De esa idea es la directora general de Primaria, Olga de las Heras, quien dijo a Búsqueda que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) ajusta mecanismos para el abordaje de la violencia en entornos escolares, con foco en la detección y el alerta temprana de las maestras.
Las denuncias a la Justicia se activan cuando las acciones previstas en el protocolo llamado Mapa de Ruta no son suficientes para revertir la situación de vulneración de derechos de los menores. No tiene por qué ser la primera acción, sino que se valoran “caso a caso”, explicó la directora de Primaria.
De las Heras señaló que la instrucción es orientar a los educadores en los tipos de abuso, en cómo acompañar al niño y avisar para intervenir y derivar su atención. También se pone acento en evitar la revictimización de los menores.
La jerarca destacó el trabajo “interinstitucional” de la ANEP centrado en el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Sipiav), una política pública interinstitucional para el abordaje de la violencia hacia los niños y adolescentes. Creado por ley en el año 2019, este ámbito está integrado por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), los ministerios del Interior, de Desarrollo Social y de Salud Pública, la Fiscalía General y otros organismos públicos y ONG, que han permitido “mejorar la asistencia” ante casos de abuso en el entorno escolar.
La jerarca explicó que lo que hacen los maestros ante este tipo de situaciones es activar el llamado mapa de ruta, que luego requiere de "otros apoyos institucionales" para establecer distintas estrategias. “Lo que tratamos de transmitir es que el maestro es docente. El maestro no es psicólogo, no es asistente social ni es un especialista en estos temas. Es un educador. Pero debemos saber que existen determinadas pautas a seguir y respetar en casos de violencias”, dijo.
Una de esas pautas es la coordinación con los equipos técnicos del llamado Programa de Escuelas Disfrutables, integrado por 127 psicólogos y 59 trabajadores sociales que hacen “intervenciones interdisciplinarias” en las escuelas a través de distintos dispositivos.
Según el informe de gestión del Sipiav de 2023, en ese año se detectaron y atendieron 8.157 situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes. De ese total, 1.971 corresponden a nuevos ingresos al sistema durante 2023.
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Maestros, “primer filtro”
El objetivo del instructivo o mapa de ruta es orientar a la comunidad educativa para prevenir situaciones de maltrato y violencia. Tiene dos antecedentes: un documento de 2007 y otro de 2013, elaborados junto con Unicef. La última actualización fue realizada por un equipo técnico integrado por la Dirección General de Primaria a través de Escuelas Disfrutables y la Dirección de Derechos Humanos del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP.
La guía comprende “un marco conceptual” para que el maestro sepa de qué tipo de abuso se trata y cómo proceder en cada caso, en atención a los signos de maltrato. Entre sus cometidos, los centros educativos deben prevenir situaciones de violencia, proteger y garantizar los derechos humanos de los menores.
Además de identificar y establecer el marco conceptual con la explicación de términos claves para el abordaje de la violencia hacia menores —incluyendo los casos de abuso y explotación sexual de menores y el trabajo infantil— en el documento se establece directivas precisas ante situaciones.
Los indicadores de las situaciones de violencia que sufren los menores son aquellos “síntomas y signos que se manifiestan en forma física y/o psicológica”, dice el documento. En ese sentido, los adultos del centro educativo —en especial maestras y maestros— son fundamentales para la apreciación inicial, pero no son quienes deben diagnosticar las situaciones.
“Ellas (las maestras) son el primer filtro y por eso deben estar preparadas para identificar estos casos y advertirles a autoridades y profesionales competentes”, indicó De las Heras. Todos los casos que detecten los maestros de aula deben ser comunicados a la dirección y esta a la inspección. Por la urgencia que puede implicar un caso, puede hacerse de manera verbal en primera instancia, y más adelante, dejar constancia escrita.
“Se atiende a indicios o a relatos explícitos que puedan indicar un problema. Pero nunca somos las maestras ni los maestros los que determinamos los casos, por ejemplo, por dibujos, que es una técnica proyectiva, porque no estamos capacitados para eso”, dijo a Búsqueda el maestro Joaquín Mateauda, con experiencia en escuelas de contexto crítico de la periferia y como director de un colegio céntrico.
El protocolo puede ser activado por quien detecte o identifique una situación de violencia, ya sea física, psicológica, sexual o de otro tipo. Entre otras recomendaciones, la instrucción señala que es clave no exponer a la víctima para no revictimizarla.
"El maestro detecta, activa y deriva a los responsables. Avisa que está pasando algo grave”, subrayó De las Heras. Frente a situaciones consideradas de nivel “muy grave”, debe dar a conocer el caso en forma inmediata para ser denunciado por la ANEP.
Según el Código de Niñez y Adolescencia, el maltrato o violencia sexual hacia niños y adolescentes es "toda forma de perjuicio, abuso o castigo físico, psíquico o humillante, descuido o trato negligente, abuso sexual o explotación sexual en todas sus modalidades, que ocurra en el ámbito familiar, institucional o comunitario”. La ley también entiende por maltrato hacia menores “su exposición a violencia basada en género contra sus madres u otras personas a cargo de su cuidado”.
“Quién cuida al cuidador”
Desde la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) remarcan que no hay un instructivo eficaz para atender estas situaciones de violencia y advierten que los apoyos que reciben suelen ser “insuficientes” ante la “gran” demanda de casos.
Los equipos interdisciplinarios “son muy pocos” para acompañar a las instituciones de todo el país.
Sobre la pregunta de “quién cuida al cuidador”, los maestros agremiados entienden que en general quedan “bastante expuestos” ante las situaciones de violencia.
En general los casos son activados por las directoras de los centros educativos, contó a Búsqueda el maestro Mateauda, también integrante de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM).
“Los equipos que trabajamos en las escuelas tenemos la responsabilidad ética, moral y normativa de actuar y velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero también quedamos bastante expuestos en el acompañamiento; no contamos con un profesional de la salud mental ante determinados desbordes”, dijo.
En su opinión, “al final todo queda en la órbita individual y no hay dispositivos institucionales eficaces para acompañar a los docentes”, aseguró el maestro.
Por eso es que ahora la ANEP busca “actualizar” el enfoque de actuación mediante acciones como cursos y talleres dirigidos a los docentes para guiar su abordaje, completó De las Heras.
