Hubo una advertencia previa
En el informe sobre el incendio que se produjo el 28 de diciembre de 2023, el comisionado parlamentario penitenciario indicó que era “ineludible” señalar que la “causa subyacente” de ese “horror” está “directamente vinculada con las pésimas condiciones carcelarias que existen en ese módulo”, que durante varios años han sido calificadas de “crueles, inhumanas y degradantes”. “Nos resulta impactante la falta de personal que existe en la Unidad 4, cuyos guarismos no hacemos públicos por razones de seguridad y sentido común”, agregaba.
Para Petit, ese incendio marcaba un “terrible fracaso del Estado” en “generar condiciones mínimas de rehabilitación para buena parte de sus ciudadanos bajo sanción penal, y no debe ser un número más ni un hecho a olvidar, sino un llamado a construir desde ya, pese al contexto electoral, líneas de trabajo que sirvan para avanzar hacia un sistema penitenciario propio del siglo XXI y de la tradición humanista del Uruguay”.
En un apartado con recomendaciones concretas para una realidad que definió como “acuciante”, Petit puso foco en lo que se consideraba “una de las situaciones más críticas”: el Módulo 4 del Comcar. Sugirió instalar cámaras de videovigilancia “para prevenir conflictos, supervisar actividades, permitir respuestas rápidas o registrar hechos de relevancia jurídica en casos de conflictos o agresiones”, establecer regímenes de patio para todos los sectores teniendo presente que las Reglas Mandela marcan una hora de actividad al aire libre como mínimo básico de salud mental y “tomar medidas urgentes para reforzar la cantidad de funcionarios técnicos y de seguridad”, entre otras medidas.
El último informe anual, publicado semanas atrás, señala que “la falta de funcionarios y personal técnico es un problema grave” en la Unidad 4 y el aumento de la población penitenciaria “complicó, estresó y volvió más vulnerable aún a riesgos cotidianos la gestión” de la cárcel.
Sobre el incendio, las autoridades del Ministerio del Interior no hicieron declaraciones públicas. La única comunicación oficial fue un parte que se emitió con la información primaria de la tragedia. El Frente Amplio interpelará el lunes 7 por este tema al ministro Nicolás Martinelli.
El jerarca estuvo en enero en el Comcar, poco después del primer incendio premeditado en el que murieron seis personas. “Estamos cambiando el paradigma, haciéndonos cargo de lo que pasa en las cárceles. Que sean espacios transformadores”, indicó Martinelli en un discurso.
La investigación recién empieza
En un principio, la indagatoria del último incendio en el Comcar fue tomada por la fiscal de Homicidios de 2° turno, Mirta Morales, que concurrió a la cárcel tras tomar conocimiento de que había sucedido. Todavía estaban pendientes los resultados de las pericias del lugar y la identificación de las víctimas era primaria. “Vinimos para que se hicieran las cosas con la mayor seriedad posible”, dijo en una rueda de prensa a la salida del centro penitenciario.
La causa fue derivada a la cuarta Fiscalía de Homicidios —que comenzó a funcionar en junio de este año—, a cargo de la fiscal Silvia Naupp, quien este lunes 30 de setiembre recibió la carpeta para continuar con la investigación. “Estamos trabajando. Es una investigación reservada”, dijo la fiscal.
Una responsabilidad del Estado
Más allá de una investigación que tenga como objetivo identificar a los responsables directos del incendio y condenarlos por los homicidios, varios abogados penalistas consultados por Búsqueda señalaron la necesidad de que se indague la eventual responsabilidad penal por omisión que pueda recaer sobre las autoridades.
“El análisis de responsabilidad penal se tiene que hacer”, aseguró el abogado Juan Manuel González Rossi, aspirante a profesor adscripto de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Señaló que el Estado es “garante” de la integridad física y de la vida de las personas que se encuentran privadas de libertad y, si hubo un incumplimiento, debe ser investigado. El abogado hizo referencia al artículo 3 del Código Penal, que establece que “nadie puede ser castigado por un hecho previsto por la ley como delito, si el daño o el peligro del cual depende la existencia del delito, no resulta ser la consecuencia de su acción o de su omisión. No impedir un resultado que se tiene la obligación de evitar, equivale a producirlo”.
Sobre la necesidad de una investigación penal coincidieron con González Rossi el abogado Daniel Zubillaga y el profesor adjunto de Derecho Penal de la Universidad de la República Diego Camaño.
Para Camaño, “tiene que haber una investigación profunda en cuanto a las responsabilidades administrativas y eventualmente penales” que puedan recaer sobre funcionarios públicos, “a todo nivel”, debido a las malas condiciones de seguridad y a la falta de personal. “La principal prioridad es de las jerarquías”, aseguró.
“No puede ser que ocurran dos hechos de similar gravedad, en el mismo lugar, a pocos meses, cuando el comisionado parlamentario había alertado” sobre el problema, agregó el abogado, para quien, si no adoptaron ninguna de las recomendaciones que estaban incluidas en el informe de Petit tras el incendio de 2023, “evidentemente hay una responsabilidad”.
Las fuentes penitenciarias consultadas aseguraron que en tanto no había funcionarios en la vigilancia, no había cámaras y tampoco sensores de humo, “hay una responsabilidad del Estado”.
Zubillaga consideró que es un hecho “muy grave” que ocurrió bajo la custodia del Instituto Nacional de Rehabilitación, pero reconoció que se trata de investigaciones “bastante complejas”.
Un antecedente es lo que sucedió con la tragedia carcelaria más grande del país: el incendio en la excárcel de Rocha que se registró en 2010 cuando fallecieron 12 personas, cuya investigación judicial fue archivada porque no surgieron elementos para adjudicar una responsabilidad penal. No obstante, en 2022, la Justicia civil condenó al Ministerio del Interior a pagar indemnizaciones por un total de US$ 1,1 millones a sobrevivientes y familiares de víctimas de la tragedia.
El incendio que ocurrió la semana pasada en el Comcar “es un caso que tiene que ser investigado a fondo y, si no se investiga, habrá que empezar a llevar al Estado uruguayo al fuero internacional”, como puede ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, advirtió Zubillaga, porque “el Estado uruguayo tiene que ser responsabilizado por las propias condiciones de encierro a las que somete a la gente privada de libertad”.
Un respaldo de la Justicia
A mediados de este año, la Justicia dio la razón al Sindicato de Trabajadores Penitenciarios en su denuncia por las condiciones “crueles, inhumanas o degradantes” del Comcar, y ahora el Ministerio del Interior deberá realizar diversas mejoras en el centro penitenciario. El juez Ruben Etcheverry falló a favor del recurso de habeas corpus que presentaron los trabajadores carcelarios, junto con el exdirector de la cárcel de Punta de Rieles Luis Parodi, para reclamar medidas urgentes, una semana después de otro incendio que se registró en el centro penitenciario, por el cual cinco reclusos debieron ser internados.
La resolución judicial ordenó a la cartera a presentar un informe técnico en 45 días sobre la situación en la cárcel de Santiago Vázquez, en el que esté contemplada la cantidad de funcionarios “que necesita para funcionar adecuadamente” y mejorar la carencia de trabajadores en un plazo de “carácter razonable, debiendo realizar informes parciales a la sede de su avance”. La Justicia también intimó a que se realicen acciones para bajar hacinamientos en los módulos más críticos y a realizar un informe técnico de diagnóstico de los problemas edilicios, entre otros puntos.
“Un final que no deberían haber tenido”
En una conferencia de prensa realizada desde el Parlamento, el comisionado parlamentario penitenciario anunció que, en paralelo a la indagatoria fiscal, comenzó a trabajar con su equipo para intentar “reconstruir los hechos” y realizar un informe que será presentado la semana próxima.
Comcar Juan Miguel Petit
Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema penitenciario
Javier Calvelo / adhocFOTOS
En ese marco, realizó varias visitas a la cárcel esta semana y aseguró que “el impacto ha sido muy grande para las personas que están allí, los internos y para todas las personas que allí trabajan”. Fueron los funcionarios quienes actuaron cuando el fuego y el humo invadía la celda, y utilizaron instrumentos para derribar las paredes e intentar rescatar a los reclusos.
“A la familia de las personas fallecidas nuestra solidaridad. Se han perdido vidas, vidas jóvenes, inclusive de una persona que iba a ser liberada en breves, en días. Personas que al margen de que hubieran cometido delitos, estaban pagando sus deudas con la sociedad y lamentablemente encontraron un final que no deberían haber tenido”, dijo Petit.
Gabriela Rodríguez, la presidenta del colectivo Familias Presentes, una asociación civil creada por familiares de personas privadas de libertad en Uruguay, dijo a Búsqueda que tomaron el episodio con “sorpresa relativa”, porque “lamentablemente lo que podemos esperar es que estas cosas sucedan”, como ocurrieron el 28 de diciembre de 2023, porque “no se generaron acciones que pudieran evitar una nueva situación”.
“Un incendio es la situación extrema de lo que vivimos cotidianamente los familiares de privados de libertad, que estamos con el corazón en la boca porque nunca sabés cuando vas a amanecer con una noticia atroz”, dijo. Y agregó: “Es consecuencia de una falta de trabajo del Estado en las cárceles, porque está claro que si no hay actividades deportivas o educativas que les permitan canalizar saludablemente la energía, el conflicto va por los canales incorrectos”.
