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Con la seguridad como una preocupación central para la sociedad, la campaña electoral ambienta propuestas variadas para enfrentar el problema. Desde avanzar por el camino de la regulación de los mercados de drogas, como el modelo aplicado desde 2013 para la marihuana, hasta profundizar la participación de los militares en el combate al narcotráfico. Nadie propone mantener las cosas como están.
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Esa necesidad de cambio parece ser compartida por la opinión pública, a juzgar por los resultados de una encuesta realizada por la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar), El Observador y Juan Pablo Ferreira, integrante del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Solo el 1,1% de los encuestados planteó que sería bueno seguir con las políticas actuales para disminuir el narcotráfico y el consumo de drogas.
Las opiniones políticas divididas también parecen reflejar la diversidad de posturas de los votantes. Mientras el 42,3% dijo que incrementar la prevención y la educación es la mejor opción para resolver el problema, 39,6% sostuvo que la vía es el aumento de penas y la represión y 15,8% "despenalizar, prevenir y regular el mercado".
El candidato presidencial blanco, Álvaro Delgado, propuso en la campaña previa a las internas varias medidas de combate al narcotráfico que incluían mayor presencia policial y aumento de penas, mientras que el candidato por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, es el que más claramente planteó la necesidad de desarticular la regulación de la marihuana aprobada durante el gobierno de José Mujica y modificar por completo la política de drogas.
Las bases programáticas del Frente Amplio hacia un eventual gobierno de 2025 a 2030 incluyen “analizar y promover estrategias de regulación de los mercados, como instrumentos para la lucha contra el narcotráfico, teniendo en cuenta las experiencias fallidas de la guerra a las drogas”; también promover a nivel regional e internacional la revisión de políticas de drogas a efectos de consolidar el paradigma de regulación de mercados y de derechos humanos. Por su parte Diego Sanjurjo, integrante del Partido Colorado y actual asesor del Ministerio del Interior, ha destacado públicamente iniciativas realizadas en países como Suiza para controlar el uso de opiáceos y se manifestó afín a analizar proyectos piloto similares en Uruguay con drogas como la cocaína y la pasta base.
No hay grandes acuerdos a nivel de la opinión pública, según el estudio, sobre avanzar en la regulación de los mercados de sustancias más peligrosas que la marihuana. Casi dos de cada tres encuestados señaló estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con la regulación de psicodélicos (hongos, LSD, MDMA, etc), cocaína, éxtasis, heroína y pasta base. Quienes sí están proclives a legislar nuevas drogas suelen integrar el segmento más educado de la población.
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Apoyo a la regulación del mercado de marihuana
El estudio incluyó preguntas sobre la regulación del cannabis y la posibilidad de legislar otras sustancias. El 47% de los uruguayos se pronunció de acuerdo con la regulación de la marihuana, un apoyo mayor al que tenía la propuesta cuando en diciembre de 2013 se promulgó la ley N°19.172, que habilita, aunque con restricciones, la producción, distribución y venta de esa droga en todo el país.
Esos datos son consistentes con mediciones anteriores. En 2018, una encuesta de Factum mostró que por primera vez había más personas a favor que en contra de la ley. Académicos y autoridades de la época atribuyeron parte de ese cambio en la opinión pública a que los peores pronósticos planteados por los opositores a la ley no se cumplieron.
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La preferencia partidaria es un factor de respaldo para la regulación, aunque en este caso únicamente para la marihuana y no en todas las sustancias: entre los que votaron al Frente Amplio en las elecciones nacionales de 2019, 77% está de acuerdo o muy de acuerdo con controlar desde el Estado el mercado del cannabis, una cifra que cae al 30% entre los votantes blancos, colorados, cabildantes e independientes.
Si bien casi la mitad de la población respalda la ley sobre cannabis, no todos entienden que ha generado los resultados esperados: el 38% de los encuestados dice que funciona mal o muy mal, mientras que cerca del 31% dijo que marcha bien o muy bien.
Para el sondeo fueron encuestados 5.357 voluntarios entre el 6 y el 24 de junio. Se trató de un monitoreo anónimo, con encuestas no probabilísticas que permiten inferencias a través de modelos alternativos, “una apuesta a la innovación en la aplicación de nuevos modelos de investigación social”, según quienes la elaboraron.
