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BPS no aplica con sus funcionarios las últimas leyes de licencia paternal y cuidado de recién nacidos
Aunque parte de la normativa vigente solo aplica a los trabajadores públicos de la administración central, algunos organismos, como el BROU, UTE y el BCU, sí brindan esos beneficios en sus reglamentos de licencias
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El gobierno anterior impulsó en 2023 la campaña Vos también Podés Cuidar, promovida por la Secretaría Nacional de Cuidados y el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Buscó fomentar el uso de la licencia por paternidad y el subsidio para el cuidado de recién nacidos por parte de los padres, un grupo que, según los últimos datos del Banco de Previsión Social (BPS), solo usa ese beneficio en un 2,2% de los casos.
En sus bases programáticas para el gobierno 2025-2030, el Frente Amplio también impulsó la idea de “promover la corresponsabilidad de los cuidados para que hombres y mujeres compartan de forma equitativa el trabajo no remunerado”, fortaleciendo el Sistema de Cuidados, fomentando el uso efectivo de los subsidios parentales y alineándolos con los estándares internacionales “en un contexto de descenso sostenido de la población joven”.
En esta misma línea promovida por ambos gobiernos nacionales es que, en los últimos años, se dieron dos modificaciones a nivel legislativo referidas a los derechos de los funcionarios públicos hombres a la hora de convertirse en padres. La Ley de Rendición de Cuentas promulgada en 2023 (20.212) dispuso que los trabajadores públicos, madre o padre, también tienen derecho a una licencia “para el cuidado del recién nacido” una vez finalizada la licencia maternal, hasta que el hijo cumpla seis meses o nueve en casos excepcionales. Otra ley (20.312), promulgada en agosto de 2024, amplió para “todo funcionario público” la duración de la licencia por paternidad “de diez días hábiles o veinte días corridos, según resulte más favorable para el trabajador".
Consultado por la aplicación de la normativa, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) informó a Búsqueda que al ser esta segunda ley una modificación de la Ley 19.121, que regula el estatuto del funcionario público de la administración central, “alcanza únicamente” a quienes trabajan dentro de ese ámbito, que abarca a la Presidencia y a los ministerios.
Sin embargo, la aplicación de esos beneficios varía entre los reglamentos de licencias de los entes autónomos o servicios descentralizados, que “tienen un régimen jurídico distinto”, señaló el MTSS.
El Banco Central, por ejemplo, aplicó por una resolución de directorio de octubre de 2024 la inclusión de las dos normas.
Fuentes de UTE aseguraron que de igual manera sucede en ese ente, y desde la Asociación de Empleados Bancarios confirmaron que también es el caso del Banco República. Los funcionarios del BPS cuentan con una situación más desfavorable que los de esas instituciones; el organismo señaló el msmo argumento que el MTSS en cuanto a la licencia por paternidad, por lo que los funcionarios acceden a hasta 10 días hábiles. Sobre la ley de subsidio por el cuidado del recién nacido, el instituto previsional explicó que al corresponder a una Rendición de Cuentas, “para que sus disposiciones alcancen a BPS debieron haber sido aprobadas por mayorías especiales, lo cual no ocurrió”.
El BPS informó que cuenta con su propio reglamento de licencias para funcionarios, que en abril de 2024 tuvo modificaciones relativas a la reducción horaria del 50% para cuidados a utilizar de forma alternada entre los progenitores hasta que el hijo cumpla un año. De igual forma sucede en Antel con las dos leyes mencionadas, donde además la reducción horaria es solo hasta los seis meses de edad o nueve en caso de nacimientos múltiples, pretérmino o comorbilidades del recién nacido.
El MTSS no recibe reclamos sobre estos u otros casos, porque las situaciones de funcionarios públicos “se canalizan por la vía del derecho administrativo a través de asesoramiento jurídico especializado o de la defensoría de oficio correspondiente”, salvo excepciones, como “denuncias por acoso o vulneración de derechos fundamentales”, explicaron desde esa secretaría de Estado.
Un problema de recursos humanos
Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), dijo a Búsqueda que el problema de la aplicación de la Ley 20.212 sobre cuidados del recién nacido radica en su redacción, pues dice “podrán usar indistintamente y en forma alternada el padre y la madre”, y no se usa otro verbo que implique obligatoriedad.
“Juegan con esa faceta de ‘lo doy si quiero’. Es de público conocimiento los problemas de personal que tenemos, pero a la hora de definir, (las autoridades) están rascando el fondo de la olla, porque no alcanza la gente (...). Se agarran de los vericuetos legales para hacer lo que conviene en el sentido de conservar el servicio”, manifestó la sindicalista.
Si bien ATSS no recibió denuncias formales por funcionarios varones en torno al tema de licencias por paternidad y cuidados, Sosa recordó casos similares, como que frecuentemente no se autorizan licencias sin goce de sueldo o se cesan pases de comisión que obligan a “muchísima gente” a volver a la función, “incluso teniendo que darles traslado porque son de otras localidades”.
“Tengamos presente que cambió el gobierno. Si tú lees las promesas de campaña política y el compromiso de ampliar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, es como una ironía que nieguen este tipo de licencias. Se habla de la longevidad y la poca natalidad, y no tenemos salas de lactancia, como mandata la ley. Una cosa es el discurso, entonces, y otra cosa es la práctica”, se quejó Sosa.
Desde el BPS aseguraron que “el ámbito de negociación bipartita con el gremio del instituto se encuentra activo, lo que permite continuar evaluando y ajustando los beneficios existentes”. Sosa coincidió en que el relacionamiento con las autoridades se encuentra en un momento de “diálogo sostenido” y reafirmó la importancia de que lo mismo suceda con el resto de la plantilla. “Todo lo que no decís y lo que callás es lo que se convierte después en una inequidad o en una inconsistencia a nivel de derechos laborales”, señaló.
