Para las autoridades, es “un misterio” el alcance que tiene el uso de cripto para lavar dinero del narco

“Es un misterio lo que está pasando ahí”, resumió la fuente. A diferencia de otros países, el Estado uruguayo no tiene una billetera electrónica a la que enviar criptos si en algún momento las incautaran en una investigación.

En la Secretaría Nacional para el Combate al Lavado de Activos (Senaclaft) preocupa la falta de casos, más allá de las ciberestafas o hackeos que demandan pagos en cripto, en los que se haya detectado el uso de criptoactivos para blanquear dinero del crimen organizado local, dijeron fuentes del organismo.

“No hay muchos casos para mostrar fuera de los ciberdelitos”, explicó uno de los informantes. “No tenemos idea de cuánto está pasando por ahí, ni qué sofisticación tienen los lavadores”.

La Evaluación nacional de riesgos de lavado, elaborado por el experto Alejandro Montesdeoca y aprobada al final del período pasado, advertía que la falta de transparencia en el uso de activos digitales hace que “esta modalidad operativa constituya un alto riesgo emergente” de blanqueo.

Alejandro Montesdeoca y Jorge Diaz

Javier Calvelo /Adhoc FOTOS

Hasta ahora el uso de criptomonedas y otros activos digitales para transacciones no tienen controles antilavado. El Poder Ejecutivo envió en junio al Parlamento un proyecto de ley para actualizar la normativa y subsanar ese y otros problemas identificados. Un artículo de la propuesta establece que las permutas deberán ser controladas por abogados, contadores y escribanos, quienes deben realizar reportes de operaciones sospechosas si lo entienden pertinente. Las cripto no son consideradas monedas, entonces su uso para adquirir un inmueble, por ejemplo, entraría como una permuta de un bien por otro.

El Banco Central está avanzando en un proceso de regulación del sector. En 2024 el Parlamento aprobó una ley para cambiar la carta orgánica de la institución para habilitarle la posibilidad de crear normativas sobre activos digitales. En setiembre de este año el Central presentó un anteproyecto para crear y regular la figura del proveedor de servicios de activos virtuales.

Un avance tecnológico y su correlato institucional

La normativa no es la única que se está adaptando a los cambios acelerados en el sector. En la Fiscalía General funciona desde 2023 una Unidad de Cibercrimen, una de las novedades que incluyó el proyecto de Ley de Presupuesto es la creación de una fiscalía especializada en cibercrimen.

De aprobarse la iniciativa, coordinará de manera directa el trabajo con la Unidad de Cibercrimen, que funciona en la Policía desde 2021. El director de esa dependencia, Pablo Rocha, dijo a Búsqueda que no hay que “criminalizar la tecnología”. Añadió que las criptomonedas “son un medio que, como todo adelanto tecnológico, abre ventanas para que los criminales lo usen de forma indebida”.

“Hay un listado de esos delitos que no dejan de ser tradicionales, que existieron siempre, pero que hoy usan el medio de criptomoneda para desarrollarse o fortalecerse”, añadió. Los delitos de estafa, esquemas Ponzi, plataformas de supuestas inversiones que estafan gente —como los brokers que operan desde Uruguay detectados por Búsqueda — usan cada vez más las criptomonedas para mover el dinero, explicó.

Ese método de pago también es el elegido por los hackers que sustraen información de empresas privadas o entidades públicas y reclaman el envío de fondos para no difundirla. En caso de que no lleguen a un acuerdo, suelen ponerla a disposición de terceros en la web y, también ahí, piden activos digitales como recompensa.

Si hay lavado, hay cripto

En 2022 el Centro de Formación de la Fiscalía General llevó adelante el primer curso sobre criptomonedas. Desde entonces, ha organizado decenas de talleres e instancias de formación para fiscales, en los que a veces invitan a policías y jueces.

Capacitacion criptoactivos

Fiscalía

La directora del Centro, Mariella Leles, dijo a Búsqueda que tienen el tema en agenda desde hace tiempo, pero que saben que “todavía falta mucho” para mejorar las investigaciones criminales en ese rubro. No obstante, valoró que las capacitaciones —en las que tratan de incluir a policías y jueces— lograron “sensibilizar” a los fiscales respecto de la importancia del tema y ahora están en una etapa de “construir conocimiento”.

Una de las dificultades para rastrear el dinero, además del uso de mecanismos para enmascarar o anonimizar las transferencias de cripto, es que se hacen muy rápido. De acuerdo con la Policía, suele suceder que cuando las víctimas denuncian es porque el dinero ya se esfumó.

En agosto Fiscalía organizó una capacitación sobre “criptoactivos en investigaciones criminales”, liderada por el especialista argentino Denis Banchero. En una entrevista que brindó días después a Búsqueda, el experto dijo que el 90% del dinero de las estafas “termina pasándose a criptoactivos como método de lavado” y que las cripto son “100% trazables” si se actúa “en la urgencia”.

Leles dijo que ese curso de Banchero fue bien valorado por los fiscales, porque les mostró que “es posible” rastrear el dinero. Uno de los puntos que discutieron fue la necesidad de que el Estado posea una billetera virtual por si tiene que alojar ahí activos incautados. Esa necesidad es compartida por la Senaclaft y la Policía, según las consultas de Búsqueda.

Hasta ahora Uruguay no ha incautado ningún activo digital. En el marco de la investigación periodística La cripto lavadora, los medios chilenos Ciper y LaBot informaron que la billetera virtual de la Fiscalía de ese país tenía en bitcoins, una moneda digital, el equivalente a US$ 157.000 producto de una incautación.

“Estamos dando muchos cursos de lavado de activos ahora y decimos que si hay lavado, probablemente se esté manejando cripto. ¿Por qué? Porque cada vez va a haber menos dinero efectivo”, explicó Leles.