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BPS demandó al vicepresidente del gremio de funcionarios por deudas de su negocio particular
Rodrigo Núñez, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y su socia en un residencial de ancianos fueron condenados a pagar $ 2,4 millones por no cumplir obligaciones de pago
BPS demandó al vicepresidente del gremio de funcionarios por deudas de su negocio particular
El Banco de Previsión Social (BPS) busca cobrar a través de la Justicia una deuda que mantiene el hogar de ancianos El Ibirapitá, en Atlántida, por el incumplimiento de varios convenios de pagos. Ese centro de cuidados de adultos mayores y discapacitados pertenece a Rodrigo Núñez, quien es vicepresidente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), el sindicato de funcionarios del organismo previsional.
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El organismo inició un juicio ejecutivo tributario contra Núñez y su socia en la empresa, Sylvia Sirtori, en el Juzgado Letrado de 2° turno de Atlántida. La deuda es por el incumplimiento de cuatro convenios y por haber pagado solo una parte de las obligaciones personales tras haber realizado una declaración jurada de no pago, surge del expediente judicial al que tuvo acceso Búsqueda.
El hogar El Ibirapitá asegura en su página web que “se centra en el cuidado integral de las personas mayores” tanto en lo “físico como en lo emocional y en el desarrollo personal del individuo”. Anuncia que ofrecen una “gran variedad de talleres para personas mayores”, como “musicoterapia, yoga, pintura y escritura”. Una de las características que destaca es que están “rodeados de naturaleza”.
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Rodrigo Núñez, el vicepresidente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social
ATSS
Núñez había entregado una declaración jurada de no pago y, entonces, generó una deuda tributaria. Para pagar, firmó varios convenios de facilidades, pero fueron caducando por falta de pagos, según surge del expediente de 43 fojas. Por el primer convenio debe $ 365.163, a lo que se le suman otros saldos de tres convenios más, por $ 70.340, $ 1.045.230 y $ 87.519.
Un segundo “hecho” que se agrega en la denuncia del BPS es la suma que adeuda por la declaración de no pago. La empresa pagó “parte” de las obligaciones, pero, si se descuenta la “regularización”, el monto que sigue debiendo asciende a $ 857.093.
La Justicia condenó, en agosto de 2023, a los demandados a pagar $ 2.425.345 más los “ilíquidos” y decretó un embargo genérico, ya que no se encontraron “bienes concretos” de los dueños del residencial. La semana pasada, la Justicia intentó notificarlos de la condena, pero no encontró el domicilio. Un reciente decreto solicita que se aporte un “croquis”, un “mapa” o “mayores precisiones” sobre la ubicación del domicilio de los contribuyentes.
Cuando sean notificados, tendrán un plazo para presentar sus descargos (“excepciones”), como está previsto en los trámites de los juicios ejecutivos tributarios. Las irregularidades que dan lugar a estas demandas en general surgen tras inspecciones del BPS o denuncias que se realizan ante el organismo.
La ATSS ha aumentado su perfil en el último tiempo al ser una de las principales impulsoras del plebiscito de seguridad social que se votará el 27 de octubre, que propone establecer la edad de retiro en 60 años, equiparar el salario mínimo nacional a la jubilación mínima y la eliminación de las AFAP. Núñez es, junto con Nathalie Barbé, el delegado del sindicato ante la Mesa Representativa del PIT-CNT y en la Mesa Sindical Coordinadora de Entes.
Búsqueda se comunicó con Núñez para consultarlo por esta demanda, pero prefirió no hacer declaraciones.
Investigación archivada
El nombre del vicepresidente de la ATSS estuvo vinculado el año pasado a otra polémica en el BPS. El Directorio resolvió iniciar una investigación administrativa contra Núñez por presuntas irregularidades en torno a las horas sindicales. Este proceso, sin embargo, fue archivado hace algunas semanas, informó a Búsqueda una fuente del organismo.
La investigación se inició tras la denuncia del director del BPS en representación de las empresas, José Pereyra. El jerarca planteó que Núñez hace seis años no va a trabajar al organismo por ser beneficiario de la licencia sindical y que, para su “sorpresa”, es el dueño del hogar de ancianos de Atlántida.
Pereyra se encontró con esa situación en uno de los recorridos que hizo por esa ciudad de Canelones. Consideró que la actitud del sindicalista era “reprochable” desde el punto de vista “moral” y que un aspecto adicional a investigar era si ese residencial tenía alguna vinculación con el organismo o si accede a información privilegiada. Otro de los cuestionamientos de índole ético que hizo el director era si el “defensor de los trabajadores” era también un “empresario”.
Tras la publicación de Búsqueda sobre esa situación, la ATSS respondió en un comunicado. Consideró un “hecho gravísimo” que un director haga acusaciones cuando no hay “incompatibilidad legal” ni “perjuicios de ninguna índole” para el BPS. “Rechazamos enfáticamente estas prácticas malintencionadas y de ataque continuo a trabajadoras y trabajadores del BPS”, decía el texto.
La ATSS evaluó iniciar acciones legales contra Pereyra por estas acusaciones, pero finalmente descartó hacerlo para no darle más “trascendencia” al tema, informó una fuente sindical. La investigación fue archivada porque la actividad privada de Núñez no era “incompatible” con ser beneficiario de horas sindicales, agregó otro informante.