La compra es reclamada desde 2007 y, al igual que sucedió con la Armada Nacional y sus patrullas oceánicas, atravesó un complejo proceso de discusiones políticas en distintos gobiernos y de negociaciones con varios países y empresas. El contexto se hizo más complicado a partir de diciembre de 2020, cuando el gobierno de Estados Unidos limitó a Uruguay la adquisición de toda compra aérea que estuviera bajo su influencia. Se trata de "una restricción" a consecuencia de la llamada "ley de derribo", según admitió el viernes 18 el comandante en jefe de la FAU, Luis Heber De León, en una entrevista con el portal Infodefensa.
Esta ley establece un mecanismo de protección del espacio aéreo uruguayo ante vuelos irregulares. Consta de un protocolo de cinco fases que, si bien tiene un objetivo disuasivo, habilita en última instancia la neutralización de una aeronave, es decir, realizar disparos por parte de la Fuerza Aérea Uruguaya que le impidan mantenerse en vuelo.
La norma se incluyó en los artículos 112° a 117° de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que regulan la protección de la soberanía en el espacio aéreo uruguayo. Fueron reglamentados y están en vigencia desde diciembre de 2020 a través de un decreto del Poder Ejecutivo. De León indicó que en el decreto el gobierno "realizó ciertas modificaciones" al contenido original de la norma incluido en la LUC "para hacerla más amigable a lo que requería Estados Unidos y así llegar a un acuerdo" entre ambos países.
Sin embargo desde entonces Estados Unidos no devolvió ningún feedback a Uruguay. De acuerdo a lo transmitido por fuentes oficiales a Búsqueda, en la Embajada norteamericana en Montevideo están disconformes con lo que establece la ley de derribo uruguaya.
Los reparos van más allá de Uruguay. Se remontan a un incidente ocurrido en 2001 en Perú, cuando un programa antinarcóticos de derribo de aviones entre Perú y Estados Unidos atacó a una aeronave civil calificada erróneamente como narcotraficante, lo que resultó en la muerte de dos pasajeros estadounidenses. Desde entonces, Estados Unidos ha mostrado resistencia a las leyes de derribo promovidas por países sudamericanos y ha preferido enfoques más cautelosos basados en advertencias.
En agosto del año pasado Perú logró un acuerdo con Estados Unidos para que levantara el bloqueo de cooperación aérea impuesto a partir del incidente de 2001. El acuerdo reestableció el apoyo en equipamiento a cambio de un nuevo marco en la interceptación de aeronaves que prohíbe disparar. Paraguay, por su parte, pretende elaborar una ley de derribo que en el pasado ya fue discutida en el Congreso, donde Estados Unidos presionó por una normativa que impida el derribo de aviones.
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El Hawk MK67, un avión de combate que Uruguay no logró adquirir por una prohibición de Estados Unidos
RAVN Aerospace
De León, de 69 años y general del aire, asumió el cargo máximo de la FAU en marzo de 2020. Afirmó que al tomar posesión no contemplaba la falta de apoyo estadounidense para recibir aeronaves destinadas a combatir el narcotráfico. Según su información, más del 70% de la droga que entra a Uruguay lo hace por vía aérea. Se trata de un esquema ilegal que se enfoca principalmente en la entrada por Paraguay y luego por Brasil de cocaína producida en Bolivia, que una vez en Uruguay se envía por rutas marítimas a Europa a través del Puerto de Montevideo. Justamente, el hecho de que la cocaína finalice en el consumidor europeo refuerza la posición antiderribo aéreo de Estados Unidos.
"La droga que pasa y sale de Uruguay no va a Estados Unidos sino a Europa, por lo que si bien a Estados Unidos le interesa cortar todo el tráfico de estupefacientes, nosotros no estamos entre sus prioridades y ese puede ser un factor para que no se nos levanten las restricciones", apuntó de León. "Las restricciones han complicado seriamente las posibilidades de adquisición de vectores para la FAU", agregó el comandante en la entrevista. En terminología militar aérea, vectores refiere a aviones diseñados específicamente para misiones de combate, como cazas. De León nombró casos concretos como la fallida compra de Hawk MK67 fabricados por la empresa británica BAE Systems.
El año pasado Uruguay se interesó en un grupo de estas aeronaves que en 1993 fueron compradas por la Fuerza Aérea de la República de Corea y hoy son propiedad de RAVN Aerospace, un contratista de defensa estadounidense. "Nosotros fuimos, los evaluamos, los volamos, intentamos hacer la compra y todo quedó congelado cuando la empresa norteamericana tuvo que solicitar la autorización para la transferencia del material", explicó De León.
La negociación fracasó debido a que RAVN Aerospace no obtuvo la autorización necesaria para exportar el material requerida en la International Traffic in Arms Regulations (ITAR), un conjunto de regulaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos que controla el comercio en defensa y servicios relacionados.
La alternativa brasileña de la Fuerza Aérea
La FAU insiste al poder político con la renovación de sus aviones de guerra incluso desde diez años antes de que quedara inactiva una de sus dos unidades dedicadas a la defensa aérea del país: el Escuadrón Aéreo 1 (Ataque) de la Brigada Aérea II, localizada en Santa Bernardina, Durazno. La Brigada II concentra todo el material bélico del país pero quedó solamente con una unidad operativa tras el cierre del Escuadrón Aéreo 1 en 2017, cuando fueron desafectados sus aviones IA-58 Pucará, de origen argentino, debido a que sus motores y otros repuestos dejaron de fabricarse.
Hoy la Brigada II, y por tanto la Fuerza Aérea en general, solo tiene disponible el Escuadrón Aéreo 2 (Caza), formado por doce aeronaves A-37 Dragonfly del fabricante estadounidense Cessna. Son aviones diseñados fundamentalmente para cumplir misiones de ataque al suelo, reconocimiento y caza ligero, pero cuyos primeros modelos arribaron a Uruguay en 1976. Casi 50 años después es un equipamiento desgastado y anticuado, con notorias desventajas para perseguir a grupos de crimen organizado internacional mucho más preparados.
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El A-37 Dragonfly de Cessna, el único avión caza con el que hoy cuenta el país
Fuerza Aérea Uruguaya
Luego de numerosos intentos frustrados con diversas compañías multinacionales, a mediados de año Uruguay concluyó la compra a Embraer, una de las empresas de defensa más importantes del mundo. El acuerdo fue anunciado en agosto tras el impulso directo surgido en una cumbre del Mercosur entre los presidentes Luis Lacalle Pou y Luiz Inácio Lula da Silva. Son seis aviones A-29 Super Tucano que serán entregados a partir de 2025, un modelo en boga y utilizado en la región por Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Paraguay.
"Para las Fuerzas Aéreas que necesitan una solución integral y de bajo riesgo, sumada a una gran flexibilidad operativa, el A-29 Super Tucano ofrece una respuesta de combate, reconocimiento y entrenamiento probada, precisa, confiable y rentable en una única plataforma. Es la aeronave de múltiples misiones más efectiva de su categoría, equipada con sistemas de última generación, que incluyen identificación de objetivos precisa, sistemas de armas y un completo conjunto de comunicación. Es una estructura robusta capaz de operar desde pistas no pavimentadas, con altos niveles de características de supervivencia activa y pasiva", dice el brochure comercial de Embraer.
Mientras Uruguay espera el año que viene la llegada de los primeros aviones brasileños, por ahora debe operar con los A-37 Dragonfly, que están al borde de su vida útil y siempre necesitados de reparación, una situación problemática acentuada por el bloqueo estadounidense. "Al día de hoy tenemos en un depósito en Estados Unidos una serie de repuestos para nuestro principal medio de combate, que en forma bastante infame estamos pagando los costes del depósito y el gobierno de Estados Unidos no nos permite ni enviarlos a Uruguay ni devolverlos al proveedor para recuperar nuestro dinero. Entonces ya no es un problema de dinero, simplemente no tengo forma de acceder a los sistemas porque tengo una restricción", criticó De León.
Estados Unidos, una relación sólida a pesar de la ley de derribo
La relación militar entre Uruguay y Estados Unidos se profundizó durante el actual período de gobierno, con acercamientos políticos y también cooperación de equipamiento. Desde la Casa Blanca valoran el trabajo del Ejército Nacional en las misiones de paz de Naciones Unidas e interceden para una mayor influencia uruguaya en ese campo; la Armada recibió capacitación para la lucha contra la pesca ilegal y la FAU avanzó en un programa aeroespacial que busca instalar al país como centro de lanzamiento de satélites, lo cual desembocó en la firma de un acuerdo técnico con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).
Muchos de estos avances se rubricaron con hechos concretos como la visita al país de autoridades del Comando Sur de Estados Unidos, la reanudación de entrenamientos navales que habían quedado suspendidos durante las administraciones del Frente Amplio, la adquisición de la Armada Nacional de lanchas costeras para patrullar el Río Uruguay y una recepción a autoridades del gobierno por parte del portaaviones nuclear USS George Washington, que realizó este año una gira por países sudamericanos. También Javier García, entonces ministro de Defensa Nacional, estuvo en abril del año pasado en el Pentágono para reforzar el diálogo entre ambas naciones.
Semanas atrás Rodolfo Pereyra, general de la Fuerza Aérea y jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), viajó a Santiago de Chile para una conferencia convocada por el Comando Sur y que tuvo como partícipe destacado a Charles Q. Brown Jr., principal asesor militar del presidente Joe Biden como jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el puesto de mayor rango en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
En su entrevista De León destacó estos avances, que en muchos casos obedecen a una estrategia estadounidense de alejar a sus socios en la región de la presencia de China. Estados Unidos, por ejemplo, intercedió para intentar que la Armada Nacional rechace una propuesta china de construcción de patrullas oceánicas. Sin embargo, el jerarca también señaló que desde la Fuerza Aérea analizarán ofertas y conversaciones con China, más aún si las limitaciones de compra se mantienen por parte de Washington D.C. "Si Estados Unidos no me brinda los medios ni me permite adquirirlos, más allá de la discusión de que si los productos chinos son buenos o malos, es algo que voy a tener evaluar".
