Investigación sobre presunta estafa millonaria con criptos se activa en una fiscalía, aunque avanzará “sin prisa pero sin pausa”

Mientras en la esfera penal el tema estuvo quieto, Campomar cosechó éxitos y fracasos en el área civil y fuera de los juzgados. Logró levantar un embargo millonario a comienzos de año y el suizouruguayo que le reclamaba US$ 9 millones todavía no presentó una demanda pese a que la instancia de conciliación fracasó en abril. Todavía pesan sobre el denunciado dos embargos, el último de ellos lo solicitó el Scotiabank en agosto, y el Banco Central (BCU) cerró sus cuentas corrientes.

“Es un caso para manejarlo sin prisa pero sin pausa”, dijo Fleitas a Búsqueda. Añadió que están trabajando en denuncias de estafas incluso más antiguas que la que enfrenta Campomar, algunas presentadas en 2018.

Sandra Fleitas

La fiscal cuenta con la colaboración de la Dirección de Cibercrimen, que avanza en la recolección de pruebas, dijeron a Búsqueda fuentes vinculadas al caso. Esa dependencia policial actúa en la investigación porque el centro de la operativa de Campomar y Cajal incluyó el movimiento de criptoactivos.

Si bien en abril varios medios informaron que había una orden de captura a escala nacional sobre Campomar, Búsqueda confirmó esta semana que, pese a las investigaciones en curso, esa medida no está vigente.

Las víctimas citadas ahora por la fiscalía detallaron en su denuncia el proceso por el cual habrían sido estafados y perdieron más de US$ 600.000.

El 23 de julio del 2024 Cajal los citó a la oficina 202 del edificio Miraflores Corp., en Carrasco, y les explicó que junto con su socio —Campomar— ofrecían “servicios financieros de traslado de dinero en el mundo”, lo que en la jerga se llama “cables”. Por esos servicios “les cobraban un margen a sus clientes por el envío de dinero, por lo que ellos necesitaban de hacerse liquidez en períodos cortos y para ello pagarían intereses” por el uso del dinero, detalla el texto de la denuncia presentada en la fiscalía y cuyo contenido fue publicado por Búsqueda en febrero.

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Al inicio todo funcionó de manera correcta. “Transcurrido un corto período de tiempo los comparecientes” comenzaron “a operar por montos aproximados a los US$ 300.000”, y el dinero fue enviado a Casal “a través de transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo en el cambio-Abitab (Pampex) de Gonzalo Campomar”, detalla el documento. “Se le prestaba y devolvía con los intereses respectivos, en distintos formatos de pago, transferencia bancaria, retiros en efectivo en el cambio Gales, ubicado en el WTC (World Trade Center), en el Abitab de Campomar y envíos en USTD (dólar virtual)”.

Las cosas, sin embargo, se deterioraron rápido, puesto que, según surge de otra denuncia, ya tenían dificultades para honrar sus compromisos.

Los “envíos” de dinero —que incluyeron criptomonedas, efectivo y transferencias bancarias— de agosto y setiembre de ese año no fueron “saldados”.

El 18 de octubre del año pasado Cajal “debía hacer un pago importante, pues englobaba la totalidad de lo prestado, más intereses”, pero no lo hizo. Alegó, según la denuncia, “que se le había trancado una transferencia en Estados Unidos y que iba a demorar una semana”. Tampoco cumplió con ese compromiso.

Cajal les dio un cheque firmado por Campomar, a quien había nombrado como su socio, fechado el 18 de octubre, por US$ 670.000. La cuenta en el Scotiabank no tenía fondos y rebotó. Cajal “de inmediato desapareció de los lugares habituales” y dejó de responder a los llamados y reclamos. Campomar también abandonó el país, según la denuncia. “Sin duda que decidieron ab initio engañar a la contraparte, apropiándose de un dinero que no les correspondía”.

Los clientes de Moller no serían los primeros ni los últimos en denunciar una presunta estafa.

En noviembre del 2024, el periodista Eduardo Preve informó en su espacio La tapadita, de Radio M24, sobre la presunta estafa de Campomar, a la que cifró en unos US$ 65 millones. Describió que el exrugbier ofrecía intereses mensuales del 2% de un negocio centrado en criptomonedas. Aseguró que había víctimas locales e internacionales, pero que pocos habían hecho la denuncia porque no todos podían justificar el origen de los fondos.

Campomar abandonó Uruguay el 22 de octubre, cuando ya habían aparecido las primeras denuncias y amenazas de inversores que querían recuperar su dinero por vía legal o mediante aprietes.

Los “responsables últimos”

Antes y después de la difusión de la presunta estafa en noviembre, Miguel Cajal prometía soluciones a los inversores con los que estaba en falta. Hablaba de la existencia de otros responsables, pero negaba que hubiera una relación con el escándalo que salpicaba a Campomar.

Bueno, recién tuve llamada.

Se empezó a mover en un grupo de wallets fondos que se destinarán pa saldadas de atrasos.

Me repitieron plazo máximo de marzo y me avisarán, de acá a esa fecha, 1 día antes cuando envíen a una wallet que debo crear para hacer las dispersiones.

Hay que esperar, de mi lado ya no puedo presionar más, así me lo hicieron saber.

Me puse yo un plazo cercano para dar nombres de responsables últimos en caso de que siga esto dilatándose + evidencias, así lo usan/usamos a favor.

Planes B gestionados por mi parte pa hacer envíos pronto, lo dire cuando lo tenga en mi cancha asi no abro más salas de espera (sic).

El mensaje de WhatsApp enviado a comienzos de enero por Cajal fue uno de los últimos intentos por ganar tiempo con dos damnificados, a los que les debía más de US$ 500.000.

La estrategia dilatoria perdió sentido el 6 de febrero, cuando Búsqueda informó sobre una nueva denuncia contra Campomar en la que estaba nombrado alguien llamado Martín Casal (un nombre falso usado por el propio Cajal). Los dos empresarios dedicados a los criptoactivos entendieron que sus sospechas podían ser reales, que Cajal tenía contacto con Campomar y que lo mejor era presentar una denuncia, cuyo contenido fue publicado en abril por la diaria.

El escrito elaborado por los abogados Fernando Posada y Gustavo Bordes, así como los intercambios de WhatsApp entre sus clientes y Cajal, que adjuntaron a la denuncia y a los que accedió Búsqueda, están desde abril en la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos de 1^er turno, a cargo de Alejandro Machado.

Los denunciantes conocían a Cajal desde 2021, cuando trabajaba en Criptala, una empresa que ofrece servicios a quienes operan con criptos. En enero del 2024 les ofreció un negocio muy rentable: “Te resumo. Si recibo cripto y/o cash, cuanto antes se reciba, cuanto mayor sea monto y cuanto mas tiempo pueda quedar el capital girando, mas te puedo pagar. A modo de ejemplo, recibir 100 o mas hoy (22/01) en crypto y apagar a los 10 dias, puedo dar un 1.5. Lo mismo, pero durante un mes, un 2. Montos mas grandes y por mas tiempo, estoy dispuesto a escuchar y adaptarme. De mi lado, lo mejor es pagar en USD billete, pero tambien puedo pagar en cripto, usa o banco local. En el tiempo acordado, se cobra el monto inicial mas comision (sic)”.

Los primeros meses todo funcionaría bien. Los denunciantes enviaron criptos por el equivalente a US$ 200.000 y a los días recibieron la comisión y el monto prestado. Los depósitos fueron en efectivo en sus cuentas bancarias a través de un Abitab.

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En abril del 2024 las alertas saltaron. Cajal pagó las comisiones, pero no el dinero prestado, que a esa altura eran USDT 400.000, equivalentes a US$ 400.000. Poco después sumaría a su deuda US$ 100.000 más las comisiones.

“Ante todos los reclamos, la respuesta de Miguel era ‘USDT no podian ser restituidos debido a que los fondos en dolares bancarizados se encontraban retenidos en una entidad financiera de Estados Unidos’ (sic)”, describe la denuncia.

El 16 de agosto Cajal hizo la última transferencia por USDT 50.000, y al día siguiente le dio US$ 30.000 a una de las víctimas en un encuentro en persona en un punto de la rambla de Montevideo. Después de eso, dio una excusa tras otra y prometió en varias ocasiones que la cancelación de la deuda era inminente.

En una reunión el 6 de noviembre, días después de la nota de Preve, según la denuncia, Cajal se reunió con esas dos víctimas en la chivitería Marcos, en Carrasco, y les dijo que “había iniciado un esquema Ponzi involuntario con la esperanza de obtener liquidez suficiente para saldar sus compromisos”. Negó, al igual que lo hizo por WhatsApp, que fuera parte del esquema de Campomar.

La denuncia contra Cajal por estafa asegura que “lo que sucedio con Miguel, claramente no es un negocio que salio mal ni de una inversion que no obtuvo los rendimientos esperados. Incluso lo reconoce el mismo. Su alarmante desesperacion para captar capital seguramente obedezca a la corrida que existio en su verdadero ‘negocio’, en el que Campomar era la mente maestra (sic)”.

Las dos denuncias contienen indicios de que efectivamente los casos sí están relacionados, según el análisis de Búsqueda.

Cajal les había dicho que tenía un socio vinculado a casas de cambio, pero no dio su nombre. Uno de los cambios usados para mover dinero era el de la familia de Campomar, el mismo que está nombrado en la otra denuncia.

El 16 de mayo del 2024 Cajal consiguió que uno de los ahora denunciantes le transfiera USDT 140.000 a cambio de recibir US$ 150.000 al día siguiente. El efectivo debía ser retirado en la agencia Abitab 10/29, la que funcionaba en el mismo local del cambio Pampex y que también es propiedad familiar de los Campomar. Tenía que pedir por un tal Diego y decir que iba en nombre de Miguel, le instruyó, de acuerdo con las capturas de pantalla de intercambios de WhatsApp presentadas como prueba de la denuncia. El 17 de mayo una de las víctimas le mandó una foto desde dentro del local de Abitab y le preguntó si era el lugar correcto para levantar el dinero. Respondió que sí y le prometió llamar para que lo atendieran más rápido. A los tres minutos estaba afuera con US$ 150.000.

Ese intercambio de dólares digitales por efectivo, además, aportó otro vínculo entre las dos denuncias: una billetera virtual repetida.

El escrito presentado por Moller a principio de año detalla cinco transacciones con criptomonedas que tenían como destino wallets proporcionadas por Cajal. Tres de esas cinco fueron a la billetera virtual TCKtnV1H6U1wXRonm2CHz7Gg4cqjY6aPsX.

Todas ocurrieron en agosto del 2024: el día 6 enviaron US$ 93.000, el 19 mandaron US$ 40.000 y el 20 fueron US$ 100.000.

La transferencia por USDT 140.000, en mayo, de la víctima en la otra denuncia tuvo como destino la misma billetera: TCKtnV1H6U1wXRonm2CHz7Gg4cqjY6aPsX.

Por esa wallet pasaron, en más de un año de operaciones, unos US$ 49 millones, según un análisis publicado el 6 de julio por El Observador. El último movimiento de fondos ocurrió el 26 de setiembre de 2024, fecha para la cual el malhumor de los inversores era difícil de aplacar.

La cifra de víctimas y de dinero que manejaron Campomar y Cajal no es clara. Al menos un estudio jurídico ubicado en Carrasco recibió varias consultas de damnificados que luego no siguieron adelante con las denuncias por dificultades, llegado el caso, de justificar el origen de los fondos perdidos, según las fuentes de Búsqueda.

Pero además Cajal transmitió meses atrás a algunas víctimas que aquellos que se han mantenido en silencio tienen más chances de cobrar que quienes hicieron denuncias. Datos que se manejan en el mundo cripto local y fuentes al tanto del esquema dijeron que, al menos hasta hace poco, había víctimas que estaban recibiendo dinero.

Una de las hipótesis es que, como estaba planificado en marzo de acuerdo con las promesas de Cajal, el dinero sigue circulando en su versión virtual hasta que llega a algún cambio que lo pasa a físico. La billetera virtual mencionada en las dos denuncias penales transfirió en febrero de este año un remanente a otra dirección criptográfica que todavía está operativa, como informó El Observador. Esa dirección está asociada a Bybit, una plataforma de intercambio de criptomonedas, también conocidas como exchanges.

Los movimientos de las criptos tienen cierto nivel de trazabilidad, pero hay mecanismos para ocultarlos. “No es tan sencillo”, porque se puede seguir a “quién las compra y a quién”, pero “no necesariamente dónde terminan finalmente”, dijo la fiscal Fleitas a Búsqueda.

El análisis se vuelve difícil, al menos en parte, porque los exchange como Bybit o Binance permiten enmascarar el siguiente paso de las criptos que reciben. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó el lunes 17 el resultado de una investigación —llamada La Cripto Lavadora— en la que participaron 38 medios, entre ellos Búsqueda, que muestra cómo lavadores de dinero para narcotraficantes, operadores de centros de estafas del sudeste asiático y hackers norcoreanos utilizaron exchanges de marcas reconocidas para mover sus fondos.

Bybit debería tener información sobre el cliente que opera esa billetera virtual y tiene protocolos para entregarla a las autoridades en caso de investigaciones penales. Búsqueda no pudo confirmar si la policía solicitó esa información o si piensa hacerlo.

Las transacciones vinculadas a las billeteras virtuales nombradas en las denuncias parecen mostrar ese grado de complejidad, como refleja la operación de mayo con la wallet nombrada en las dos denuncias.

El ahora denunciante envió USDT 140.000 a las 15.46 del 16 de mayo de 2024 a la billetera proporcionada por Cajal.

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A los 10 minutos, ese mismo monto había pasado a otra wallet, desde donde salió, un minuto más tarde, la misma cifra a una tercera billetera llamada Binance-Hot 7. Binance es uno de los exchanges más importantes del mundo.

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Un dato que circula entre algunas víctimas en Uruguay es que desde la operativa de Campomar estaban devolviendo parte del dinero a través del Cambio Aspen, en Punta Carretas. Búsqueda consultó en el cambio si es posible “bajar criptos” ahí —es decir, realizar una transferencia de criptos a una billetera virtual y retirar efectivo en el local— y la respuesta del encargado del tema fue afirmativa. Interrogado acerca de cuál era el costo, respondió que dependería del monto. Dijo no conocer a Campomar ni recordaba tenerlo como cliente.

Dos embargos activos

Uno de los primeros que denunció fue Javier López, CEO de la empresa logística Farmalog, con el patrocinio del abogado Ignacio Durán. Además de la vía penal, el empresario fue por la civil: el 28 de octubre del 2024 el juzgado de 19º turno trabó un embargo por US$ 1 millón sobre Campomar.

En febrero López llegó a un acuerdo para abandonar ambas vías judiciales a cambio de que le pagaran “toda la deuda” en “mucho plazo”, dijo Durán. El embargo fue levantado, mientras que el expediente civil está archivado y se mantiene en reserva, constató Búsqueda el jueves 13.

Sobre Campomar pesan otros dos embargos, surge del Registro de Actos Personales. El empresario Juan García Bordabehere demandó en febrero al exrugbier y logró que el Juzgado Civil de 13^er turno lo embargara por US$ 180.000. El expediente también está reservado. Búsqueda intentó comunicarse con el demandante a través de su abogada, pero no tuvo éxito.

El 26 de agosto, el Scotiabank consiguió que el Juzgado Civil de 20º turno embargara a Campomar por US$ 29.256. Ese expediente también está reservado.

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No es el único problema del exrugbier con instituciones financieras. En junio el Banco Central informó sobre la clausura hasta el 31 de mayo de 2026 de las “cuentas corrientes en todo el sistema bancario” de un conjunto de personas físicas y jurídicas. Entre ellas estaba Campomar.

La resolución es “el resultado del proceso de recepción y verificación de la información proporcionada por las instituciones de intermediación financiera, correspondiente al período 1º al 31 de mayo de 2025, sobre infracciones” a la Ley de Cheques. Surgió de ese análisis que Campomar y los otros integrantes de la lista “han librado cheques sin provisión suficiente de fondos una vez notificados de una suspensión”.

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Búsqueda solicitó al BCU más información sobre la resolución, pero a través de su área de comunicación el regulador respondió que esos datos estaban comprendidos dentro del secreto bancario.

Por otra parte, el BCU todavía analiza la solicitud de cierre del cambio que es propiedad de los Campomar, donde se desarrolló parte de la operativa denunciada. Búsqueda preguntó al banco, en octubre, si es habitual que demore tantos meses en procesar la solicitud de baja de un cambio, ya que en el caso de Pampex (JCB Casa Cambiaria S.A.) había sido presentada en diciembre.

“Es habitual que el proceso de baja del registro lleve tiempo, dado que se requiere profusa información, alguna de la cual depende de otros organismos. No se ha tomado resolución aún en relación con esa casa de cambio”, respondió el equipo de comunicación del BCU.

Nueve millones sin reclamar

Era 11 de junio a la mañana y la abogada Silvia Cuello conversaba con Moller sobre lo que estaba por suceder. Estaban citados para una audiencia de conciliación y Cuello, penalista, no tenía muy claro el proceso. Sabían que sería una formalidad que duraría apenas minutos en una de las salas del edificio que antes alojó al Banco la Caja Obrera, porque ni Gonzalo Campomar ni su abogado tenían previsto aparecer.

La fallida audiencia había sido solicitada en diciembre por Cuello y Moller, también abogado en este caso, pero tardó meses en concretarse debido a sucesivas prórrogas y negociaciones entre las partes. El motivo era un reclamo por incumplimiento de un contrato de US$ 9 millones entre Antonio Galgano Votta, un ciudadano suizo con cédula uruguaya, y Campomar.

El plazo del contrato era de un año, y la parte deudora se comprometía a pagar sobre “las sumas adeudadas un interés compensatorio del 10% por cada año sobre los importes adeudados, es decir, sobre saldos deudores, los intereses se pagarán por transferencia bancaria trimestralmente”.

Tras la audiencia de conciliación frustrada, quedó el camino abierto para que Galgano Votta presentara una demanda. El acta tomada ese día dice que “operó el incumplimiento del contrato de crédito con garante y ejecución de garantía”. Además, menciona la existencia de hechos con apariencia delictiva, por lo que se anuncia denuncia penal, informó El Observador.

Sin embargo, todavía no hubo demanda ni denuncia penal. Minutos después de que se desarrolló la audiencia, los abogados dijeron a Búsqueda que Galgano Votta estaba de viaje y que a su regreso verían cómo proceder. Casi cinco meses más tarde, consultado por el tema, Moller repitió que su cliente estaba de viaje, por lo que todavía no había tomado una decisión.

Cajal no respondió a los mensajes que le envió Búsqueda.

Campomar prefirió no hacer declaraciones. Cuando lo vea conveniente, dijo a Búsqueda, dará su versión en la Justicia y aclarará las cosas que fueron informadas.