Primero fue el presidente Luis Lacalle Pou quien señaló, con sarcasmo, que “era un secreto a voces” que Nicolás Maduro se adjudicaría la reelección en Venezuela, cualquiera fuera el pronunciamiento en las urnas el 28 de julio. Después, el viernes 2, el canciller Omar Paganini expresó que, para el gobierno de Uruguay, “resulta claro” que ganó el candidato opositor Edmundo González Urrutia y pidió respetar la voluntad del pueblo venezolano.
La reacción del gobierno venezolano frente a los críticos en la región del acto electoral fue de enojo y exigió el retiro de los funcionarios diplomáticos de Uruguay y de otros seis países acreditados en Venezuela, a la vez que sacó a los suyos. En el caso uruguayo, este nuevo estado en unas ya muy deterioradas relaciones diplomáticas se instala en tiempos en que, también, el vínculo económico bilateral está frío.
A una amistad rota se agregó el desmoronamiento productivo y social que sufrió Venezuela. Entre 2013 y 2021, su economía padeció la mayor contracción de un país que no estuviera en guerra de los últimos 50 años: el Producto Interno Bruto se contrajo un 75%. Asimismo, huyendo de ese drama, cerca de 8,4 millones de venezolanos —muchos de ellos jóvenes y con alta capacitación— habrán emigrado hacia el 2025, más de la cuarta parte de la población que tenía el país en 2015, según una proyección del Fondo Monetario Internacional.
Hubo un tiempo, durante los gobiernos del Frente Amplio, en el que los lazos económicos con Venezuela fueron muy estrechos. Eso habilitaba, también, a que funcionarios de la embajada de ese país en Montevideo trajeran al Río de la Plata bolsos con dinero, que luego llegaría a manos de grupos de izquierda, según el reciente libro Petrodiplomacia. Valijas, negocios y otras historias del chavismo y Uruguay, del periodista Martín Natalevich. Pero de aquella amistad queda muy poco; en distintos foros internacionales, Lacalle Pou se refiere a Maduro como un dictador.
Por el lado del comercio bilateral, después de un crecimiento que llevó las exportaciones a Venezuela a niveles del orden de los US$ 400 millones anuales a mediados de la década pasada, hubo un desplome tras la contracción de la economía venezolana, los obstáculos burocráticos y las dificultades de cobro de los negocios.
En la primera mitad de este año Uruguay hizo ventas de productos al mercado venezolano por US$ 29 millones, de acuerdo con datos del Banco Central (BCU). Se ubicó decimoquinto en el ranking de destinos, 10 puestos más abajo que la posición que ocupaba entre 2012 y 2014. En 2024 hicieron envíos una treintena de empresas —como la arrocera Damboriarena Escosteguy y las industrias lácteas Conaprole e Inlacsa—, la mayoría por menos de US$ 1 millón, un tercio de lo que exportaban a Venezuela en aquellos años, según estadísticas del Instituto Uruguay XXI.
Una fuente empresarial dijo a Búsqueda que la cobranza “puede tener a veces alguna dificultad, pero se cobra siempre”. En el caso de su firma, no tiene en curso negociaciones para nuevos embarques a ese destino.
A su vez, las importaciones de productos originarios de Venezuela fueron inexistentes en varios meses de 2024 y hasta junio las compras totalizaron apenas US$ 46.000.
En la primera mitad de este año Uruguay hizo ventas de productos al mercado venezolano por US$ 29 millones, de acuerdo con datos del Banco Central (BCU). Se ubicó decimoquinto en el ranking de destinos, 10 puestos más abajo que la posición que ocupaba entre 2012 y 2014
En cuanto a las inversiones, las más importantes vienen de aquella época de oro en las relaciones entre el chavismo y el Frente Amplio y, como el comercio, han perdido brillo.
Casi 18 años atrás el estatal Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Venezuela abrió una filial en Uruguay después de comprar activos y pasivos de la quebrada cooperativa de ahorro y crédito Cofac, resolviéndole así un problema a la primera administración de Tabaré Vázquez. Desde entonces, gradualmente, la entidad ha ido perdiendo negocios y fue achicando su estructura.
Hoy la red física del Bandes la conforman, además de la casa central en la Ciudad Vieja, una dependencia en el Centro de Montevideo y dos en el interior, en Salto y Tacuarembó, desde donde atiende a clientes que antes iban a nueve sucursales que fueron cerradas durante el 2023. También en el marco de un plan estratégico de negocios 2022-2025 que busca equilibrar los números, entre 2023 y marzo pasado se desvincularon 57 empleados, incluyendo varios que tenían contratos a término. Actualmente su plantilla es de 117 personas.
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Bandes, casa central en la Ciudad Vieja
Este año el Bandes dejó de perder depósitos —se estabilizaron en torno a los US$ 67 millones—; en el último quinquenio la cantidad de titulares de esas cuentas había caído a ritmo promedio anual de 3,6% (unos 1.345 por año). Por otro lado, a junio pasado tenía préstamos concedidos por US$ 35,4 millones. La filial dio pérdidas por US$ 2 millones en los primeros siete meses del 2024; todos los demás bancos del sistema local obtuvieron ganancias.
Desde el sindicato del Bandes aseguran que la situación política en Venezuela y la crispación diplomática de las últimas semanas no generó ruido.
La preocupación que podrían tener los depositantes “está despejada por la propia realidad del banco, por su patrimonio, la garantía uno a uno de encajes” que desde hace unos años le exige el Banco Central, y también “desde la perspectiva comercial”, a partir de un reciente plan que ofrece préstamos para familias y empresas, declaró a Búsqueda Walter Tabeira, integrante del sindicato de la entidad venezolana. “Hay líneas de crédito que van mucho más allá de 15 años”, lo cual, en su visión, “para nada” sugiere el escenario un eventual retiro del banco “sino todo lo contrario”.
Casi 18 años atrás el estatal Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Venezuela abrió una filial en Uruguay después de comprar activos y pasivos de la quebrada cooperativa de ahorro y crédito Cofac, resolviéndole así un problema a la primera administración de Tabaré Vázquez. Desde entonces, gradualmente, la entidad ha ido perdiendo negocios y fue achicando su estructura.
Tabeira agregó que los números negativos del Bandes, atribuidos por él en gran medida a una sanción de 2019 aplicada por el Departamento de Estado estadounidense que desde entonces limita la operativa internacional de la institución bancaria, se han ido reduciendo en los meses recientes. Lo atribuye básicamente a esa estrategia comercial más agresiva y a la baja de los gastos operativos, en particular los salariales.
Otro negocio en el sector financiero que tiene el Estado venezolano en el país es más rentable que el del banco: una AFAP. El Bandes Uruguay posee el 77,4% de las acciones de Integración, la administradora más chica del mercado (16% de los afiliados y 10% del fondo de ahorro previsional total). En 2023 esta empresa dio una ganancia de US$ 5,1 millones, mayor a la del ejercicio anterior, al aumentar los ingresos y bajar gastos.
La memoria de 2023 de la AFAP informa que la fuerza de ventas estuvo en el “seguro de paro” entre agosto y noviembre al suspenderse las actividades y lo explica, sin que quede muy claro, por la reforma jubilatoria aprobada en ese año. Integración sumó tres nuevos colaboradores y la plantilla rondaba las 60 personas al cerrar el ejercicio pasado.
La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) es socia de Ancap en Alcoholes del Uruguay (Alur), con el 9,21% de las acciones. La empresa ganó US$ 8,5 millones en 2023.
En tanto, con miles de venezolanos arribados en los últimos años, un negocio en crecimiento ha sido el de las remesas. El año pasado, residentes de esa nacionalidad hicieron desde Uruguay casi 29.800 envíos de dinero al exterior por un total de US$ 4 millones, según relevó el BCU entre empresas que dan ese servicio.
