En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
El ministro del Interior acudió el miércoles 28 al Parlamento para hablar sobre la estrategia en seguridad pública del gobierno y los últimos indicadores de delitos. Una de las consultas formuladas por la oposición fue la razón por la que Luis Fernando Fernández Albín, recientemente arrestado y considerado por la Policía Nacional como uno de los principales narcotraficantes del país, no haya sido recluido en la única cárcel de máxima seguridad que tiene el sistema penitenciario uruguayo.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
“Se ha capturado a un número muy importante de criminales pertenecientes a las bandas organizadas y eso ha ocasionado una saturación de lo que llamamos la prisión de máxima seguridad”, explicó el ministro Carlos Negro. “Se generó una acumulación de líderes de grupos criminales en ese lugar y es necesario tomar decisiones estratégicas de reubicación para evitar la comunicación entre esos líderes dentro de las cárceles y hacia afuera de la cárceles”, añadió.
Fernández Albín fue detenido en noviembre en Argentina y extraditado en diciembre a Uruguay, acusado de delitos relacionados al tráfico de estupefacientes y el lavado de activos. Se lo envió al Centro de Ingreso Diagnóstico y Derivación, ubicado en la Unidad N° 1 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), la prisión ubicada en Punta de Rieles y construida en 2018 mediante el régimen de participación publico-privada (PPP).
Información-Luis Fernando Fernández Albín-Primer Plano-Ministerio del Interior
Luis Fernando Fernández Albín, escoltado por integrantes de la Digoe, de la Policía Nacional, durante su extradición a Uruguay.
Ministerio del Interior
En ese centro actúa un equipo técnico integrado por profesionales de la Policía Nacional y del Instituto Nacional de Rehabilitación, encargado de evaluar a los reclusos para disponer su traslado final a una unidad de rehabilitación. En el caso de Fernández Albín, se decidió que permanezca en la Unidad N° 1. Una de las razones para la decisión, según dijeron fuentes policiales a Búsqueda, fue evitar que comparta el mismo centro de rehabilitación con Luis Alberto Betito Suárez, otro preso de alto perfil, arrestado a fines del año pasado y recluido actualmente en la cárcel de máxima seguridad. La Policía sospecha que ambos trabajan juntos en algunas actividades.
“El análisis de riesgo indicó que lo mejor era alojarlo ahí con estrictas medidas de seguridad”, apuntó Negro, quien reiteró que la decisión se debió al arresto en los últimos meses de varios miembros prominentes de grupos dedicados al narcotráfico, como Suárez: “Tuvimos que crear nuevos lugares para el control adecuado de personajes tan particulares y con una peligrosidad tan importante. Las cárceles son un espacio crítico para el crimen organizado, ya que en ellas se puede contener o potenciar. Hoy estamos actuando decididamente para evitar lo segundo”.
Fernández Albín estuvo casi 15 años consecutivos en prisión desde 2010. En noviembre de 2024 fue trasladado del Penal de Libertad a la Unidad N° 25, el pequeño módulo de máxima seguridad ubicado en el predio del antiguo Comcar, inaugurado en 2021 para mantener en aislamiento y vigilancia permanente a los internos más peligrosos del sistema. Tras ese traslado, la Justicia lo responsabilizó de haber ordenado un atentado contra las oficinas administrativas del INR en el Centro de Montevideo, en disconformidad con la medida. Su pena fue extendida y en febrero de 2025, tres meses antes de cumplirla, se le concedió arresto domiciliario. A fines de marzo volvió a prisión —aunque no a la unidad de máxima seguridad, sino al Penal de Libertad— luego de que la Policía lo encontrara en posesión de un arma con la numeración limada.
Tras recuperar nuevamente la libertad, se radicó en junio en Buenos Aires. A fines de noviembre fue arrestado en esa ciudad en un operativo conjunto entre autoridades uruguayas, argentinas y estadounidenses. La orden de detención fue solicitada por la Fiscalía Letrada Penal de Estupefacientes de 1er turno de Montevideo y por el Juzgado especializado en Crimen Organizado de 1er turno, en el marco de una investigación por organización de actividades de narcotráfico, contrabando y otros delitos.
“Desarticular las bandas de crimen organizado”
Encabezada por Negro, una comitiva del Ministerio del Interior concurrió el miércoles 28 a la Comisión Permanente de la Asamblea General. El miembro interpelante fue el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala, subsecretario de Interior durante parte del período de gobierno pasado.
Tras iniciar la sesión con disculpas por el accidente de tránsito que protagonizó días atrás, Negro enumeró iniciativas del gobierno en seguridad pública, las cifras de delitos de 2025, proyectos legislativos y los contenidos del plan nacional en la materia que se presentará en marzo. Durante su alocución destacó el combate al crimen organizado, con especial foco en el narcotráfico internacional y el lavado de activos, y valoró los procedimientos realizados en 2025 que culminaron con el arresto de objetivos prioritarios de la Policía Nacional.
En primer lugar, mencionó la operación Nueva Era, desarrollada en agosto, por permitir “la detención del ciudadano Luis Fernández Albín y varios integrantes de su grupo criminal”. La investigación se inició en 2024 contra esa organización por entender que distribuía droga a gran escala a escala nacional y participaba en el tráfico de cocaína desde Montevideo a Europa.
Luego, el ministro se refirió a la operación Iro, que en noviembre logró la detención y posterior imputación de Luis Alberto Betito Suárez. “Fue un duro golpe a una banda que operaba en varios barrios de la capital”, señaló Negro, quien destacó además el arresto de Rodrigo Lescano, “la mano derecha” de Suárez.
Al igual que Nueva Era, el procedimiento fue liderado por la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de la Policía Nacional, que primero intervino un punto de venta de droga en el barrio Cerro y luego realizó otros 15 allanamientos en varias zonas de la capital. En un comunicado emitido en diciembre, el Ministerio del Interior ponderó “el desmantelamiento de una red de distribución de drogas” y la incautación de importantes sumas de dinero, armas, municiones, vehículos de alta gama, teléfonos celulares, sustancias estupefacientes y otros elementos claves para la investigación.
Información-Autos Incautados-Operación Iro-Ministerio del Interior
Automóviles incautados por la Policía Nacional tras la Operación Iro.
Ministerio del Interior
Por último, Negro mencionó la operación Sinergia, realizada en noviembre en Paysandú, que permitió la incautación de más de 400 kilos de pasta base, presuntamente destinados al mercado local. El procedimiento se inició cuando la Policía detectó el sobrevuelo de una aeronave a baja altura. Al aproximarse al lugar, una camioneta se dio a la fuga, lo que provocó una persecución que culminó con su detención y el decomiso de la carga.
“Esta es una estrategia planificada que apunta sobre todo a la desarticulación de las bandas de crimen organizado. Logramos la desarticulación de organizaciones criminales complejas, incluyendo bandas con vínculos internacionales, especialmente con facciones brasileñas. Atacamos y pegamos directo al lavado de activos”, dijo Negro en el Parlamento. Según cifras del Ministerio del Interior, en 2025 se realizaron más de 200 operaciones vinculadas al crimen organizado; se incautaron más de 9.000 kilos de droga; se condenó a más de 2.300 personas por delitos asociados al narcotráfico y al lavado de activos, y se embargaron bienes por un valor superior a los US$ 250 millones.