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Mientras el oficialismo parece alineado respaldando su propuesta de reforma de la seguridad social, el Frente Amplio postergó un pronunciamiento hasta analizarlo a fondo. Pero algunas organizaciones sociales ya van fijando postura y es de resistencia a la iniciativa.
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El presidente Luis Lacalle Pou se puso al frente del anteproyecto, que entre otras cosas propone elevar la edad mínima de jubilación de 60 a 65 años —con una transición gradual— y asimila a las cajas paraestatales, la “militar” y la “policial”, al régimen general. El mandatario les entregó el texto a los líderes de la coalición gobernante y también al Frente Amplio, el 29 de julio. La coalición de izquierdas puso en manos de un equipo técnico el análisis del texto y anunció que se expedirá en algunas semanas.
Pero el PIT-CNT salió rápidamente a confrontar el anteproyecto. “No le hace bien a la democracia que el presidente de la República incumpla su promesa electoral de no aumentar la edad de jubilarse”, dijo el lunes 1º el presidente de la organización, Marcelo Abdala. También expresó la “honda preocupación” que le genera al movimiento sindical una iniciativa que, según su visión, no es “integral” y tiene como “leitmotiv reducir derechos, beneficios y prestaciones”.
El jueves 4, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y Rodolfo Saldain —que presidió la comisión de expertos que preparó la reforma y fue uno de los redactores del anteproyecto— recibió a una delegación sindical para presentarles la iniciativa de manera formal.
El mismo día, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT puso a consideración en la Mesa Representativa la realización de un paro de 24 horas, lo que se deberá votar por la afirmativa o rechazando la medida en dos semanas. Según dijeron a Búsqueda fuentes sindicales, la propuesta de reforma de la seguridad social es el “disparador” del planteo.
Por su lado, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), que nuclea a los funcionarios del Banco de Previsión Social (BPS), no descarta impulsar un plebiscito en octubre de 2024 si el anteproyecto del gobierno avanza sin modificaciones, informó la diaria. El dirigente de la ATSS Adolfo Bertoni ya había planteado recorrer ese camino cuando, en octubre pasado, se conocieron las propuestas del oficialismo en la comisión de expertos.
“Hacerla caer”
En ámbitos empresariales las opiniones no son unánimes.
Para la Confederación Empresarial —que representa a más de 20 cámaras y asociaciones—, la reforma jubilatoria es una de las que no admite “dilación”. El otra vez presidente de la Cámara de Comercio y Servicios (CCSU), Julio Lestido, dijo que se precisa “parar la sangre, estabilizarla por lo menos”, en torno al déficit en la seguridad social. “¿Cuál es la otra manera si no? No voy a tapar el agujero, está bien, pero lo voy a contener. Es un cambio brutal. No soy especialista en el tema. Estoy convencido de que estamos en excelentes manos. La propuesta a mí me sirve y sería bueno que se tomara como una política de Estado”, aseguró en una entrevista con Búsqueda.
Pero José Pereyra, director en representación de los empresarios en el Banco de Previsión Social (BPS), es crítico con lo planteado por el gobierno. “Aparece el Partido Nacional” y dice: “Ahora tengo mi reforma”, pero “resulta que la jubilación dentro de unos años en vez de a los 60, va a ser a los 65, porque al uruguayo parece que se le antojó vivir más. Como los uruguayos viven más, lamentablemente esto va a tener mayores costos. Seguimos en la misma”, auguró en declaraciones a FM Gente de Maldonado.
También cuestionó el trabajo preparatorio que decantó en el anteproyecto. “Para hacer una comisión de expertos llamamos a Murro, a Saldain y a todos los muchachos que hicieron este desastre”, fustigó. Ernesto Murro era el presidente del BPS en 2008 y Rodolfo Saldain estuvo en la redacción de la reforma que entró a regir en 1996.
“Quizás el sistema político se ponga de acuerdo y la vote. Y al otro día yo, como director, capaz que estoy juntando firmas”. Ante la repregunta del conductor radial de si buscaría “hacerla caer”, contestó: “Sí, claro. Vamos a discutirlo en serio”.
Las agencias calificadoras miran con atención este proceso. “Los cambios paramétricos incluidos en la reforma pensionaria mejorarían la sostenibilidad fiscal de mediano plazo. La aprobación de la reforma también es relevante para nuestra evaluación cualitativa de la calificación de Uruguay. La solidez institucional del Uruguay es una de sus principales fortalezas crediticias. Por tanto, la capacidad del gobierno para avanzar en temas fundamentales, como la reforma de pensiones, será una prueba de dicha fortaleza”, dijo a Búsqueda Carlos Morales, nuevo analista líder para Uruguay de Fitch Ratings.
