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    Proyecto Neptuno cambia su trazado original para evitar impactar en humedales del Santa Lucía

    En una audiencia judicial, un director del Ministerio de Ambiente informó sobre una modificación para “evitar la intervención” del área protegida del río Santa Lucía

    Tres días antes de que el juez letrado en lo civil de 9º turno, Alejandro Recarey, emitiera el polémico fallo que impidió a OSE firmar el contrato con el Consorcio Aguas de Montevideo por el proyecto Neptuno, el Palacio de los Tribunales alojó una audiencia pública que fue convocada por el magistrado.

    El viernes 21 de junio, comparecieron en la instancia judicial como testigos 11 científicos, que fueron convocados por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y el colectivo Tucu-Tucu, que están en contra de la iniciativa que busca asegurar el agua potable en el área metropolitana y entre sus obras proponen una toma de agua bruta en el Río de la Plata y una planta potabilizadora, en la zona de Arazatí, departamento de San José. Del otro lado, en defensa del proyecto que ha sido una de las apuestas del gobierno de Luis Lacalle Pou, también declararon jerarcas de OSE y del Ministerio de Ambiente.

    Frente al juez, reiteraron que el proyecto Neptuno continúa en la fase dos: el proceso de “evaluación técnica” del estudio de impacto ambiental, luego de superar una primera etapa referida a la comunicación. Eso derivó en que obtuviera la clasificación de categoría C por parte del ministerio, en función del impacto que puede derivarse en caso de concretarse.

    “Los proyectos C a priori pueden tener una mayor afectación ambiental y exigen por tanto un estudio de impacto ambiental completo”, explicó el director de la división de emprendimientos de alta complejidad del Ministerio de Ambiente, Eugenio Lorenzo, según surge de los audios de la audiencia, a los que accedió Búsqueda. Otro de los proyectos que ha sido catalogado de la misma forma fue la segunda planta de UPM.

    Los distintos jerarcas de la cartera señalaron que realizaron ocho solicitudes de “información adicional” a las cuatro empresas que forman parte del Consorcio (Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast), para culminar la etapa del análisis de la solicitud de Autorización Ambiental Previa del ministerio y del Estudio de Impacto Ambiental. Entre los asuntos se encuentra la “potencial afectación al acuífero Raigón por la infraestructura de almacenamiento de agua bruta” que se pretende instalar y el impacto arqueológico y paleontológico por la eventual concreción del proyecto, que derivó en una consulta a la Comisión de Patrimonio. También hubo “observaciones” por la traza de la tubería, por la “importancia del ducto que va a atravesar el cauce” del río Santa Lucía, que tiene un “islote” con una “zona importante desde el punto de vista de la biodiversidad”, identificada por técnicos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas como relevante para preservar, dijo la gerenta de la División Evaluación de Impacto Ambiental y Licencias Ambientales del Ministerio de Ambiente, la ingeniera química Rosario Lucas.

    La jerarca explicó frente al juez que la “información complementaria” se solicita cuando existen “observaciones” desde el área técnica, porque “falta profundizar o presentar información” que está “incompleta” o porque “del análisis se identifican impactos ambientales (por los) que hay que tomar nuevas medidas de mitigación o hacer modificaciones”.

    Con respecto al trazado, Lorenzo aseguró que los posibles impactos en los bañados y los humedales del Santa Lucía fueron un tema que “preocupó desde el comienzo” y por eso señalaron la “inconveniencia” del trayecto original. “Se formuló la solicitud de información adicional, que aún no ha sido respondida, pero nos adelantó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas que presentaron una alternativa que es diferente”, adelantó el director del ministerio, que “evita la intervención por el humedal” porque se haría “sobre la zona aguas abajo, que ya está totalmente intervenida”.

    Audio Lorenzo.MP3

    El problema del agua salada

    Uno de los principales focos de los cuestionamientos que ha recibido el proyecto Neptuno refiere a los eventos de salinidad en la zona donde se tomará el agua del Río de la Plata para su posterior tratamiento. Se trata de un tema que está “a estudio” que también motivó una de las solicitudes de información adicional. A su vez, expertos participaron de una mesa técnica específica para debatir acerca de las “probabilidades” y la “frecuencia” de una “alta salinidad, considerando la variabilidad climática”, dijo Lucas.

    Al respecto, el director de la División de Impacto Ambiental del Ministerio de Ambiente, Luis Anastasia, indicó en la audiencia judicial que el ingreso de agua “más oceánica” al Río de la Plata, con altos niveles de salinidad, sucede en momentos de un “muy prolongado déficit hídrico”, como el que se vivió en los últimos años en Uruguay, porque “disminuye la descarga de los ríos (Uruguay y Paraná), que actúan como un dique hidráulico de contención del agua más salada”. El experto en oceanografía explicó que ocurre en “circunstancias excepcionales” y que frente a su eventualidad el proyecto prevé tener una reserva de agua, para “seguir operando”, cuando hay una cantidad alta de sales que no pueden ser removidas. Y advirtió que si vuelve a ocurrir una crisis hídrica, y “se sigue contando únicamente con la planta de Aguas Corrientes” para el tratamiento, “el peligro es cada vez peor”. Por eso, consideró que se debe “contar con otra fuente y otra planta potabilizadora”.

    “El proyecto plantea previsiones para cubrir episodios (de alta salinidad) de hasta 71 días de duración, que tienen un tiempo de retorno esperado superior a los 50 años”, aseguró Lorenzo.

    El problema de la salinidad había sido advertido por un estudio que OSE encargó al Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Física de los Océanos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, en 2022, informó la diaria.

    Otra de las dificultades en relación con la potabilización del agua, que había sido reconocido en el Estudio de Impacto Ambiental que presentó el Consorcio, fue la presencia de cianobacterias en el Río de la Plata, que es “evaluado especialmente” por el ministerio, en relación con la capacidad de planta para el tratamiento de potabilización del agua frente a floraciones algales, indicó Lucas en la audiencia.

    Al respecto, Anastasia planteó que “existen todos los procedimiento y protocolos” para eliminarlas y que “el agua propia del río Santa Lucía está sometida a cianobacterias”. Consultado respecto a si la toxicidad detectada puede ser la misma que en el Río de la Plata, respondió que sí. “Van a seguir existiendo. Van a seguir dándose las condiciones naturales en las cuales haya floración de cianobacterias. Está controlado, incluso en el Santa Lucía, cuando es la única fuente potable que se tiene”, aseguró.

    Hay alternativas

    Durante la audiencia, el gerente general de OSE, Arturo Castagnino, volvió a reiterar que considera necesario construir el proyecto Neptuno y Casupá, algo que ha manifestado públicamente. Mientras que en Arazatí se propone extraer agua del Río de la Plata para potabilizarla, la represa de Casupá, en Florida, que fue un proyecto que había avanzado en el último gobierno de Tabaré Vázquez, plantea un embalse aguas arriba del Santa Lucía para tener más agua dulce a disposición de la estación de Aguas Corrientes, para su tratamiento con la misma infraestructura.

    Para Castagnino, existe una “falsa oposición” entre ambos y se necesitan “reservas de agua dulce en buenas condiciones y un centro de producción complementario y alternativo de Aguas Corrientes”, dijo en la audiencia.

    El jerarca de OSE fue consultado sobre si se podrían hacer “inversiones” para mejorar el “potencial potabilizador” del agua del río Santa Lucía, y señaló que sí, pero “no es suficiente” porque no hay otro centro de producción que funcione como una alternativa “si hay una interrupción o un colapso en el sistema de tratamiento actual”.

    En relación con el agua bruta —que no ha recibido ningún tratamiento—, reconoció que “siempre hay posibilidades y alternativas” para extraerla de cuencas en el interior del país, pero “hay que ver los costos”.

    “Siempre puede venir, la técnica de la ingeniería puede resolver muchas cosas. El asunto está en cuánto cuesta y las dificultades. Seguramente sí sería más caro. Habría que calcularlo”, indicó.

    El gobierno prepara la defensa

    El lunes 24 de junio, el juez Recarey hizo lugar a la medida cautelar de “no innovar” que fue solicitada por las organizaciones ambientalistas, que está establecida en el Código General del Proceso y busca “impedir que se altere” una situación para proteger derechos establecidos en la legislación vigente hasta que exista un pronunciamiento de fondo definitivo. En este caso, sobre una “acción de requerimiento”, una demanda que presentarán para pedir que no se lleve adelante el proyecto Neptuno porque, según reclaman las organizaciones en el escrito presentado ante la Justicia que derivó en la sentencia del juez Recarey, “vulnera todos y cada uno de los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios en materia del derecho al agua, al medio ambiente y al ordenamiento territorial”.

    La sentencia de Recarey deberá respetarse hasta que no exista una resolución de la Justicia “en el sentido contrario”.

    El Poder Ejecutivo avanza en la apelación que presentará sobre la decisión judicial y la defensa del proyecto que busca asegurar el abastecimiento de agua potable. El gobierno tenía seis días hábiles para hacerlo, pero este lunes 1 de julio comenzó la feria judicial, lo que suspendió el conteo, que se retomará el 16 de julio.

    El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió al tema y dio pistas sobre el escrito que entregarán, cuando fue consultado en rueda de prensa después de dar su voto en las elecciones internas del domingo 30. Sobre el fallo del juez dijo que “son los resortes democráticos que tiene el país”, pero que no lo comparte “ni en el fondo ni en la forma” y sobre eso versará el planteo que el gobierno “está terminando” para presentar al Poder Judicial. La defensa del proyecto será liderada por el secretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés.

    El jueves 27 de junio, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º turno se pronunció contra el Ministerio de Salud Pública (MSP) por una recusación que había presentado contra Recarey, que implica que otro juez analizara el tema, debido a que “no existen garantías de imparcialidad”. La cartera sanitaria consideró que eso había sido “comprobado” cuando el mismo magistrado, en 2022, decidió suspender la vacunación anticovid a menores de 13 años, una medida que finalmente revocó un Tribunal de Apelaciones. El MSP argumentó que era "clara la enemistad y animosidad" contra la secretaría de Estado, según informó El País, pero el tribunal rechazó "de plano" la recusación "por ser manifiestamente infundada".

    "Las referencias a la actuación del magistrado en otras causas no pueden servir de motivo para disponer el apartamiento", dice la sentencia, porque se debe resolver "sobre la imputación de imparcialidad en el caso concreto y no en otro". En esta circunstancia, consideró: "No se advierte trato discriminatorio" contra el ministerio.

    No puede comenzar

    Luego de que finalice el estudio del proyecto Neptuno por parte del Ministerio de Ambiente, se abren dos posibilidades: que la cartera resuelva otorgar la autorización, o la niegue. “El ministerio está obligado a denegar la autorización si llegara a la conclusión de que, como consecuencia de la construcción, se generarían impactos negativos que resultan inadmisibles, en tanto no hubiera medidas de mitigación que pudieran llevar esos efectos ambientales hasta niveles de admisibilidad”, aseguró en la audiencia el director de División de Emprendimientos de Alta Complejidad del Ministerio de Ambiente.

    De lo contrario, puede ser otorgado el permiso para concretar la iniciativa tal cual fue formulada o el ministerio puede imponer ciertas condiciones a las cuales queda “sujeta” la autorización. Por ejemplo, puede exigir cambios relacionados con la infraestructura o de la operación del proyecto, para “mitigar efectos ambientales” hasta que alcancen “niveles atemperados admisibles con la normativa o con los criterios de admisibilidad”, indicó Lorenzo.

    Mientras tanto no exista una autorización ambiental, el proyecto no puede comenzar la construcción. “Hasta que el trámite no termine y se tome la decisión, en el caso favorable, no se puede iniciar nada, ni siquiera instalar un obrador ni cercar”, aseguró la gerenta de la División Evaluación de Impacto Ambiental y Licencias Ambientales del Ministerio de Ambiente.