La futura ministra de Industria, Fernanda Cardona, ya tiene un espacio destinado en el edificio de Ancap —que alberga varias reparticiones de esa cartera— para generar reuniones, analizar los temas y prioridades a encarar en el comienzo de su gestión.
La transición y el intercambio de información avanza a distintas velocidades en el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), tras la reunión entre Cardona y la ministra en funciones, Elisa Facio, realizada antes de finalizar el 2024.
Fuentes ministeriales dijeron a Búsqueda que la información está fluyendo bien, pero otros de los consultados señalaron “lentitud”. En la única reunión presencial entre Cardona y Facio, la ministra designada por el gobierno electo entregó una serie de preguntas en base al informe del MIEM elaborado a principios de diciembre. Las respuestas todavía no están prontas debido, en parte, a la falta de personal por las licencias anuales en varias áreas, precisaron.
En tanto, la actual directora general de Secretaría de la cartera, Natalia Jul, se reunió el lunes 20 con quien ocupará su lugar en el próximo período, Rodrigo Díaz, un abogado asesor de Cardona, agregaron.
Hasta el momento, como ministra designada Cardona tuvo pocas apariciones públicas por seguir cumpliendo funciones como directora de UTE en representación de la oposición. A fin de año expresó su desacuerdo con que Ancap haya renunciado a la posibilidad de participar como accionista de la inversión de HIF Global para producir hidrógeno verde y combustibles renovables en Paysandú, en línea con la opinión de Alejandro Stipanicic, quien renunció a la presidencia del ente petrolero antes de que se firmara el acuerdo final de implementación de ese proyecto.
Entre los asuntos que están a estudio por la administración saliente y sobre los que tendrá que definir el gobierno electo está la política de combustibles, en particular, por los compromisos internacionales asumidos por Uruguay en materia de reducción de emisiones de carbono. Si bien a principios de este período se dejó de mezclar biodiesel en el gasoil, ello se puso bajo revisión, aunque se concluyó que las metas ambientales tampoco se alcanzarían volviendo a incorporar o incluso incrementando la proporción de biocombustibles en el gasoil y las naftas, indicaron los informantes.
Prioridades
Dentro de los informes de transición elaborados para las autoridades designadas el MIEM incluyó una decena de ítems para sintetizar la información más relevante de cada dirección o dependencia. Entre ellos, se enumeran los recursos humanos con los que cuenta; si se realizó una reestructura organizativa en el período que está terminando; el detalle y monto de las partidas de naturaleza salarial abonadas y las comprometidas para el ejercicio 2025; los bienes muebles e inmuebles con los que dispone el ministerio; los contratos asociados a suministros y proveeduría, y aquellos vinculados a obras de infraestructura y servicios públicos. Además se incluye el inventario de juicios en los que el organismo es parte demandada o actora y el monto de estos litigios. También menciona, en algunos casos, recomendaciones a considerar en la formulación del presupuesto 2025-2029, las inversiones comprometidas a futuro —si las hubiere—, el plan estratégico que está en ejecución y los lineamientos proyectados, la cantidad de expedientes por oficina, si hubo auditoría de gestión realizada y su informe. En general, la mayoría de esos ítems se referencian a anexos que contienen planillas Excel con la información detallada.
El documento de transición también contiene las “recomendaciones o puntos destacados” que, a juicio de la administración saliente, requerirán la “atención prioritaria” durante los primeros seis meses del gobierno entrante.
Por ejemplo, la Dirección General de Secretaría (DGS) considera preponderante el cumplimiento de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (CDN 1) presentadas por Uruguay en el marco de las disposiciones del Acuerdo de París, que terminará afectando, a su vez, el cumplimiento del Bono Indexado a Indicadores de Cambio Climático emitido por el gobierno. Las metas refieren a la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero y el área de bosques nativos.
Además, señala como relevante trabajar activamente en el proceso de “co-creación a fin de definir la estrategia para el Sexto Plan de Gobierno Abierto”, así como de los propios objetivos del MIEM en el mismo. La ejecución del plan anterior —el quinto— inició en diciembre de 2021y se extendió hasta junio del 2024; involucró una treintena de compromisos a cargo de 23 instituciones públicas de los tres poderes del Estado. La planificación busca contribuir a una gestión pública más eficiente y abierta a la ciudadanía, promoviendo la política de transparencia, el uso de inteligencia artificial en el Estado, etcétera.
Además, la DGS marca como prioritaria la participación en el World Hydrogen 2025, un evento internacional que se realizará en mayo en Rotterdam y que reunirá a empresas de esa industria y a representantes gubernamentales para propiciar acuerdos vinculados al desarrollo de proyectos en esa cadena.
En la misma línea, destaca la relevancia de organizar una misión oficial del MIEM para asistir a la Expo Universal Osaka 2025, que se enfoca en la innovación y sostenibilidad, y a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 30) que se celebrará en Brasil en noviembre.
Industria
El listado de prioridades sugerido por la Dirección Nacional de Industrias (DNI) apuntó a la “reevaluación y atención a situación de empresas lácteas en problemas” y, en especial, los casos de la cooperativa láctea de Carmelo (Calcar) y la de Melo (Coleme). Eso, porque en este período se creó el Fondo de Reconversión de la Industria Láctea para apoyar al sector y los planes de inversión y reestructura de esas y otras dos industrias (Claldy y Granja Pocha).
El próximo gobierno deberá prestar atención al déficit presupuestal del Instituto Nacional de la Leche, una persona jurídica de derecho público no estatal creada en 2007 y cuyo principal cometido es asesorar al gobierno en políticas para el sector, articular con los agentes de la cadena, estudiar y planificar el desarrollo de la producción lechera.
En otro orden, la DNI recomienda la “revisión de la reimplantación” de la tasa global arancelaria a la importación de harina desde Argentina que desde enero del 2024 bajó a 0%. La decisión es cuestionada por algunas empresas del rubro, por senadores frenteamplistas y defendida por el Ministerio de Economía, por considerar que no hubo cambios sustanciales en las cantidades importadas y que las mismas tienen una participación menor en el abastecimiento del mercado interno.
En materia de gravámenes, la DNI también sugiere “evaluar la continuidad de la tasa de 0% de detracción al cuero wet blue” o sea el cuero curtido, sin mayor valor agregado.
Otro sector fabril al que alude la lista de prioridades es el autopartista, que atraviesa dificultades y reclama “estímulos”. Al respecto, esa dirección recomienda “evaluar (dar) apoyo” a través de proyectos de decretos para el sector carrocero y autopartes.
Además, menciona como prioritaria la “decisión de continuación” del piloto de hidrógeno verde que busca financiamiento para el transporte de carga pesada. En esa cadena, la DNI también hace referencia a la continuidad del proceso de iniciativa privada para la construcción de un hidroducto que atraviesa el litoral del país —una tubería que conduce hidrógeno—, probablemente por el proyecto de la chilena HIF Global en construir una planta de combustibles líquidos a partir de hidrógeno en Paysandú.
Definir el marco de promoción y beneficios fiscales para los proyectos de hidrógeno y combustibles líquidos renovables es algo que señala como prioritario la Dirección Nacional de Energía, entre otros aspectos, comenzar la implementación del Plan Nacional de Eficiencia Energética.
Banda 6G y PCT
En otras direcciones del MIEM las recomendaciones señaladas son más escuetas.
La Dirección Nacional de Propiedad Industrial plantea dos prioridades: continuar con el refuerzo de la oficina a través del ingreso de más personal capacitado y la puesta en marcha del Tratado de Cooperación en materia de Patentes o PCT, al que Uruguay adhirió el año pasado.
En el caso de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones lo más inminente es la participación en un congreso de telefonía celular a realizarse en Barcelona en los primeros días de marzo y en materia de política señala la definición sobre el uso de la banda 6G, que refiere a la sexta generación de comunicaciones inalámbricas.
A juicio de la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear, la atención prioritaria debería centrarse en la ejecución del proyecto de promoción del uso de aplicaciones nucleares en el sector industrial, entre otros.
Por último, la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas indica la revisión de algunos programas y la “recategorización” de las mipymes.