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El 63% de los empresarios cree que el próximo gobierno aumentará la carga impositiva
El 20% descarta cambios tributarios relevantes y un 17% no sabe o no contestó, una incertidumbre que surgió también de otras preguntas de la XXIX Encuesta Anual de Evaluación y Perspectivas Empresariales de Búsqueda
Orsi y Oddone
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Javier Calvelo-adhocFOTOS
Uno de los temas recurrentes de la última campaña electoral fue el relacionado con los impuestos. Álvaro Delgado, el candidato blanco respaldado por sus socios republicanos, prometía que no subiría la carga, mientras que su rival, el frenteamplista Yamandú Orsi, sostenía que la presión ya era elevada y que los cambios relevantes al sistema tributario fueron hechos en 2007, la última gran reforma; en todo caso, si él resultaba electo presidente, habría lugar para ajustes menores. Pero el oficialismo le retrucaba señalando que las bases programáticas de la coalición de izquierda decían otra cosa y que muchas promesas necesitarían de recursos para financiarlas.
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Ya avanzada la campaña, Orsi y su designado ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, fueron algo más claros respecto de las acciones que, en materia de política tributaria, quisieran tomar.
Por un lado, evaluar la posibilidad de instaurar un Impuesto al Valor Agregado (IVA) personalizado que, valiéndose de la tecnología y la mayor información disponible, tenga en cuenta determinadas características socioeconómicas de la población con la intención de hacer más equitativa la carga de este tributo, el principal en la recaudación de la Dirección General Impositiva.
Por otro, adaptarse a los cambios recientes en la tributación internacional —en particular el impuesto a la renta mínima global—, que desafían los regímenes de promoción de inversiones vigentes en Uruguay. “Tenemos que tener una actitud proactiva, a diferencia de la actitud más pasiva que la aplicada hoy, para poder lograr que, de algunas de esas empresas que están en Uruguay pero que evalúan irse o que van a tributar en otro lugar, una parte de esos impuestos tributen en Uruguay. Eso nos va a obligar a darles algún tipo de beneficio, que no puede ser para esas empresas sino genérico, y esto supone revisar algunas cosas en materia de asignación de recursos, de renuncias fiscales y de aspectos tributarios. No porque nosotros creamos que haya que hacerlo, sino como reacción a una realidad que viene dada y tratando de cumplir con la idea de que la presión fiscal ya es elevada y no hay razones para aumentar la presión fiscal. En todo caso, puede haber modificaciones derivadas de esto”, señaló Oddone a Búsqueda en setiembre pasado.
En una charla que dio pocas semanas antes del balotaje en el bar Expreso Pocitos, el economista también dijo, ante una pregunta referida al Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS): “Gravar las rentas altas es un tema que nos debemos”, de “todo concepto”.
Las bases programáticas del Frente Amplio para el gobierno 2025-2030 enuncian, en su capítulo sobre el tema impositivo, lo siguiente: “Avanzar en la transformación del sistema tributario reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta, el gran capital y el patrimonio con el criterio de progresividad”.
Lo escrito en ese documento y las declaraciones de campaña llevan a una proporción mayoritaria de los empresarios a pensar que la próxima administración implementará cambios que elevarán la carga impositiva. Así surge de la XXIX Encuesta Anual de Evaluación y Perspectivas Empresariales de Búsqueda, efectuada entre fines de noviembre y mediados de diciembre a 117 ejecutivos de diversos sectores de actividad y tamaños de empresas para que hicieran balance del 2024 y proyectaran sus expectativas de cara al nuevo año.
Una de las preguntas refirió específicamente a estos asuntos: “¿Piensa que la próxima administración aumentará la carga impositiva?”. El 63% de los encuestados contestó que sí, con grados de convicción relativamente altos, en particular en el sector agropecuario (73%).
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Por otro lado, el 20% del total de ejecutivos encuestados cree que el gobierno de Orsi no incrementará la carga de los impuestos. Esa es la opinión minoritaria en todos los sectores, salvo en la construcción (50%); en la industria manufacturera, un 28% descarta aumentos de gravámenes.
También hubo una proporción no despreciable de ejecutivos (17%) que no contestó o dijo no saber qué decisiones tomará en concreto la futura administración. Esa fue la respuesta de prácticamente un tercio de los encuestados de las finanzas y del comercio, lo que puede interpretarse como un signo de incertidumbre sobre el manejo impositivo futuro.
En ese sentido, otra pregunta de la encuesta, que indagó sobre los principales problemas que vislumbra el empresariado frente al año que empieza, también dejó entrever preocupaciones al respecto. En efecto, la “incertidumbre sobre las políticas del nuevo gobierno” —en sentido amplio— recibió 12 menciones y fue el cuarto aspecto en importancia señalado por los encuestados, aunque otros 10 se refirieron en concreto a la inquietud que les provoca el “eventual aumento de la carga tributaria”.
Sin embargo, el 80% descartó cambios significativos en la política económica en general con la futura administración del Frente Amplio, según la encuesta.
Los empresarios, representados a través de las organizaciones agrupadas en la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), presentaron en agosto a los candidatos presidenciales un documento con propuestas orientadas al “desarrollo” del país, que aludió al tema impositivo.
“Si bien en los últimos años se han introducido algunos cambios que mejoraron las condiciones tributarias de las empresas y la presión fiscal hacia las mismas, el sistema (...) aún sigue mostrando la necesidad de ajustes”, señaló la CCE. En concreto, pidió “combatir el contrabando y el informalismo”; reinstaurar el cómputo de pérdidas por inflación para el cálculo del IRAE (renta corporativa); eliminar el sistema de pago de IRPF (renta personal) por dividendos fictos; reducir la carga por Impuesto al Patrimonio; habilitar deducir los gastos en el extranjero en el IRAE cuando la empresa tiene pérdidas; y dar continuidad a los regímenes de promoción de inversión privada.
