Uruguay tiene vigentes múltiples mecanismos de estímulo a la inversión que son promocionados sobre todo cuando se busca atraer capitales del exterior. Los empresarios nacionales también los valoran, aunque los ven como un paliativo frente a una realidad adversa: producir en el país es caro. También se quejan porque entienden que algunos regímenes, como el que se tramita con la intervención de la Comisión de Aplicación (Comap) de la ley de promoción de inversiones, llevan un trámite largo, habilitan discrecionalidades y son poco transparentes.
Esa visión fue expuesta en una charla organizada la semana pasada por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU) titulada Régimen general de promoción de inversiones: análisis valorativo. Se ofreció como un ámbito para escuchar las opiniones del empresariado representado por tres organizaciones; hablaron Sebastián Pérez, asesor económico de la Cámara de Industrias (CIU), Rocío Lapitz, economista de la Asociación Rural, y Juan Martínez, vocero de la Confederación de Cámaras Empresariales. La actuación de la Comap, una ventanilla que funciona en la órbita del Ministerio de Economía, estuvo en el centro de los comentarios.
A mediados de mayo, pocos días después de que Búsqueda pidiera al amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública el listado de proyectos recomendados en 2023 al Poder Ejecutivo para ser beneficiados con exoneraciones fiscales, el Ministerio de Economía divulgó esos datos. La inversión asociada total fue de US$ 1.184 millones.
“En general, el atractivo de Uruguay no es mucho, a la vista está. Para atraer inversiones relevantes, con buena escala, con buena tecnología, aun así tenemos que exonerarles el IRAE (Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas) y el Impuesto al Patrimonio. Es como la prueba del nueve”, comentó Pérez. “¡Qué dejamos para el resto!”, se quejó.
Martínez señaló que Uruguay “es caro”. Reclamó un Estado “menos pesado, un país más competitivo” y que es posible “hablar hasta el cansancio del atraso cambiario y todo lo que implica” para el sector productivo. Frente a esa realidad, dijo, la herramienta de la promoción de inversiones “es fundamental para poder invertir. Sin ella, va a ser imposible”.
“Ojalá tuviéramos un impuesto (a la renta) bajo, como Paraguay, del 10%, y entonces ya no tendríamos más Comap” para tratar de “generar más empleo y desarrollo” con incentivos tributarios, proclamó el vocero de la supragremial empresarial. Según Martínez, si se comprendiera “cómo funciona toda la maquinaria” nadie haría planteos como “ahorquemos al empresario hasta que saque la lengua y quede morado”. Machacó señalando que “si el país camina y la economía camina es por los empresarios (...). ¡Es fácil decirle no a la reforma de la seguridad social y que los empresarios paguen el doble de aportes, (es) facilísimo! (...). No se dan cuenta de que van a tener menos empleos” de prosperar una idea de ese tipo.
El asesor de la CIU volvió sobre ese punto. “Todos los regímenes que tenemos instaurados de promoción a la inversión no dejan de ser coartadas a los problemas de competitividad que tenemos. Si tenemos que renunciar a cobrar IRAE” y “dar beneficios es porque en un régimen general le es poco atractivo invertir”, señaló. Pérez dijo que él preferiría que Uruguay fuese un país “más amigable para la inversión”, con “menos costos y sin estos regímenes, que además agregan todo un costo burocrático y diría hasta una injusticia entre empresas” debido al “enanismo tributario brutal” que produce.
Aludiendo a una encuesta a inversores extranjeros hecha en 2022 y divulgada recientemente por el Instituto Uruguay XXI, el representante de la gremial de industriales dijo: “Claro, valorativamente, cualquiera que usa este beneficio” va a expresar satisfacción con el régimen. Según Pérez, si no existieran exoneraciones fiscales, la inversión en el país “sería mucho menor” que los niveles actuales.
Sostuvo que los incentivos se dan porque “atrás hay un problema. ¿Por qué promocionamos el empleo? Porque contratar en Uruguay es caro, es dificultoso, las relaciones laborales son complejas. Tenemos problemas en cómo se llega al precio del salario, problemas de diseño de los Consejos de Salarios” y mínimos en algunos sectores que “son inconcebibles”, enumeró. Sobre ese último punto, propuso dar preferencias para la contratación de personas jóvenes y de menor calificación pero que se establezcan laudos diferenciados.
Para el asesor de la CIU, “al final, el IRAE terminó siendo un queso, que lo exoneramos por zona franca, o por vivienda social para la construcción o por Comap para algunos, no para todos”. Planteó: “Los empresarios estamos acostumbrados a hacer negocios. Si el negocio es: ‘Desmantelo la Comap pero surgen todas estas reformas que me permiten rentabilizar mi negocio, ah, digo que sí’. Mientras tanto, sacar la Comap” ahora es pegarse “un tiro en el pie”.
La economista de la ARU también empleó la imagen del “tiro en el pie” para referirse a un eventual desmantelamiento del régimen de promoción de inversiones.
Disfuncionalidades
Aunque en el transcurso de la charla los tres voceros empresariales reconocieron que el régimen ha tenido mejoras, sus comentarios acerca de su funcionamiento en general fueron críticos. Los tiempos que lleva aprobar un proyecto de inversión fueron mencionados de manera recurrente como un problema.
Pérez dijo que este año se aceleró el ritmo de los trámites, lo que, especuló, podría deberse a una “estacionalidad fiscal o electoral”, en el sentido de pretender no dejar “este fato al próximo gobierno” y quedar más al día con las solicitudes.
Lapitz acotó que hay iniciativas presentadas en 2020 que “todavía no tienen aprobación definitiva”. Eso lleva a que los productores rurales queden en “un limbo preocupante”, sobre todo cuando se trata de inversiones en riego que, dijo, son claves.
Se refirió al régimen de promoción de inversiones —que exonera ciertos impuestos a los proyectos de inversión que cumplen con determinados indicadores— como un instrumento que empezó a usarse más entre empresas del agro a partir de un decreto que lo modificó en 2020. Pero objetó que como en ese sector la mayoría son contribuyentes del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba) “quedan por fuera (...). Quizás el 50% de los que tributan IRAE lo han utilizado, pero son un número reducido en el sector”.
El asesor de la CIU señaló que se ha “fracasado con total éxito” respecto al reclamo de rever que se evalúen en dólares el indicador de aumento de las exportaciones, que forman parte de la matriz evaluada por la Comap. Dijo que la situación actual tiene un sesgo a favor de la empresa extranjera.
Martínez se quejó por lo burocrático del trámite ante la Comap. “Hay cosas que a uno le parece que están porque siempre estuvieron. ¿Por qué no trabajar en un sistema integrado” en materia de información de las empresas? Pérez complementó: “Si presentás las mismas cosas siete veces (...), hay un sobrecosto”.
También propuso elaborar “algo parecido a un texto Comap” que ordene la normativa y denunció que “hay circulares sin fechas” que no dejan claro en qué momento fueron emitidas.
El representante de la Confederación Empresarial opinó, en cuanto a los indicadores que se ponderan para otorgar los beneficios fiscales, que “falta ese rumbo” sobre qué se prioriza. E ironizó: “Ahora está de moda la huella de carbono, inventamos cosas todos los días... Pero está bueno si el país quiere invertir” en eso.
También abogó por evitar la “discrecionalidad” del régimen haciendo el trámite automático. “Después tendré, sí, que poner más foco en el seguimiento”. Para Martínez, como “país serio”, Uruguay no puede “estar jugando a la discrecionalidad” y hacer cambios en el esquema de promoción de inversiones “sobre la marcha” porque son aspectos que afectan hasta “la calificación de riesgo” soberano.
Pérez consideró, del mismo modo, que la “discrecionalidad ha pasado ciertos límites, siempre los tuvo” —aludiendo a una “cantidad de facultades” que tiene la Comap— pero “pueden demorar tres años en contestar. No estamos exagerando”. Para él, el régimen “tendría que ser más transparente; falta transparencia” sobre las ventajas efectivamente recibidas por las empresas promovidas.
