Así lo establecen las Bases programáticas dirigidas a todos los candidatos a la presidencia de la República por parte de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), documento de 15 páginas al que accedió Búsqueda y que se presenta oficialmente este miércoles en la sede de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República (Udelar).
En el documento se explica que el Estado transfiere recursos a las instituciones privadas a través de exoneraciones impositivas que representan un 0,3 del Producto Bruto Interno (PBI), lo que equivale a US$ 168 millones anuales.
Varias instituciones reciben aportes de particulares y de empresas por el programa de “donaciones especiales”, a través del cual recuperan un porcentaje de esos aportes por beneficios fiscales. Para acceder a las exoneraciones, las empresas deben cumplir varias condiciones y girar el dinero al Ministerio de Economía y Finanzas, que a su vez lo envía a instituciones de gestión privada como Jubilar, Impulso, Los Pinos, Los Rosales y otras cuyos proyectos resulten aprobados.
La coordinadora, que reúne a una veintena de sindicatos de la enseñanza de la central obrera PIT-CNT, considera “relevante” generar una “revisión profunda” de estos beneficios fiscales y pensar cómo se pueden utilizar esos recursos para “el bien común”.
Por otro lado, señala que, si bien la enseñanza privada está regida por la normativa fijada por el Estado, “una buena parte de las instituciones de la enseñanza formal privadas funcionan como unidades de negocio, por fuera de la incidencia” estatal, y esto “refuerza el papel de la educación como un mero instrumento para obtener ganancias”.
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Virginia Cáceres, presidenta del Codicen, durante la entrega de reclamos sindicales frente a la sede de ANEP en 2023
Mauricio Zina / adhocFOTOS
Desigualdad de origen y segregación social
La CSEU identifica dos ejes estructurales que caracterizan la realidad educativa del país. Por un lado, la desigualdad de origen y su incidencia en los procesos de aprendizaje de niños y adolescentes.
El 67% de los estudiantes que asisten a la educación pública reciben alguna prestación social, según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed). En los primeros ciclos, de inicial y primaria, este porcentaje ronda el 66%, mientras que en educación media es de 64% (el 60,4% en secundaria y 75,1% en educación técnica o UTU).
La coordinadora detectó una “debilidad” en ese sistema de prestaciones, lo que a su entender se traduce en “aplacar el malestar social” y sostenerlo desde una perspectiva “meramente asistencialista” que reproduce el problema. Esto se traduce, según los sindicatos, en “múltiples formas de violencia”, empleo infantil, inseguridad alimentaria, afectaciones en la salud mental, entre otros males.
“Muchas veces se quiere adjudicar al sistema educativo la responsabilidad de subsanar el conjunto de desigualdades que afectan a nuestra sociedad y, al mismo tiempo, se responsabiliza a la enseñanza de los riesgos que enfrentan las trayectorias educativas de estudiantes que provienen de contexto más desfavorecido”, expresa el documento. “Esta paradoja muestra el costo social que tiene la ausencia de una política integral”, agrega.
Por otro lado, los autores del informe señalan “la segregación social”, entendida como la distribución desigual de estudiantes con distintas características entre centros educativos. Destacan que esto “refuerza inequidades y contribuye a la segmentación social”, demandando políticas de Estado “potentes”.
Los subsistemas donde se detecta una distribución más desigual de sus estudiantes son educación inicial y primaria. Según los datos oficiales, el 80% de las diferencias socioeconómicas y culturales son entre las escuelas y no en su interior. Esto confirma que existen escuelas donde asisten alumnos de quintiles más bajos y otras donde asisten poblaciones de los quintiles más altos.
Según el informe, la segregación es aún mayor dentro del sector privado que del público, aunque este último contribuye más a la segregación total por tener un tamaño mayor.
Ejes programáticos para el próximo gobierno
La CSEU plantea trabajar sobre varios ejes programáticos. Entre ellos destaca “la construcción de acuerdos sociales y políticos en materia de política educativa pública”.
Esto implica amplios espacios de discusión y consenso, desde los consejos de participación por centros hasta el Congreso Nacional de Educación para la definición de las grandes líneas educativas.
También alientan la reconstrucción del Sistema Nacional de Educación Pública como “política clave para el próximo gobierno”, exigiendo autonomía y cogobierno para mantener una línea educativa “ajena a los vaivenes de la política partidaria” y a la disputa por el control de la educación.
“El gobierno de la educación debe ser autónomo y cogoberando en todos su niveles”, remarca la coordinadora de sindicatos. Y agrega que “se debe garantizar la reinstalación del cogobierno en Utec” y “debe crearse de una vez la Universidad de la Educación, pública, autónoma y cogobernada”, atribuyéndole las competencias “en exclusividad” para extender títulos en formación docente.
Por otro lado, se insiste en alcanzar un presupuesto para la educación del 6% del PBI más 1% para investigación e innovación.
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Una movilización en reclamo por un presupuesto del 6% del PBI para la educación, en 2015
Santiago Mazzarovich/adhocFotos
Necesidades
Entre las necesidades concretas en educación que se deben atender, la coordinadora de sindicatos demanda mayor infraestructura, la creación de cargos en todos los subsistemas, la reducción del número de estudiantes por grupo, mayores recursos materiales y didácticos, mejoras salariales para el personal docente y no docente, la ampliación del tiempo pedagógico en todo el sistema educativo y garantizar el acceso a los sistemas de apoyos y de becas.
Asimismo, plantea la democratización en el acceso al conocimiento, la ciencia y tecnología aplicada a la investigación y la innovación, y un mayor compromiso con la profesionalización docente y sus condiciones de trabajo. También demanda estabilidad y carrera funcional del personal de apoyo a la educación de la ANEP, la Udelar y la Utec, con respeto pleno a las libertades sindicales y gremiales, amparado en un “compromiso explícito” del próximo gobierno.
Entre los sindicatos reunidos en la coordinadora figuran la Federación Uruguaya de Magisterio ((FUM), la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la Asociación de Docentes de la Udelar (Adur), el Sindicato de Trabajadores de Utec (Situtec) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep).
