La primera denuncia fue presentada por Ignacio Durán, abogado de Javier López, CEO de la empresa logística Farmalog.
La denuncia no quedó en manos de una sede de Delitos Económicos y Complejos, como se informó originalmente, sino en una de Flagrancia. Hasta fines de diciembre el caso no se había movido porque estaba todavía en “investigación policial”, dijeron a Búsqueda fuentes del caso.
Además de presentar una denuncia por libramiento de cheques sin fondo, Durán presentó una demanda civil y solicitó el embargo de Campomar, según surge de los registros públicos. El embargo fue decretado por el Juzgado Civil de 19 turno el 28 de octubre y por un monto de $ 43 millones. El expediente fue declarado reservado.
Ayer miércoles, Durán informó a Búsqueda que su cliente había llegado a un acuerdo con Campomar, negociado con la intermediación de su abogado, Jorge Barrera.
El acuerdo “se firmaría este viernes” e implicaría la clausura de “la vía penal y la parte civil”, dijo Durán. Interrogado acerca de qué recibiría su cliente a cambio, respondió que los términos del acuerdo “son confidenciales”. Añadió, no obstante, que incluye el compromiso de pagar “toda la deuda” en “mucho plazo”.
Antes y después de la denuncia, el patrimonio familiar de Campomar registró movimientos. El 21 de octubre cedió los derechos que tenía en un fideicomiso de administración de un proyecto inmobiliario a desarrollarse en la zona del Carrasco Polo, de acuerdo con los registros públicos analizados por Búsqueda.
La esposa de Campomar, con quien tiene separación de bienes, había comprado una casa en julio por US$ 1 millón. Sin embargo, en diciembre decidió venderla.
Barrera dijo a Búsqueda que no hubo movimiento de dinero en ninguno de los dos casos. En el primero, Campomar decidió abandonar el fideicomiso porque no tenía dinero para pagar las cuotas que exigía la inversión, argumentó; mientras que en el segundo, el comprador le dio directo las letras a los acreedores hipotecantes.
La presunta estafa y el cambio
A la denuncia de López se sumó la de otros dos empresarios. Patrocinados por el abogado Enrique Moller, presentaron un escrito en Fiscalía detallando conductas que encuadrarían en los delitos de estafa, apropiación indebida y libramiento de cheques sin provisión de fondos. La denuncia recayó en la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2º Turno, confirmó Búsqueda.
El documento, al que accedió Búsqueda, indica que Campomar y su presunto socio, Miguel Casal, les entregaron un cheque por US$ 675.000 para cubrir una deuda que mantenían con los denunciantes. La cuenta no tenía los fondos necesarios para hacer frente al pago.
La operativa que describe Moller en su escrito no es de inversiones en activos digitales, como la denuncia original divulgada por Preve, sino de préstamos para sustentar movimientos de dinero en la casa de cambio propiedad de la familia Campomar.
El 23 de julio del 2024 Casal les pidió una reunión a los denunciantes para proponerles un negocio. Habían trabajado con Casal antes, cuando los asistió en operaciones de compra y venta de criptos.
Los tres se reunieron, al día siguiente, en la oficina 202 del edificio Miraflores Corp. La denuncia dice que Casal les explicó que junto con su socio —Campomar— ofrecían “servicios financieros de traslado de dinero en el mundo”, lo que en la jerga se llama “cables”. Por esos servicios “les cobraban un margen a sus clientes por el envío de dinero, por lo que ellos necesitaban de hacerse liquidez en períodos cortos y para ello pagarían intereses por el uso de nuestro dinero”, detalla el texto de la denuncia presentada en Fiscalía.
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Edificio de oficinas Miraflores Corp., donde Campomar tenía oficina
https://www.spot.uy/proyecto.aspx?id=TKE39658
La denuncia presentada por Moller describe que, durante la reunión, Casal dijo que era socio de Campomar, propietario del cambio Pampex y local de cobranza Abitab ubicado en 26 de marzo y Gabriel Pereyra. En ese lugar, detalla la denuncia, es “donde se desarrollaría la operativa”.
El sistema de “cables” de los cambios permite que una persona transfiera dinero de un país a otro sin que haya movimientos reales, según explicó una persona que los ha utilizado. Los cambios tienen acuerdos entre sí para hacer frente a pedidos de clientes de retirar dinero en una sucursal de otra firma en otro país y, al cierre del año, se hace una compensación de los montos.
Consultado por Búsqueda acerca del sistema de “cables” entre cambios, el extitular de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos Daniel Espinosa respondió que eso no está autorizado. “Puede haber compensaciones con otras empresas, pero esas cosas se hacen en negro. Las transferencias se hacen con un swift, con datos de beneficiario y otros requerimientos de información. En general, todo lo que se llama dólar cable, o dólar cabo, como se le dice en Brasil, es eso: compensar. No se mueve la plata porque está prohibido, sobre todo en Argentina y Brasil, y entonces, cada tanto hacen una compensación y se mandan una transferencia, esa sí por swift, para quedar ‘en cero’. El resto de las transferencias quedan solo en un registro contable”.
Espinosa explicó que los anotados en el registro contable son “movimientos en negro”, que “no declaran en ningún lado”.
“Es incalculable la cantidad de plata que se mueve en Argentina con este mecanismo”, añadió el extitular de la Senaclaft.
El cambio Pampex —JCB Casa Cambiaria SA— es propiedad de los padres de Campomar. La información en el sitio del Banco Central (BCU) indica que la empresa está “en proceso de baja”.
Consultado el BCU sobre si estaban investigando al cambio, la institución respondió a través de su Área de Comunicación que “las actuaciones del Banco Central en las entidades supervisadas tienen carácter confidencial por lo que no es posible dar una respuesta a la pregunta sobre la realización de investigaciones”.
Acerca del cese de actividades del cambio, informó que “ha sido una decisión voluntaria de la sociedad, informada a la Superintendencia y vigente desde el 6 de diciembre de 2024”.
Pampex trabajaba en el mismo local que un Abitab. Según constató Búsqueda ayer miércoles, la casa de cambios ya no funciona y los carteles alusivos a su operativa, dentro y fuera del local comercial, están tapados.
En cuanto al Abitab, sigue en poder de la familia Campomar, dijo uno de los encargados. Búsqueda intentó consultar al titular de Abitab, Roberto Palermo, si esa continuidad estaba en riesgo por las denuncias contra Campomar, pero no obtuvo respuesta.
Las casas de cambio como la de Campomar no están habilitadas para realizar transferencias internacionales desde hace más de una década, por eso algunas recurren al mecanismo irregular de “cables”.
El BCU modificó la normativa para ordenar el sector y estableció que aquellos cambios que realizaban transferencias internacionales dejaran de hacerlas, o pidieran una autorización especial para ser Empresas de Servicios Financieros.
“Esa fue la gran diferenciación: el que va a operar en el exterior tiene más control, informes de auditoría, de lavado. Los cambios de mostrador, digamos, no tienen ese trámite habilitado”, explicó Espinosa.
JCB Casa Cambiaria SA figura en el BCU en la lista de casas de cambio y no en la de empresas de servicios financieros.
Otro cheque sin fondo
La denuncia indica que el negocio ofrecido por Casal a los denunciantes funcionó bien, al menos al inicio. “Transcurrido un corto período de tiempo los comparecientes comenzamos a operar por montos aproximados a los US$ 300.000 habiendo enviado a Casal el dinero a través de transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo en el cambio-Abitab de Gonzalo Campomar”, detalla el documento.
El escrito asegura que “todo funcionó al parecer con normalidad”, porque “se le prestaba y devolvía con los intereses respectivos, en distintos formatos de pago, transferencia bancaria, retiros en efectivo en el cambio Gales, ubicado en el WTC, en el Abitab de Campomar y envíos en USTD (dólar virtual)”.
Pero en algún momento entre agosto y setiembre algo falló. Los denunciantes dicen que siete “envíos” de dinero —que incluyeron criptomonedas, efectivo y transferencias bancarias— no fueron “saldados”. Cinco de ellos fueron transferidos mediante criptomonedas y el restante a una cuenta de Redpagos en el Banco República.
La deuda acumulada ascendió a US$ 612.000.
Una fuente al tanto de la operativa del cambio dijo a Búsqueda que había una caja específica del cambio —la más cercana a la calle Gabriel Pereira— en la que debía depositarse el dinero para ciertas operaciones vinculadas a activos digitales como dólares virtuales.
El 18 de octubre Casal “debía hacer un pago importante pues englobaba la totalidad de lo prestado, más intereses”, pero no lo hizo. Alegó, según la denuncia, “que se le había trancado una transferencia en Estados Unidos y que iba a demorar una semana”. Tampoco cumplió con ese compromiso.
“Muy poco antes de desconocer su paradero y ante nuestra insistencia de pagar lo adeudado nos entregó como forma de pago y cancelación un cheque común en dólares del Banco Scotiabank de fecha 18/10 firmado por Gonzalo Campomar (su socio) por la suma de US$ 675.000”, detalla el relato.
El cheque no se pudo cobrar porque no tenía fondos. Mientras tanto, Casal “de inmediato desapareció de los lugares habituales” y dejó de responder a los llamados y reclamos. Campomar también abandonó el país.
Búsqueda intentó contactar a Casal, pero no tuvo éxito.
Campomar y Casal, dice la denuncia, "sin duda que decidieron ab initio engañar a la contraparte, apropiándose de un dinero que no les correspondía".
Otros posibles damnificados
El alcance de la operativa de Campomar y sus damnificados no es clara. De acuerdo con las consultas de Búsqueda, es probable que muchas personas que perdieron su dinero no presenten denuncias porque eran movimientos de dinero irregulares, en algunos casos con origen de fondos opaco.
Una de las personas que participó en el negocio fue Elbio Rodríguez, exasesor del entonces ministro de Turismo, Germán Cardoso, involucrado en los manejos irregulares de esa administración. Preve dijo en La Tapadita que Rodríguez atraía otros clientes al negocio de Campomar y que había recuperado unos US$ 7 millones.
Rodríguez pudo participar en el negocio pese a que está embargado por la Dirección General Impositiva desde hace años, surge de registros públicos.
El empresario del juego online, que fue sobreseído por la Fiscalía en la investigación del caso Turismo, negó a Preve que fuese “recaudador” de Campomar entre empresarios argentinos. El periodista escribió luego en X: “Elbio Rodríguez —desde Punta del Este— nos informó que él cobró todo lo que invirtió y no captó otros interesados. Ratificó la tasa del 2% mensual en US$”.
La oficina 202 en Miraflores Corp., donde ocurrió la reunión entre Casal y los denunciantes patrocinados por Moller, era alquilada por el empresario Alejo Capó.
Consultado al respecto, Capó negó haber sido socio de Campomar en los negocios que derivaron en las denuncias de estafa. Aseguró que es una de las víctimas, pero no quiso precisar el monto del presunto daño económico que sufrió. También dijo que Campomar pagaba una parte de la cuota y que cerró la oficina después de enterarse de las denuncias.
