Sin votos hoy para una investigadora sobre ASSE y casi sin voces parlamentarias que respalden a Danza y Lustemberg

Esto último impidió la posibilidad de todo acuerdo. El Frente Amplio no quiere incluir a Danza en el entendido de que su gestión ya ha sido analizado por el Parlamento. “Hay cosas que son de sentido común. Nosotros anunciamos que vamos a presentar una comisión investigadora y la coalición de inmediato presenta otra, en espejo. Dos investigadoras son un mamarracho desde todo punto de vista y ante la opinión pública queda mal que no podamos combinar una; más ahora, que en breve el Parlamento va a tener que abocarse a la Rendición de Cuentas”, sostuvo el diputado Carlos Varela, coordinador de la bancada oficialista.

Ante la falta de una mayoría clara para aprobar una de las dos investigadoras, las miradas se posan en los dos diputados de Cabildo Abierto y los dos de Identidad Soberana. Estos últimos son hoy los principales aliados de la posición coalicionista. “Voy por la (investigadora) más amplia. Yo quiero investigar todo. No veo por qué blindar a Danza ni dejar afuera su administración”, dijo Gustavo Salle a Búsqueda. Aún así, esta iniciativa no tendría los votos necesarios para la mayoría simple en Cámara Baja. La posición que tomará el otrora socio díscolo de la coalición en el gobierno anterior, Cabildo Abierto, es un enigma. Desde el Partido Nacional criticaron la condición que los cabildantes pusieron para votar la investigadora: aprobar el proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 70 años para los presos en Domingo Arena por hechos ocurridos durante la última dictadura. “Primero dijeron que nos apoyaban, luego salieron con esto. Nosotros dijimos que eran cosas totalmente distintas que no se podían condicionar. Luego dijeron que no iban a entrar a sala y finalmente que no lo tienen definido”, indicó Casaretto.

“Estamos evaluando todo. Nadie nos apura a ninguna decisión”, se limitó a decir a Búsqueda el diputado cabildante Álvaro Perrone.

El escenario de que no se vote ninguna investigadora también está previsto, pero en el contexto de una “nueva realidad”, que es la denuncia a la Fiscalía interpuesta por Danza, según la calificó el diputado Varela, coordinador de la bancada frenteamplista. Eso es una baza que el oficialismo tiene a su favor. “No es menor que haya un camino penal ya abierto. Todavía queda por ver lo de las responsabilidades políticas”, añadió.

Respaldos

En lo que sí hay coincidencias entre oficialismo y oposición es en el contexto político en que se desarrolla esta previa a votar la investigadora. El presidente de ASSE, Álvaro Danza, tiene todo el respaldo de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, quien a su vez tiene el apoyo absoluto del presidente de la República, Yamandú Orsi. La actuación de Danza ha estado en la mira de la oposición desde la anunciada restructura del organismo en julio pasado y —sobre todo— desde que se supiera en agosto que seguía atendiendo pacientes en el sector privado mientras presidía ASSE, algo a lo que renunció en noviembre pese a tener el aval de la Junta de Transparencia y Ética Pública.

Pero más allá de ese respaldo vertical y que en la oposición se hable de “blindaje”, no abundan las voces en el Frente Amplio que los defiendan. Durante la sesión en la Cámara Baja en la que se resolvió la interpelación a Lustemberg en noviembre pasado por esta situación, solo el diputado Alejandro Zavala fundamentó su voto negativo. Zavala es de El Abrazo, mismo sector que Danza y Lustemberg. Ningún legislador del mayoritario Movimiento de Participación Popular (MPP) o del Partido Comunista se expresó. En estos últimos días, en los que el presidente de ASSE pasó a la ofensiva con la denuncia penal, la única expresión oficialista que se escuchó desde el Parlamento fue la del diputado Federico Preve, quien habló de la detección de gastos “de casi 200 millones de dólares” destinados a contratos y pagos que fueron observados.

Entrevistado por el programa Así nos va de Radio Carve el 7 de mayo, el diputado Gallo dijo “a título personal” que “el directorio de ASSE puede haberse apurado un poco” y que “lo correcto hubiera sido que consultara con la bancada” frenteamplista, luego de que se informara que las autoridades del prestador decidieran ir por la vía penal contra sus antecesores.

“Defensores de Danza hay muy pocos, pero en el mano a mano te dicen ‘saquen a Danza y hay (comisión) investigadora’”, aseguró a Búsqueda un legislador opositor.

Pese al respaldo desde Torre Ejecutiva y a ser una de las jerarcas mejor valoradas por la población, según sondeos que maneja Presidencia, tampoco la ministra tiene un coro de voces parlamentarias que la arropen en momentos en que arrecian las críticas en su contra. En la interna se habló de “fuego amigo” y ella misma dijo no querer entrar “en cuestiones político-electorales”. Ningún legislador de los sectores mayoritarios salió en su defensa. “Podrá haber matices y opiniones, pero no he sentido ningún cuestionamiento de la bancada frenteamplista a la compañera ministra así como a ningún otro compañero ministro”, matizó Varela a Búsqueda.

Las mayores críticas contra la ministra comenzaron el mes pasado con la renuncia de la directora general de Salud del MSP, Fernanda Nozar. Sin embargo, fue la renuncia de 11 de los 13 integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública, luego de que Lustemberg rebajara de cinco a tres años el tiempo de inhabilitación profesional con el que este organismo había sancionado a una anestesista por una mala praxis ocurrida en 2023 que desembocó en la muerte de una paciente, lo que la puso más en la mira. Según dijo, tomó esa decisión a partir del asesoramiento de la división jurídica de la cartera.

El subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, fue consultado por este tema en el programa Desayunos informales, de Canal 12, el martes 19. “No estuve en el proceso interno ni en la discusión que se dio y (desconozco) cuáles fueron los motivos. Eso tienen que hablarlo directamente con ella”, respondió.

Para mayor cuestionamiento aún, esa anestesista —que el año pasado, luego de un proceso abreviado, fue condenada por la Justicia por homicidio culpable a 24 meses en prisión, bajo un régimen de libertad a prueba— recurrió la sanción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), acción que no fue contestada en plazo por el MSP, como informó El País el 15 de mayo, lo que dejó a la cartera en una posición muy debilitada en ese litigio. Ningún legislador del Frente Amplio consultado por Búsqueda quiso expresarse sobre estos puntos. Más de uno admitió no entender por qué se tomaron esas decisiones.

La ministra fue convocada para el 16 de junio por la Comisión de Salud del Senado. Consultada por Búsqueda, no quiso formular declaraciones.