de mercado. Estos sobreprecios “los pagamos los clientes de UTE: de cada $ 3.000 en cada factura que recibimos, $ 1.200 se destinan para el pago de los contratos con agentes privados”, aseguró el jerarca de la empresa. El sector privado consiguió un “gran negocio” con la firma de estos acuerdos y transfirió los “riesgo de mercado” a UTE, opinó.
En 2022, la empresa estatal procuró renegociar los contratos con los generadores privados, pero no tuvo éxito. UTE ofreció una ampliación del plazo originalmente acordado a cambio de una reducción del precio, pero luego rechazó las 16 ofertas que recibió por considerarlas “insuficientes”.
Otro mojón en la privatización que describe Pées Boz fue el contrato firmado con UPM por su segunda planta de celulosa en Uruguay. El ente energético quedó “obligado” a comprar los excedentes de la energía que la multinacional produce pero no requiere. Esto sucederá durante los próximos 20 años e implicará para la estatal un costo de US$ 2.000 millones.
La “segunda etapa” de los cambios negativos que identifica Pées Boz está dada por las reglamentaciones que el MIEM publicó durante este año. Su cuestionamiento más actual es sobre el decreto que habilita a los suscriptores que producen energía eléctrica para su propio consumo a vender a UTE la que no consumen.
En los hechos, lo que provoca esta norma es que la empresa pública tenga que establecer una nueva categoría tarifaria para cuando un autogenerador utiliza la energía que le compra a UTE, interpretó Pées Boz. Esto último se concreta con una decisión del directorio del ente, del 23 de noviembre, que establece “condiciones favorables para aquellos que se incorporen a lo propuesto por el decreto”, aseguró el director. La decisión de UTE motiva un “nuevo impulso o promoción de la privatización del sistema eléctrico nacional”, señaló el jerarca cabildante.
Cuando este tema se trató en el directorio ocasionó una votación inédita, ya que el director de Cabildo Abierto votó con la representante del Frente Amplio, Fernanda Cardona.
Los generadores privados a partir de biomasa también recibieron un “impulso privatizador”, aseguró el representante de Cabildo Abierto, ya que se mejoraron las condiciones financieras de los privados “en detrimento de las finanzas de UTE y sus usuarios”. Su referencia es a un decreto del 22 de noviembre que fija en US$ 90,625 el precio de los megavatios que UTE le deberá pagar a los generadores cuyo negocio es exclusivamente la producción de biomasa. Ese valor es “notoriamente superior” incluso al precio que el ente le paga a UPM II (US$ 72,50).
Antes Pées Boz había cuestionado el decreto de “potencia firme” de la empresa, que establecía cambios en el sistema que hace tiempo reclamaba el sector privado. La norma reconoce a las energías eólica, solar y de biomasa con la capacidad de suministrar potencia firme a largo plazo, lo que hasta ahora solo se aceptaba para la hidráulica y la térmica.
Pées Boz recordó que por sus cuestionamientos a ese decreto fue llamado “terrorista delirante” por el entonces ministro de Industria y Energía, Omar Paganini, pero destacó que luego se corrigieron algunos “errores de formulación algebraica” que lograron amortiguar los “potenciales impactos negativos” para la empresa pública.
La participación de UTE en el mercado eléctrico es como una “balanza cuyos platillos no están ni estarán en equilibrio”, una situación que se da como consecuencia de una “pretendida competencia claramente imperfecta”, comparó Pées Boz.
