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    Asume un Parlamento con renovación alta y riesgos de que el trasiego de dirigentes al Poder Ejecutivo debilite la gobernabilidad

    El MPP resolvió que si el Frente Amplio retiene la Intendencia de Montevideo, sus dirigentes no abandonen el Parlamento para asumir cargos en el ejecutivo departamental

    Juan José Amézaga asumió la presidencia de la República el 1° marzo de 1943 después de la dictadura de Gabriel Terra. El restablecimiento de la democracia estaba acompañado de nuevas reglas de juego previstas en la Constitución, cuyo texto había sido plebiscitado junto con las elecciones nacionales del año anterior.

    “En la nueva Constitución del Poder Ejecutivo tendrá a su cargo la dirección del progreso nacional en estrecha colaboración con la opinión pública expresada por la mayoría parlamentaria. El presidente adjudicará los ministerios entre ciudadanos que, por contar con el apoyo parlamentario, aseguren su permanencia en el cargo”, dijo Amézaga en su primer discurso como presidente en ejercicio.

    El coordinador del Programa de Estudios Parlamentarios y docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Daniel Chasquetti, suele recomendar a sus estudiantes que lean el discurso de Amézaga porque ahí están las pistas del diseño institucional y, también, de los motivos que explican por qué los mandatarios toman ciertas decisiones a la hora de confeccionar su gabinete.

    Con la asunción del nuevo Parlamento este sábado 15 de febrero, habrá un nuevo mapa político y de gobernabilidad, con gran renovación de legisladores y en el cual el oficialismo no tendrá mayoría en una de las cámaras. “El foco hay que ponerlo en la Cámara de Diputados, sobre todo una vez que la luna de miel se vaya evaporando, porque ahí va a ser más sencillo ingresar en situaciones de conflicto y de bloqueo”, declaró Chasquetti a Búsqueda.

    La rotación en Parlamento

    Las elecciones nacionales de octubre 2024 dieron como resultado una integración del Parlamento inusual: el oficialismo tiene una mayoría en el Senado —16 en 30, a lo que suma el voto de la vicepresidenta Carolina Cosse— y la mayor cantidad de bancas en Diputados. La Cámara Baja tendrá 48 integrantes del Frente Amplio, 29 del Partido Nacional, 17 del Partido Colorado, dos de Cabildo Abierto, dos de Identidad Soberana y uno del Partido Independiente.

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    Los socios de la actual coalición de gobierno, que sumados tienen una mayoría clara, perdieron terreno en ambas cámaras. Esto implicará una rotación alta de parlamentarios, incluso antes de que varios legisladores renuncien, en marzo, para ocupar cargos en el Poder Ejecutivo.

    Un análisis del Programa de Estudios Parlamentarios difundido en noviembre indica que la “tasa de rotación parlamentaria” será del 52%; en el Senado alcanzó al 33%, mientras que en Diputados al 57%. Esa cifra de renovación es igual a la suma del número de legisladores en ejercicio que compiten por la reelección y caen derrotados y de los legisladores en ejercicio que no se presentaron a la elección.

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    Será la rotación más alta desde 1990 e implicará que varios legisladores, algunos históricos, no repitan. Entre la lista de parlamentarios que no lograron repetir están los blancos Jorge Gandini, Juan Sartori y Álvaro Viviano; los colorados Germán Coutinho, Germán Cardoso y María Eugenia Roselló; los frenteamplistas Liliam Kechichian, José Nunes, Claudia Hugo, Susana Pereira y José Luis Gallo. En algunos casos, estos legisladores podrán asumir una banca en el futuro, ya que, como Kechichian y Sartori, integraron listas en calidad de suplentes.

    Mujeres: tímido avance y trampas

    La integración del futuro Poder Legislativo mostró algunos avances en la representación de género, aunque tímidos. Las mujeres tendrán en la próxima legislatura un poco menos de la tercera parte de los escaños. Todavía no logran llegar al tercio de las bancas, que es el mínimo que intenta asegurar la llamada “ley de cuotas” (N° 18.476) aprobada en 2009, que exige que al menos un tercio de las listas a cargos electivos estén integradas por mujeres.

    Para la Cámara Alta, fueron electas nueve senadoras titulares en 30 escaños (30%) del total, una proporción similar a la de la legislatura de 2020-2025. Para la Cámara Baja, fueron electas 28 diputadas, que representan el 28% de las bancas, un porcentaje mayor al de la legislatura actual (19%).

    No obstante, no todas las legisladoras electas asumirán. La conformación de las listas y las posteriores negociaciones por las bancas dejaron en evidencia que los sectores siguen haciendo “trampas” a la ley de cuotas. Es decir, hay mujeres que están en las listas solo para cumplir formalmente con el mínimo de representación requerido por la ley, pero luego renuncian para ceder su lugar a un hombre.

    Así fue el caso de María Fajardo, senadora electa por el Partido Nacional (número tres de la lista de Alianza País) que renunciará a la banca para dejarle su lugar al actual senador Carlos Camy, y asumirá en Diputados.

    Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional, figuró en tercer lugar en la lista al Senado y a Diputados de Aire Fresco; dejará su banca en la Cámara Baja a Juan José Olaizola. En 2014, Bianchi también ocupó listas al Senado y a Diputados y renunció a la Cámara Alta para dejarle el lugar a Álvaro Delgado.

    Además, la colorada Rosario Palleiro (número tres en la lista de Vamos Uruguay a Diputados) manifestó que renunciará a su banca para dejar su lugar a Adrián Juri. Lo hizo tres días después de la elección, en una carta que envió a la Corte Electoral en la que solicitó no ser “proclamada” por el organismo.

    Consultada por Búsqueda, la actual diputada suplente y dirigente colorada Fátima Barrutta, que presentó en la actual Legislatura un proyecto de ley de paridad que no prosperó, cuestionó las “trampas” a la ley de cuotas y recordó que la norma fue votada y declarada de interés general para garantizar una participación “más equitativa de hombres y mujeres en órganos electivos”. “Hacer un mal uso de la ley es hacer trampa a su espíritu”, afirmó. Sobre el caso de Palleiro, señaló que “de concretarse, sería una traición a la trayectoria humanista, feminista y battlista de nuestro partido”.

    “La ley de cuotas no busca que haya más mujeres en las listas, sino más mujeres electas. Si las fracciones arman las listas de este modo, repitiendo a mujeres en lugares salibles y poniendo a suplentes varones, es una estrategia deliberada para no aplicar la ley de cuotas”, dijo a Búsqueda la doctora en Ciencia Política Verónica Pérez, entrevistada tras las elecciones de octubre. Se cumple “solo en el aspecto formal pero no de forma sustantiva”, cuestionó.

    El trasiego hacia el gabinete

    Al igual que sus antecesores, Yamandú Orsi integrará su gabinete con varios dirigentes políticos que fueron electos para el Parlamento y que asumirán el sábado 15 antes de pedir licencia o renunciar.

    “El gabinete siempre se arma de ese modo”, dijo Chasquetti. “El discurso de Amézaga explica cómo hay que gobernar: hay que gobernar con el Parlamento, armar el gabinete mirando su integración”.

    El gabinete designado por Orsi refleja los equilibrios del Frente Amplio, en el que el Espacio 609, integrado por el Movimiento de Participación Popular y aliados, logró conformar una bancada histórica en el Parlamento, con nueve senadores y 36 diputados. Esta representación es la más grande desde la posdictadura.

    El senador más votado, Alejandro Sánchez, renunciará a su banca para asumir, a partir del 1° de marzo, como secretario de la Presidencia. El Espacio 609 “aportará” al Poder Ejecutivo a las senadoras Sandra Lazo (Defensa), Lucía Etcheverry (Transporte), Cristina Lustemberg (Salud Pública) y Alfredo Fratti (Ganadería). También dejarán la Cámara Alta Edgardo Ortuño (Ambiente) y Gonzalo Civila (Desarrollo Social). La diputada Cecilia Cairo (MPP) asumirá en Vivienda y el diputado José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) liderará la cartera de Educación.

    La integración del gabinete incluye a buena parte de los dirigentes que encabezaron las listas de sectores frenteamplistas, y también hay referentes como el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo.

    Ese criterio tiene semejanzas con la primera administración del Frente Amplio, encabezada por Tabaré Vázquez (2005-2010). En aquella ocasión, los líderes de los principales sectores, muchos además electos diputados y senadores, integraron el Poder Ejecutivo.

    Esa suerte corrieron los entonces senadores Danilo Astori (Economía), José Mujica (Ganadería), Reinaldo Gargano (Relaciones Exteriores), Héctor Lescano (Turismo), Marina Arismendi (Desarrollo Social) y Ernesto Agazzi (subsecretario de Ganadería). Los entonces diputados Eduardo Bonomi (Trabajo), Víctor Rossi (Transporte), José Bayardi (subsecretario de Defensa) y Martín Ponce de León (subsecretario de Industria).

    Cuando fue presidente, Mujica siguió un criterio distinto. El gabinete tuvo a los senadores Enrique Pintado (Transporte) y Eduardo Bonomi (Interior), y al diputado Luis Rosadilla (Defensa).

    Tampoco la segunda administración Vázquez (2015-2020) recurrió a muchos legisladores para liderar ministerios. Astori (Economía) y Bonomi (Interior) dejaron sus bancas en el Senado en 2015, mientras que Lustemberg (subsecretaria de Salud) y Pablo Ferreri (subsecretario de Economía) hicieron lo propio en Diputados.

    El gobierno de Luis Lacalle Pou, que a diferencia de los tres del Frente Amplio funcionaba con base en una coalición de partidos, fue el que más ministerios cedió a sus socios, según Chasquetti.

    La integración inicial del gabinete, que luego tendría muchas modificaciones, contaba con líderes de los socios del gobierno y también de los sectores del Partido Nacional. Además de ministros que respondían directo al mandatario, como Omar Paganini (Industria), Pablo Bartol (Desarrollo Social) y Azucena Arbeleche (Economía), estaban los senadores blancos Jorge Larrañaga (Interior) y Javier García (Defensa) y el colorado Ernesto Talvi (Relaciones Exteriores). También estaba la senadora por Cabildo Abierto, Irene Moreira. El único líder de los socios que no aceptó integrar el gabinete, pese al pedido del presidente, fue Guido Manini Ríos.

    “En Uruguay el gabinete es una herramienta que se usa estratégicamente para conformar mayorías en el Parlamento. La lógica constitucional establece que los ministros son responsables políticamente ante el Parlamento, que los puede censurar. Entonces, necesitás mayorías no solo para aprobar leyes, sino también para mantener a tus ministros”, añadió.

    Aunque la relación entre los socios de la coalición del actual gobierno tuvo varios momentos de tensión, el oficialismo completó el período unido y sin que esas discrepancias le costaran el cargo a algún ministro.

    La “frazada corta”

    “El presidente electo encabezará un gobierno de cuasi mayoría”, resumió Chasquetti en un artículo que publicó el 30 de diciembre en la web del Programa de Estudios Parlamentarios.

    Para el académico, el oficialismo debería tener en cuenta esa circunstancia a la hora del armado de los equipos y de las estrategias.

    “Para reforzar la bancada de senadores en el MPP están subiendo diputados que tienen cierta antigüedad. Eso es una frazada corta, suben diputados porque en el Senado están los líderes de la oposición, entonces tienen que dar un debate lo más digno posible, pero en la Cámara de Diputados se abre un flanco, porque ahí está el eslabón más débil del proceso de gobierno”, evaluó Chasquetti.

    En Diputados “pueden bloquear o quedar empantanados proyectos relevantes para el gobierno, pueden aparecer mociones contra los ministros que los debiliten políticamente, incluso censuras”, resumió.

    El trasiego de legisladores al Poder Ejecutivo y los movimientos de diputados al Senado fue conversado en la interna del MPP, dijeron a Búsqueda fuentes políticas. De hecho, el sector de Orsi resolvió que, si el Frente Amplio retiene la Intendencia de Montevideo, sus dirigentes no abandonen el Parlamento para asumir cargos en el ejecutivo departamental.

    Al analizar los antecedentes, Chasquetti concluyó que “el costo” de no tener mayoría en Diputados para el oficialismo va a verse reflejado en que “las políticas públicas se moverán hacia el centro”, para encontrar apoyos, y en que es probable que aumente el plazo que tomará a un proyecto superar con éxito el proceso legislativo.