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Las empresas y personas pagaron gravámenes nacionales por $ 601.444 millones el año pasado. Eso significa una “presión” tributaria de 17,11% del Producto Interno Bruto (PIB), la más alta desde el 2022.
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Tal es la estimación realizada por la Dirección General Impositiva (DGI), que combina datos de la recaudación neta —descontados los tributos reintegrados a los contribuyentes— con las cifras preliminares del PIB informadas por el Banco Central.
La serie consignada en el Boletín Estadístico 2025, publicado por la DGI este jueves 1, muestra una evolución oscilante de la presión de los impuestos nacionales medida como la recaudación neta en términos del PIB. Era de 16,16% en 2016, subió en los dos años siguientes (a 16,97% y 17,14%), bajó en 2019 (16,75%), para luego alcanzar su máximo en 2020 (17,45%). Después se alternaron años con bajas y aumentos, el último desde 16,92% en 2024 a 17,11% en 2025.
La recaudación bruta —antes de la devolución de impuestos— se ubicó próxima a 20% del Producto en los años más recientes de la serie; en 2025 significó 19,91%.
Los impuestos que gravan el consumo, como el IVA, representan la mayor carga fiscal. Según el boletín de la DGI, el año pasado recaudaron el equivalente a 11,34% del PIB, en tanto que los tributos sobre las rentas y utilidades de las empresas aportaron 7,15% y los impuestos a la propiedad significaron 1,20% del Producto.
“¡Paren la mano, aflojen!”
En los primeros ocho meses de 2026 la DGI recaudó $ 416.899 millones, un 2,3% más que en igual lapso del año pasado, descontada la inflación (en términos reales). Eso está en línea con lo acordado por las autoridades económicas.
Un incremento de la recaudación puede estar asociada a más consumo y actividad económica en general, así como a una mayor eficiencia de la Impositiva al colectar los impuestos.
En mayo pasado entró en vigor el IVA aplicado a las compras por encomienda en el régimen de franquicia aduanera, conocido popularmente como “impuesto Temu” porque surgió en reclamo del comercio tradicional por la competencia de esa plataforma de comercio electrónico china.
Este 1 de octubre el Poder Ejecutivo prorrogó hasta fin de abril de 2027 la rebaja de nueve puntos del IVA a los consumos vinculados a servicios turísticos y gastronómicos pagados con medios electrónicos, como tarjetas. La ventaja tributaria había sido extendida mediante sucesivos decretos desde 2021 y esta vez habían surgido especulaciones acerca de su continuidad.
El asunto dio lugar a un cruce político a través de la red social X, con legisladores de la oposición mencionando una “guía” de la DGI según la cual la reducción caería desde hoy a cinco puntos (4,1% en el caso de los contribuyentes de IVA mínimo), y del oficialismo dando a entender que la prórroga del beneficio estaba prevista. Según el senador colorado Robert Silva, con el decreto de hoy el Ejecutivo dio “marcha atrás”, y reclamó: “El gobierno debe frenar su afán recaudador porque la gente ya no aguanta más impuestos. ¡Paren la mano, aflojen!”.
Otras modificaciones ya aprobadas, se reflejarán en la caja del Estado desde el año próximo, cuando el Impuesto Específico Interno (Imesi) deje de estar exonerada la venta de vehículos eléctricos nuevos a partir de cierto monto —aunque el Ministerio de Economía evalúa aplazar el cambio durante una “ventana muy corta” de tiempo— y, por otro lado, empiece a percibir el Impuesto Mínimo Complementario Global de las grandes multinacionales con actividad en el país.
Paralelamente, la DGI está en proceso de adopción de un Modelo de Gestión de Cumplimiento Tributario, que apunta a reforzar la “cultura” de pago de sus obligaciones por parte de los contribuyentes, a la vez que se muestra más activo en el fiscalización y sanción, entre otras cosas publicando listados de evasores “contumaces”.
Otra innovación que está tomando forma implica que la oficina trate a los individuos con “altos patrimonios” como un “segmento” de contribuyentes alcanzados en su riqueza por diferentes tributos, no solo el de Primaria, buscando mejorar su relacionamiento con la DGI.
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