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FMI destaca “lecciones” de Uruguay por cómo procesó la última reforma jubilatoria
El organismo subraya la formulación estratégica y el rol que jugó el presidente Luis Lacalle Pou para lograr la aprobación del aumento de la edad de jubilación, una medida que cree necesaria para varios países
Las reuniones de primavera del FMI tuvieron lugar del 21 al 26 de este mes, en su sede en Washington
En el marco de las reuniones semestrales del Fondo Monetario Internacional (FMI), como la que tuvo lugar la semana pasada en Washington D.C., son lanzados tres informes que, esta vez, comparten las referencias al concepto de “incertidumbre” asociado a la confrontación por los aranceles al comercio y sus efectos económicos globales. Las proyecciones de crecimiento de la actividad fueron ajustadas a la baja, y las de las deudas públicas al alza.
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Estos informes —el Panorama Económico Mundial, el Monitor Fiscal y el Reporte de Estabilidad Financiera Global— generalmente aluden a las economías principales; más allá de los cuadros con las proyecciones macroeconómicas —crecimiento de 2,8% en 2025 y 2,6% en 2026; inflación de 5,5% y 5,3%; y desempleo de 8,0% en ambos años—, Uruguay rara vez es mencionado. Esta edición del Monitor Fiscal, sin embargo, referenció al país, con el carácter de “caso de estudio” positivo, al proceso de discusión y aprobación de la más reciente reforma del sistema de seguridad social, que ahora se pondrá bajo revisión en el ámbito de un diálogo instalado por el gobierno del Frente Amplio.
“Muchos países necesitan un cambio estratégico para reducir la deuda y generar margen fiscal. Lograrlo requiere esfuerzos para racionalizar los presupuestos públicos y reformar los programas de gasto”, introduce ese capítulo del informe, titulado El sentimiento público importa: la esencia del éxito de las reformas a los subsidios energéticos y las pensiones. Analiza qué factores —macroeconómicos, institucionales, políticos o la percepción de las partes interesadas— influyen en estos procesos, que “suelen ser polémicos, lo que dificulta su aceptación social y política”.
Reformas jubilatorias
El gasto en pasividades representa alrededor del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) en las economías avanzadas y 4% en las llamadas emergentes, y se proyecta que aumente entre dos y cuatro puntos porcentuales para 2050, menciona el informe del FMI. “Sin reformas, es probable que el gasto en pensiones incremente la deuda pública y desplace otros gastos esenciales. Cerrar la creciente brecha entre la (creciente) esperanza de vida y la edad de jubilación es fundamental para impulsar el crecimiento económico, incentivando a las personas mayores a trabajar más. Si no se ajustan las edades de jubilación, los sistemas de pensiones podrían enfrentarse a tasas de aportación más altas (lo que desalienta la oferta laboral) o prestaciones más bajas (lo que aumenta el riesgo de pobreza en la vejez)”, entiende el organismo financiero internacional.
Para Uruguay, el tema planteado tiene una indiscutible actualidad. En parte por la tensión demográfica que deriva de una menor tasa de natalidad en los años recientes y una mayor esperanza de vida, en 2023, después del trabajo de una comisión de expertos de diferentes partidos y organizaciones sociales, el Parlamento aprobó una reforma al sistema que eleva gradualmente la edad mínima de retiro de 60 a los 65 años, entre otras modificaciones. Un plebiscito efectuado en octubre de 2024 propuso volver atrás ese cambio e introducir otros en la Constitución, pero esa papeleta fracasó con el 39% del apoyo ciudadano.
Ahora, el Poder Ejecutivo encabezado por Yamandú Orsiinstaló una comisión en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que definió pautas y plazos para el trabajo de un grupo con participación de actores políticos y sociales, que propondrá cambios al sistema jubilatorio y en otros programas de protección social.
Uruguay como “caso de estudio”
Para el FMI, Uruguay es un “caso de estudio” por haber aprobado y puesto en aplicación en el anterior período de gobierno una “reforma previsional sostenible pese a la resistencia”. El informe también analiza las transformaciones hechas en las edades de jubilación por Australia y Alemania.
En el sistema uruguayo, dado que el gasto en pasividades alcanzó aproximadamente el 11% del PIB en 2019, el gobierno de Luis Lacalle Pou consideró “esencial actuar con prontitud en la reforma previsional para garantizar la sostenibilidad y liberar recursos para otras áreas críticas”, repasa el FMI.
Según su relato, con la “participación de las partes interesadas, la comisión utilizó las redes sociales, con la ayuda de un experto en comunicación profesional”, para dar "respuestas a los debates en línea”. El informe asegura que la comisión “capacitó a periodistas especializados en pensiones”.
Por otro lado, “para mitigar la resistencia”, el gobierno impulsó un aumento gradual de la edad de jubilación, mantuvo los 60 años para ciertas actividades ocupacionales, y “evitó cambios polémicos en la financiación de las pensiones”. A su vez, el presidente Lacalle Pou “defendió estas propuestas, convirtiéndolas en un elemento central de su administración y obteniendo el apoyo de la coalición gobernante y la legislatura”.
“El debate público se intensificó, reflejado en una mayor cobertura mediática, con los partidos de oposición y los sindicatos liderando las críticas”, agrega el documento. Pero el proceso siguió adelante y la ley 20.130 vio la luz.
El “fracaso de la reversión” a esta norma pretendida por los impulsores del plebiscito de la seguridad social se debió a “su asociación con reformas radicales de pensiones y al compromiso con la estabilidad fiscal tanto del presidente saliente como de los principales candidatos, así como a la clara articulación de la necesidad de la reforma, lo que contribuyó a mitigar el descontento público con los cambios", interpreta el FMI. Asimismo, la "comunicación transparente del Ministerio de Economía sobre las implicaciones fiscales y de bienestar de la reforma también contribuyó a mejorar la aceptación pública”.
“La experiencia de Uruguay subraya la importancia de formular las reformas estratégicamente: el ajuste de la edad de jubilación se presentó como un medio para mantener los niveles de las prestaciones de pensión”, señala como una de las “lecciones”. Las experiencias de los países también sugieren que la participación de actores clave (…) en el proceso” puede mejorar el diseño y la “aceptación de las reformas”. A su vez, tanto Alemania como Uruguay “ilustran la importancia” del trabajo multipartidario para fomentar la confianza y la transparencia, “contribuyendo así a lograr un consenso político antes de la promulgación de la legislación”, señala el FMI.
El organismo machaca en destacar el rol que jugó Lacalle Pou en su momento para defender los cambios aprobados por su gobierno. "El ejemplo de Uruguay demuestra el papel crucial de una fuerte implicación política para el éxito de las reformas legislativas. El presidente priorizó los cambios en la edad de jubilación como un pilar central de la política gubernamental y colaboró activamente con actores políticos clave para fomentar el consenso".
