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Sebastián Marset continúa libre. Y pese a que desde hace más de dos semanas lo persiguen miles de agentes policiales en toda la región, tiene tiempo y tranquilidad suficiente para subir videos en los que redobla la apuesta con acusaciones de corrupción a funcionarios bolivianos y de infracción de leyes contra algunos de sus familiares. “Entregarme no es una opción”, dijo el lunes 14 luego de que el Ministerio de Gobierno de Bolivia anunciara la recompensa de US$ 100.000 a quien proporcione una ubicación precisa que permita su captura. “Lidera una organización criminal transnacional y es buscado en varios países”, afirmó en rueda de prensa el ministro Eduardo del Castillo.
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Como fugitivo, Marset se ha transformado en estos días en uno de los nombres más relevantes del narcotráfico regional: Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay están detrás de él, con apoyo de agencias internacionales como la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. La semana pasada, dos de los máximos jerarcas de la Policía Nacional acudieron a San Pablo invitados por el Centro Europeo de Estudios de Seguridad George C. Marshall, un instituto ligado al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. En la conferencia, que duró del martes 8 al jueves 10, se debatió “sobre la aparición de grupos delictivos organizados transnacionales, su estructura y funcionamiento, y las mejores prácticas para mejorar la cooperación regional y mundial entre los países”, de acuerdo a un comunicado del instituto organizador.
Por Uruguay participaron el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, y el director de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Alfredo Rodríguez. El Ministerio del Interior consideró “beneficiosa la importante temática a abordar en el evento”, de acuerdo con la resolución de Presidencia de la República que aprobó la visita en misión oficial.
Fuentes gubernamentales afirmaron a Búsqueda que en la reunión se conversó sobre Marset y también sobre el Primer Comando da Capital (PCC), uno de los grupos delictivos más potentes de Sudamérica. Informes de Naciones Unidas sostienen que el PCC, originario de San Pablo, tiene una posición predominante en Paraguay para controlar los embarques de droga que se envían a Europa por la hidrovía Paraná-Paraguay. Las investigaciones policiales de Uruguay, Bolivia y Paraguay apuntan a que Marset consigue la cocaína de productores bolivianos y se asocia con el PCC, entre otros intermediarios, para su despacho.
“El crimen organizado empieza aquí, en San Pablo, y ha avanzado hacia otros Estados y países. Es un fenómeno importante que nos concierne a todos. Ya no es un problema de San Pablo o de Brasil, es un problema global”, afirmó en el evento Mario Sarrubbo, procurador general de justicia del estado de San Pablo. “De ahí la importancia de estar hoy aquí debatiendo con diversos actores internacionales y nacionales este tema fundamental para nuestro futuro. La integración es lo más importante para construir vías más sólidas para hacer frente a la delincuencia organizada. Integración es la palabra clave en este contexto”, añadió.
Al cónclave asistieron 90 funcionarios de los ámbitos de la seguridad, la Justicia y la diplomacia procedentes de 10 países. Por Estados Unidos concurrieron el cónsul general en San Pablo, David Hodge, y David Sorensen, representante de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea estadounidense (OSI), una agencia policial federal que proporciona operaciones independientes de contrainteligencia e investigación criminal.
Sebastián Marset, entrevistado en Bolivia tras un partido de fútbol
Expresión mitómana
La línea que maneja la Policía de Uruguay es que Marset necesariamente cuenta con apoyo de otros grupos, más allá de la propia operación que logró construir con socios paraguayos y que incluye el contacto con productores de cocaína y con empresarios uruguayos.
El lunes 7 el viceministro del Interior de Bolivia, Jhonny Aguilera, estuvo en Montevideo para conversar con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el subsecretario, Guillermo Maciel. En rueda de prensa Aguilera afirmó que “a partir de la conversación sostenida” confirmaron que el supuesto Primer Cartel Uruguayo (PCU) “es nada más una expresión mitómana” de Marset, que no tiene la estructura necesaria para manejar toda la cadena del negocio. “Materialmente el PCU no existe, lo cual significa que indudablemente debemos seguir buscando otras vinculaciones de este sujeto a nivel internacional”, indicó.
