La seguridad social fue una de las materias protagonistas en el gobierno de Luis Lacalle Pou. Al mismo tiempo que la pandemia de Covid-19 presionaba con demandas adicionales de “seguro de paro”, subsidios por enfermedad y otras prestaciones, la promesa electoral de no aumentar la edad jubilatoria moría “a las pocas semanas de estudios”, cuando el asesor Rodolfo Saldain le comunicaba al presidente que sería “imposible” no hacerlo. La reforma, incluyendo un incremento progresivo de la edad mínima a los 65 años, entró en vigor en 2023, pero al año siguiente un plebiscito —que terminó rechazado— pretendió derogarla e introducir otra. Ya en el final de su gestión, Alfredo Cabrera, presidente del Banco de Previsión Social (BPS), reflexionó en diálogo con Búsqueda: “se hizo y ya nos olvidamos”, aunque el proceso fue, sin dudas, “un desafío” que él pone en la cima de la lista de los logros durante su administración.
A fin del año pasado hubo 1.570.821 trabajadores que hicieron aportes (“cotizantes”) al BPS, una suba de 7% en comparación con 2019, también según datos del propio organismo. El principal incremento se dio en los puestos privados (8,7%), lo que para Cabrera “tiene que ver con un crecimiento de la economía en el sector real, en el sector privado, que generó mayor ocupación”. Agregó que esto se condice con el aumento de casi 10% en el número de empresas; los mayores crecimientos se produjeron principalmente en los trabajadores independientes y en las empresas “medianas para arriba”, precisó. El monotributo también tuvo un crecimiento “destacado”, tanto por régimen general como en el Monotributo Mides.
La proporción de ocupados no inscriptos en la seguridad social era de 25,1% en 2019 y actualmente son 21,2%, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.
Alfredo Cabrera, presidente del BPS. Foto: Javier Calvelo, adhocFOTOS
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Sobre el fenómeno de la formalización, Cabrera recordó que la vigencia de la ley que reformó la seguridad social también posibilitó que los jubilados puedan volver a trabajar formalmente sin dejar de cobrar su pasividad, una opción que tomaron a la fecha 4.066 personas.
Las jubilaciones percibieron un incremento real de 6,1% entre 2020 y 2024.
En las pensiones no contributivas, el crecimiento fue de 87%. Esto, según Cabrera, tendría que ver con las modificaciones que estableció la ley de reforma para el acceso a ciertos beneficios. “Se flexibilizó la forma de considerar los ingresos del núcleo familiar. Antes el sistema era binario y si se pasaba el tope, no se otorgaba. Ahora se toma en consideración los ingresos, se proporciona y se sigue pagando”, explicó. Luego de 17 meses de aplicación de estas flexibilizaciones, se otorgaron 8.400 pensiones no contributivas por vejez e invalidez.
Por otra parte, la reforma creó un suplemento solidario —fijado en enero en $ 16.788— que complementa las pasividades más bajas, y que hoy lo perciben unas 1.300 personas, informó el presidente del BPS.
La reforma
El primer ítem dentro de la lista de Cabrera en cuanto a logros en la administración que termina fue la instrumentación de “cada una de las tareas encomendadas en tiempo y forma” que impuso la ley de reforma de la seguridad social. Fue “sin dudas meritorio”, y el trabajo del equipo técnico a cargo de las actualizaciones de software, “admirable”, valoró.
El trabajo en el área de tecnología permitió cumplir con ciertos objetivos de servicio en línea, como la creación del simulador Mi jubilación estimada. “Antes, una persona que se quería jubilar iniciaba un expediente de trámite jubilatorio y pasaba meses para que se le dijera cuánto iba a cobrar. Ahora, la persona con su usuario o persona ingresa, da los datos y en el momento tiene la estimación. Entra muchísima gente que no necesariamente está en condiciones de jubilarse, porque el simulador permite ingresar a aquellos que están hasta dos años de poder hacerlo”, explicó.
También se llegó al desarrollo de la aplicación BPS Personas, lanzada en diciembre pasado, como una manera de manejar la “identidad de seguridad social” individual “desde el celular”, promovió Cabrera. La app permite visualizar la vida laboral y las prestaciones percibidas, por ejemplo.
La semana pasada se agregó un último servicio online, que permite a “los cuarentones” que voluntariamente se afiliaron a una AFAP asesorarse sobre si les conviene o no permanecer dentro del artículo 8 de la ley 16.713.
Cabrera también se mostró orgulloso por las reformas en el Programa de Soluciones Habitacionales, como la inclusión de un subsidio de alquiler, y actualizó algunos números a enero de este año: desde el 2020 se brindaron 428 viviendas en nuevos complejos, se readjudicaron otras 2.735 y se otorgaron 1.100 cupos cama en hogares de ancianos. El nuevo subsidio de alquiler, vigente desde enero del 2024 luego de un programa piloto, cuenta con 1.043 beneficiados. En total, el saldo ronda en unas 5.500 soluciones de vivienda para jubilados y pensionistas.
“El modelo de construcción de viviendas se demostró ineficaz para sostener la demanda”, entendió Cabrera. Argumentó que los complejos del BPS tienden a instalarse en las capitales departamentales, lo que genera “desarraigo” para quienes deben irse de sus localidades.
Salud
Por otro lado, la creación de la Dirección Técnica de Salud del BPS también fue algo “muy importante”, según el jerarca. La semana pasada el BPS presentó el libro Detrás de una gota de sangre, un repaso histórico a 30 años de la creación del Programa Nacional de Pesquisa Neonatal. Según consigna el documento, en ese lapso se realizaron más de 740.000 pesquisas y se diagnosticó a unos 800 niños con algún tipo de patología que, sin su temprana detección, podrían haber derivado en graves consecuencias para su desarrollo.
Cabrera indicó que a partir de la implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), el BPS había quedado “sin un rol claro dentro del sistema”. Pero, en diciembre pasado, se logró el “anhelo” de que el Centro de Referencia Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras (Crenadecer) se convirtiera en un centro de referencia en el tema, lo que permitió su integración al SNIS y, consecuentemente, la financiación del Fondo Nacional de Recursos.
“Más allá de episodios puntuales”, Cabrera valoró que el directorio fue “unido”, y, en la mayoría de los casos, “unánime en los procesos importantes”. Recordó momentos de decisión como los cambios dentro del área de salud o la incorporación del subsidio de alquiler. “Es un directorio muy particular, tiene siete miembros y tres electos por voto directo popular. Uno puede imaginarse que sería caótico; sin embargo no fue lo que sucedió”, aseguró.
Caminos a recorrer
En enero-octubre de 2024 el BPS hizo 5.566 actuaciones de fiscalización y, en un 71,63% de los casos detectó irregularidades. El promedio, consignó Cabrera, es de unas 8.000 actuaciones por año.
Aunque el sistema actual ya es “muy eficiente” por la utilización de inteligencia artificial, geolocalización y otras herramientas, “queda acompañar la formalización de las formas de trabajo en las redes sociales”, consideró el presidente saliente. Comentó que su administración ya hizo un trabajo de consultoría con el Banco Mundial sobre el tema, y dijo que la reciente aprobación de la ley de trabajo en plataformas digitales “da un marco que va a ser interesante para el control”, porque abarca tanto a dependientes como independientes, lo que fue “una decisión inteligente en la propuesta que hizo el Ministerio de Trabajo”.
Por otra parte, Cabrera cree que las inversiones en tecnología deberían continuar. El BPS “tiene nueve vehículos, no tiene grandes inversiones. La gran inversión que realiza es en desarrollo de software. Me gusta pensar que la administración que venga va a encontrar todo cercano a poder hacer una jubilación digital, cambiar el sistema de prestaciones para terminar con la jubilación por expediente. Si el expediente (digital) sigue teniendo una lógica de ‘yo te lo paso a ti, tú haces algo y se lo pasas a alguien, ese alguien hace algo y se lo vuelve a pasar a otro’, tenemos un resultado. Si el sistema se basa en procesos automáticos, nos acercamos a una jubilación completamente digital. Eso exige registros de historia laborales completos. Precisa que aquellas personas que todavía no tienen incorporado todas sus actividades, lo hagan”, señaló.
Un último camino iniciado y aún en desarrollo, es el del “derecho a entender”. Cabrera dijo que durante su gestión hubo una comisión dedicada a la facilitación de la comprensión en las comunicaciones dedicadas a los usuarios. “Dimos un puntapié, se reescribieron unos 300 documentos aproximadamente”, aseveró.
